| 3/30/2017 12:00:00 AM

La pelea por las regalías está encendida en Colombia

Billonarios recursos para ciencia y tecnología terminarán en asfalto y concreto. ¿Plata para innovación será ahora para una nueva versión del Plan 2.500? Debate.

El pasado 22 de marzo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó ante la Secretaría de Cámara un proyecto para modificar transitoriamente el artículo 361 la Constitución (Acto Legislativo). ¿El motivo? Asignar parte de los recursos acumulados de las regalías para financiar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. La iniciativa, que hace parte del conjunto de proyectos del fast track, a primera vista parece conveniente, pues logra destrabar una serie de recursos que se han venido acumulando en los últimos años y que no se han ejecutado, sobre todo los apropiados para ciencia, tecnología e innovación.

Sin embargo, la noticia tiene varias lecturas. Una de ellas es la molestia de algunos gobernadores, quienes consideran que el proyecto incentiva el centralismo y que esos recursos deberían ser ejecutados por las administraciones locales y no desde Bogotá. Uno de los mandatarios locales más activos en este asunto es el gobernador de Santander, Didier Tavera, quien además hoy preside la Federación Nacional de Departamentos. “Estamos pidiendo al Gobierno que reconsidere la situación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), pues no han sido exitosos”, dijo Tavera el pasado 25 de marzo a un grupo de periodistas de esa región.

Vale la pena recordar que los Ocad fueron creados para definir los proyectos y los montos a invertir con cargo a dineros de las regalías. Hasta el momento, los diferentes Ocad están integrados por tres miembros: un representante del gobierno central, uno de los gobernadores y uno de los alcaldes. Sin embargo, el Ocad de ciencia y tecnología no involucraba a los alcaldes, sino a un representante de las universidades.

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La reforma saca de la discusión de estos recursos a las entidades educativas y abre campo a un representante de los alcaldes.

No se trata de una pelea de poca monta. La idea de la Casa de Nariño es invertir cerca de $1,3 billones de aquí a agosto de 2018 en 3.000 kilómetros de vías municipales, todo con fondos asignados a las regiones, específicamente recursos del Fonpet y del polémico fondo para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

El Alto Consejero para las Regiones, Carlos Eduardo Correa, le explicó a Dinero que este tipo de fondos han venido acumulando recursos en los últimos años y que en este momento –de vacas flacas– lo mejor es empezar a invertirlos. Uno de esos fondos está en proceso de liquidación y cuenta con $50.000 millones. La idea del Gobierno es utilizar –de manera inmediata– ese dinero para el mejoramiento vial en 51 municipios. “Son inversiones para las zonas afectadas por el conflicto armado”, anticipó Correa.

La polémica ha quedado encendida por el destino de los recursos del fondo CTI, que fue creado en la Ley 1530 de 2012, y que también se nutre de los recursos de las regalías. Según información de Colciencias, se dejó de invertir entre 2012 y 2016 la nada despreciable cifra $1,5 billones. Así mismo, entre el presente año y 2018 se espera el recaudo de otros $1,2 billones, también destinados para ‘propósitos científicos’. El proyecto de Acto Legislativo busca que esos $2,7 billones sean invertidos en las regiones, pero en vías, vivienda y titulación de predios.

Si solo habláramos del programa de vías terciarias, la idea es recaudar $1,3 billones de la siguiente manera: $1 billón de los fondos de ciencia y tecnología, otros $250.000 millones del Fonpet y $50.000 millones del fondo que está en liquidación. El tira y afloje por estos recursos se verá en los próximos días en el Congreso.

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Lo bueno, lo malo y lo feo

Otra lectura que se hace de esta propuesta del Gobierno es que la intención parece buena: liberar millonarios ahorros para generar empleo, mejorar la conectividad de las regiones y jalonar la economía en municipios afectados por el conflicto armado. Sin embargo, no hay que olvidar los antecedentes de un programa similar lanzado por el gobierno de Álvaro Uribe, también en vísperas de elecciones. Se trata del Plan 2.500 el cual pretendía lo mismo. El resultado no fue el mejor.

En 2009, cuatro años después de su pomposo lanzamiento, se conoció un informe de la Procuraduría General que daba cuenta de muchos problemas: falta de previsión, mayores valores, plazos no cumplidos y multas no aplicadas de forma adecuada son solo algunas de las conclusiones del ente de control a los contratos del Plan.

Ahora el gobierno Santos habla de ejecutar su plan de vías regionales en poco menos de 18 meses, algo que parece improbable o al menos inconveniente, pues ni siquiera se sabe qué vías serán intervenidas y por lo tanto no se han hecho los estudios de diseño que se requieren. Un dato que alimenta esta tesis: en el Plan 2.500 de la ‘era Uribe’ se alcanzó a contratar el kilómetro de obra a $374 millones y terminó costando $1.402 millones, según el mismo informe de la Procuraduría.

La segunda lectura es que los gobiernos locales no han podido ejecutar los recursos de ciencia y tecnología. Si hay algo que le falta al país es mejorar sus procesos productivos a través de este tipo de inversiones. Según estadísticas de Colciencias, del total de $3,8 billones acumulados en el Fondo de Ciencia y Tecnología entre 2012 y 2016 para estos propósitos científicos, fueron aprobados $2,2 billones para 271 proyectos, quedando por ejecutar $1,5 billones, que son los que se quieren usar para otros propósitos.

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Según esta información, a departamentos como San Andrés se le han asignado recursos por $35.000 millones, pero no se ha aprobado un solo proyecto. Antioquia es el departamento con más recursos para ese periodo, con un total de $259.000 millones, de los cuales tiene asignados en proyectos $194.000 millones.

La idea no es gastar por gastar. En ese sentido hay que mencionar la advertencia que hizo la Contraloría General de la República hace pocos días y según la cual “una tercera parte del valor de la contratación (de estos fondos) la realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600.000 millones”. El contralor Edgardo Maya advirtió que se destinaron millonarios recursos de ciencia y tecnología para un asadero de pollos y un spa en el departamento del Cauca. Adicional a esto, la Contraloría advierte que hay una definición muy laxa de “proyecto regional” de la Ley que regula el sistema de regalías; y falta de voluntad política de los gobernadores para acordar la formulación de proyectos de verdadero impacto regional.

El Contralor también señaló que ‘ve con buenos ojos’ que ese dinero de ciencia y tecnología se destine a vías regionales, pero advirtiendo que los vicios de contratación pública se replican con especial énfasis en el sector transporte. Paradójicamente, fue el mismo Edgardo Maya, en su calidad de Procurador General, el que ordenó en su momento la investigación al Plan 2.500 de Uribe.

El Fondo de Ciencia y Tecnología acumula hoy recursos por $3,8 billones y en los próximos dos años se sumarán otros $1,2 billones. Son en total $5 billones que no pueden perderse por una disputa política o electoral. Mucho menos por la incapacidad de los mandatarios locales para sacar adelante proyectos de innovación productivos. Se trata de un monto más que representativo, pues supera en un billón el recaudo anual que dejará el incremento del IVA de 16% a 19%. ¡Es casi una reforma tributaria! .

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‘El costo del aprendizaje’

Ante los problemas para focalizar y hacer rentables los recursos invertidos en ciencia y tecnología, Colciencias reconoció algunas fallas y anunció una reforma legal al modo en que se asignan esos dineros.

“Somos conscientes de que la creación de un arreglo institucional y nuevos mecanismos para priorizar, formular, presentar, aprobar, ejecutar y evaluar los proyectos del Fondo CTI mediante la ley 1530, ha tenido costos de aprendizaje y dificultades que han derivado en el represamiento de recursos y otros problemas señalados por las entidades de control. En este sentido, tal y como lo expresó el presidente Santos en su declaración de esta semana, se nos presenta una oportunidad de corregir estos problemas y, basados en la experiencia de estos 4 años, llevar al Congreso una propuesta de modificación de dicha ley, en lo referente a los mecanismos de operación del Fondo CTI con el propósito de evitar que esta lamentable situación vuelva a ocurrir en el futuro”, es parte de una respuesta enviada por esa entidad a Dinero.

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