| 9/19/2013 4:00:00 PM

¡Qué decepción!

Aunque hay 125 iniciativas privadas planteadas, las Asociaciones Público-Privadas (APP) no despegan. Muchos creen que están condenadas al fracaso.

A pesar de que la ley de Asociaciones Público Privadas (APP) se expidió hace más de un año y medio, hoy no hay ningún proyecto en construcción bajo este mecanismo.

Este hecho abre un profundo debate: mientras para algunos es la muestra de que la ley de APP no era la panacea que el Gobierno había anticipado para superar el atraso de la infraestructura en el país y la falta de proyectos bien estructurados; otros consideran que precisamente contar con proyectos bien concebidos en lo técnico, legal y financiero lleva un tiempo y creen que es muy prematuro hacer un balance del nuevo modelo.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), durante este periodo no solo se avanzó en la reglamentación de la norma sino que ya están listas las primeras APP de iniciativa pública.

“Cuatro concesiones de cuarta generación que saldrán a licitación el próximo mes y la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, proyectos que significarán inversiones privadas por cerca de $50 billones, son algunos de las primeros proyectos concebidos bajo estas nuevas reglas, donde no se harán anticipos y solo se pagará cuando la obra esté terminada”, afirma Julián Márquez, coordinador del Grupo de Participación Privada del DNP.

Sin embargo, lo cierto es que, por ahora, estos son anuncios y ninguna APP de iniciativa privada –aquellas que no requieren más de 20% de recursos públicos– o de iniciativa pública ha dado su primer palazo.

Dentro de las razones estaría la falta de capacidad del mismo Estado y de las entidades territoriales para revisar y evaluar las iniciativas planteadas por los privados, lo cual significa que, sin duda, hay que reforzar la capacidad de estructuración en todos los niveles del sector público. Más aun considerando que son proyectos mucho más complejos en la estructuración financiera.

Pero también tendrá que mejorar en los mismos privados que no estaban preparados para proyectos de tipo social como hospitales, colegios, cárceles, manejo de residuos, entre otros, que son aquellos en los que la ley pretende involucrar al sector privado.

“Los privados nunca han estudiado proyectos de tipo social pues están acostumbrados a obras públicas y transporte. Ahora no solo deben pensar en la construcción sino en la operación, se está pasando de un concepto donde el privado pasa de ser un contratista a un socio de largo plazo”, afirma Oscar Tapias, de Marval, entidad que bajo el modelo de APP construye cárceles en el exterior, como en Uruguay. Esto hace que se requieran consorcios con visión de largo plazo y gran capacidad financiera que están en plena formación.

Para superarlo, el DNP está estructurando directamente algunos proyectos como la nueva sede de la Superintendencia de Notariado y Registro, que tendrá una inversión por US$100 millones, o la de la Fiscalía en Cali, que requerirá US$75 millones, o 12 centros integrales del ICBF para la atención de la primera infancia en cuatro ciudades, cuyos procesos licitatorios se harán antes de finalizar el año. Además, está apoyando un proyecto de la CAF y el Ministerio de Justicia para la construcción de 5 cárceles para atender alrededor de 25.000 internos –la primera sería en Popayán–, así como la renovación del CAN, en Bogotá.

“Son proyectos piloto para mostrar que, como ha sucedido en el resto del mundo, es posible construir mediante APP este tipo de infraestructura pública y buscar que se vuelva replicable por entes territoriales”, afirma Márquez. “Pero toda la contratación es responsabilidad de las entidades”, recuerda.

Además, realizan capacitaciones a entidades de orden territorial buscando que estas conformen sus grupos de APP, han generado guías de apoyo y están próximos a reglamentar los niveles de servicio y disponibilidad para diferentes sectores.

“Un año en realidad es un corto tiempo. Hay que establecer vínculos de confianza entre el Estado y el sector privado pues venimos de experiencias relativamente negativas y muchos conflictos. Se necesitan mecanismos de solución y distribuir los riesgos donde quede más fácil manejarlos”, afirma Tapias.

Además, es claro que los problemas estructurales del sector, como licencias ambientales, predios y manejo de comunidades siguen siendo una traba para los privados.

Las iniciativas privadas

Hasta el momento hay 125 proyectos APP de iniciativa privada registrados en el Registro Único de APP (RUAPP) que administra el DNP. Alrededor de una tercera parte se le han presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía Mayor de Bogotá ha recibido 28 (22%) y la Gobernación de Cundinamarca 12 (10%). Otras entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Departamento Administrativo de Valorización Distrital (Cartagena) y Transmilenio han recibido seis iniciativas cada una.

Un poco más de la mitad (alrededor de 65) de las APP sería para la construcción y operación de vías, dentro de las cuales algunas de las más importantes y adelantadas serían: La Malla Vial del Meta, que incluye un anillo Vial para Villavicencio y accesos a la ciudad; una nueva calzada para la vía Ibagué-Cajamarca y la conexión terrestre entre los departamentos del Cesar y La Guajira.

Además, hay planteadas autopistas urbanas como algunos tramos de la Avenida Longitudinal de Occidente (calle 13 y Sur), ampliación y mejoramiento de la Autopista Norte, Calle 80 y otros proyectos nacionales como el segundo Túnel de la Línea y la vía Bucaramanga – Ruta del Sol.

Habría otros 12 proyectos de concesiones férreas dentro de los que estarían el Ferrocarril Bogotá (La Caro) a Belencito y la reactivación del transporte ferroviario a Santa Marta. Otros proyectos férreos planteados son el Transandino (Buenaventura–Puerto Gaitán), el Tren del Carare, la rehabilitación del sistema ferroviario central y el interoceánico del Darién.

También hay diez proyectos de transporte urbano dentro de los que estarían los trenes en Bogotá a Facatativá, Soacha, Zipaquirá y Belencito. También está planteado el Metro ligero y reemplazar por buses eléctricos la fase 1 y 2 de Transmilenio. En otras ciudades está un sistema de transporte público complementario al Transmetro en Barranquilla.

Otro proyecto que se ha planteado en las ciudades es la construcción de parqueaderos públicos. En Bogotá se habla de hacerlos en la Plaza de Lourdes, el Norte de la ciudad y en la calle 100 con 19 (Dadep). Pero también hay planteados proyectos en el parque las Palmas en Bucaramanga y en la Plaza la Libertad de Piedecuesta. En las ciudades también hay proyectos de control vial (5), servicios públicos (8) y renovación urbana (7). En Bogotá está planteado un nuevo centro administrativo distrital, un complejo social y deportivo en El Campín y una universidad en Ciudad Bolívar.

Por último, hay muchos pequeños proyectos de orden departamental y municipal pero que tienen gran impacto en ciudades intermedias en materia de saneamiento, edificaciones públicas, aguas residuales, espacios públicos y medio ambiente. Así como unos proyectos logísticos cerca de los aeropuertos de Bogotá y Cartagena.

Es claro que hay muchas ideas por parte de los privados pero que tardarán un buen tiempo en concretarse y ser una realidad. De todos estos proyectos, alrededor de 70% estaría en etapa de estudio de pre-factibilidad y tan solo 14% estarían ya en factibilidad. 16%, que corresponde a 21 iniciativas, ha sido rechazada.

No obstante, según el DNP, las APP no están estancadas y habrá una ola de adjudicaciones en los próximos meses que va a sorprender al país. “El tiempo que se gasta un proyecto en una buena estructuración se lo ahorra con creces en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. El proceso más detallado de estructuración casi que garantiza que la obra se haga bien. Y en la medida en que las primeras iniciativas sean exitosas, otras se van a comenzar a dar más rápido”, afirma Márquez. Estamos ante un importante cambio de mentalidad de la infraestructura en Colombia donde se busca acabar con los anticipos, las ampliaciones y los sobrecostos pero hay que acelerar el paso pues, por ahora, APP parece el acrónimo de A Paso Parsimonioso.
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