| 4/3/2014 10:00:00 AM

Cruzada antisoborno

Colombia presenta las primeras demandas contra multinacionales por soborno internacional. Tres empresas en entredicho.

Si el país quiere llevar a buen puerto su proyecto de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) deberá demostrar que no transige con el soborno internacional y que está dispuesto a denunciar a todas aquellas multinacionales que apelen a esa fórmula para conseguir favores de funcionarios públicos.

No se trata de un capricho de la comunidad internacional ni de ninguna suerte de medida discriminatoria contra el país. La exigencia está contenida en los instrumentos reglamentarios que debe hacer cumplir el Grupo contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que hace parte de la estructura del organismo internacional con sede en París.

El Grupo verifica la aplicación de su norma a través de un sistema de “evaluación de pares” en el que Colombia será fiscalizada y tendrá, a su vez, el papel de fiscalizador. El par seleccionado para el país es Brasil.

Cuestión de transparencia

El Gobierno ya puso en marcha un proceso que busca que Colombia le demuestre al mundo que tiene un compromiso serio en la lucha contra la corrupción y que no está dispuesta a permitir el pago de sobornos a sus funcionarios por parte de agentes internacionales, por poderosos que sean. En el cumplimiento de la misión jugará un papel estelar la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, despacho que está a cargo del consejero presidencial Rafael Merchán.

Merchán y su equipo ya están impulsando algunas demandas internacionales. La primera de ellas fue radicada en Estados Unidos contra funcionarios de PetroTiger, una compañía que recientemente se vio envuelta en un escándalo de proporciones, cuando ejecutivos entregaron dádivas a un empleado de la petrolera Ecopetrol para hacerse a un contrato por US$40 millones.

El país acudió también a la justicia alemana para que procese, de ser del caso, a funcionarios de la firma Ferrostaal que habrían sacado provecho indebido de un contrato para la construcción de un buque de la Armada Nacional.

También fue llevada a instancias internacionales una denuncia originada en octubre de 2012 por la entonces concejal de Bogotá y hoy representante electa Angélica Lozano contra la canadiense Alstom, interesada en el proyecto de construcción del metro para la ciudad. Según la cabildante, un emisario chileno que trabajaba para la multinacional la buscó para ofrecerle una parte para su campaña si se pronunciaba públicamente a favor de la propuesta de un tren ligero que proponía Alstom.

¿Y el caso Eike?

Es posible que la lista de denuncias no termine ahí. Expertos que siguen de cerca el proceso de ingreso de Colombia a la Ocde, que transita por un camino largo y sinuoso, se preguntan si el Estado colombiano procederá también contra la organización del magnate brasilero Eike Batista.

Según denuncias aparecidas inicialmente en la prensa brasilera, replicadas luego por influyentes columnistas como María Jimena Duzán, funcionarios del grupo Batista costearon viajes de diversión en Rio de Janeiro a alcaldes y diputados de La Guajira a cambio de agilizar los procesos de licenciamiento en la zona de influencia de la minera CCX. Entre los denunciados podría haber algunos funcionarios colombianos.

El proceso es una suerte de “prueba ácida” que el país parece estar afrontando con decisión y con buena cara. Los pares evaluadores de Colombia ya tienen a mano tres casos fuertes para iniciar su evaluación.

Los casos emblemáticos

Esta es una semblanza de aquellos casos en los que ya hay evidencias y posibles procesados.

El caso del soborno pagado por agentes de PetroTiger en Colombia fue denunciado por Ecopetrol, que se declaró víctima a través de su subcontratista Mansarovar Energy, y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Uno de los principales involucrados es Mauricio Vesga Niño, quien habría actuado bajo la égida de los hoy exdirectivos de la multinacional estadounidense Joseph Sigelman y Knut Hammarskjold y del abogado Gregory Wisman.

En el caso del presunto soborno de Ferrostaal a funcionarios de la Armada hay varias versiones no suficientemente aclaradas. El propio presidente Juan Manuel Santos ha dicho que es posible incluso que los sobornos no hayan sido pagados efectivamente, aunque sí reportados a su matriz por funcionarios alemanes que se habrían quedado con el dinero.

El intento de soborno denunciado por la dirigente Angélica Lozano, cuando encabezaba una veeduría que fiscalizaba la marcha del proyecto para la construcción del metro, será analizado en el escenario de una cooperación judicial con Canadá, cuyas autoridades jurisdiccionales ya conocen los pormenores del caso.

Hasta donde se ha podido establecer en el caso de CCX, todavía no hay acciones formales, si bien la Contraloría y una fiscalía especial de Brasil preparan requerimientos de información para las autoridades colombianas.

Por ahora los esfuerzos están en cabeza del Gobierno. Quizá más adelante los organismos de control se animen a colaborar y entreguen insumos para fortalecer las denuncias.
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