| 8/22/2014 2:00:00 PM

De la mano de Dios

Las demandas judiciales contra los departamentos se están convirtiendo en un verdadero desafío para las finanzas públicas. La mitad de estos, bajo amenaza.

Si los jueces que conocen de las demandas contra el departamento las fallaran en contra, Atlántico tendría que desembolsar más de $2,5 billones y quedaría expuesto a convertirse en una entidad territorial inviable fiscalmente. La suerte de Putumayo correría similares visos apocalípticos, pues las solas pretensiones laborales en su contra, representadas en reconocimientos pensionales, superan en monto 50% de sus gastos de funcionamiento.

Valle del Cauca, que hasta abril de 2013 –cuando la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda recibió el último reporte oficial– se encontraba en un limbo informativo por causa del desorden contable, veía crecer la cascada de demandas judiciales hasta poco días antes de firmar, a instancias de la Superintendencia de Sociedades, un acuerdo para la reestructuración de pasivos.

En el caso de Magdalena, con 732 procesos a cuestas por $83.434 millones, la firma de un acuerdo de pasivos no parece haberle servido de protección ante una catarata de procesos ejecutivos en su contra. Y las acciones judiciales de ese tipo siguen proliferando, pese a que la ley prohíbe interponerlas frente a aquellos departamentos que se hayan acogido a procesos de reestructuración.

Los anteriores son solo brochazos de una realidad en la que está en riesgo la estabilidad financiera de más de la mitad de los departamentos del país, de acuerdo con el estudio conjunto que preparan anualmente el Ministerio, la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y otros organismos que periódicamente le toman el pulso a la descentralización administrativa.

Los informes sobre los pasivos por demandas judiciales coinciden en que la mayoría de los departamentos no dispone todavía de fondos de contingencias para cubrirse ante los riesgos. Algunos, guiados por las recomendaciones del gobierno nacional y del Ministerio Público, apenas comienzan a incorporar dentro de sus marcos fiscales los cálculos de mediano plazo sobre los impactos que eventuales fallos adversos tendrían sobre la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. También sobre la atención del servicio de la deuda o sobre la reestructuración de los pasivos, para aquellos que se han visto abocados a hacerla.

A la cruzada por reordenar las finanzas regionales se suma ahora una intensa campaña de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cuya misión en este caso es fortalecer la capacidad de reacción de los departamentos ante las demandas que presentan, en 19 de los 32 departamentos, alto riesgo de sentencias en contra.

Los mensajes deben calar hondo en Arauca, Bolívar y Chocó, por ejemplo, donde la ausencia de información y la escasa confiabilidad de la que existe les impidió a las administraciones entregar, en diciembre de 2012, la información requerida por el Ministerio de Hacienda y por la Contaduría General de la Nación sobre contingencias judiciales.

En el caso específico de Chocó, la falta de información tiene que ver con una ostensible incapacidad técnica para reunirla y contrasta con la actitud de funcionarios que están prestos a expedir certificaciones sobre obligaciones laborales, por ejemplo, sin que previamente se hayan verificado su existencia y exigibilidad.

“Contrastes de ese tipo son los que permiten la creación de carteles de las demandas que se aprovechan de la fragilidad y vulnerabilidad de esos departamentos”, advierte Carlos Mesa, procurador delegado para las Entidades Territoriales.

Lo confirma un mapa de riesgos preparado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. No en vano se encuentra allí que Vichada enfrenta el riesgo de que 80% de los 38 procesos que cursan en su contra sean fallados de manera adversa a los intereses de la administración. Algunos de ellos se relacionan con acciones de reparación directa por el incumplimiento en el pago de los premios de la lotería La Nueve Millonaria que, según autoridades judiciales y administración, fue deliberado para que se activara el taxímetro de las demandas.

HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS...

Pero no son solo los departamentos con menor capacidad financiera o aquellos que todavía arrastran con pesados fardos de la desorganización que rigió a los antiguos Territorios Nacionales, los únicos amenazados con riesgos y contingencias. Antioquia, que siempre aparece en los primeros puestos en cuando a capacidad de gerencia pública, afrontaba hasta diciembre de 2012 (el más reciente dato oficial) 2.138 procesos, 207 más que en 2011. Las pretensiones en su contra superaban los $5,5 billones.

El equipo jurídico del departamento atendía una avalancha de procesos representados porcentualmente así: 54% en acciones de reparación directa, 26% de acciones contractuales, de nulidad y restablecimiento del derecho y el resto de procesos civiles y laborales ordinarios.

Cundinamarca estaba en vilo por 2.309 procesos por cuantía superior a $500.000 millones, lo mismo que Santander, con 1.204 causas pendientes.

La percepción que los demandantes tienen de Meta como un departamento rico por obra de las regalías, es considerado como uno de los factores de mayor peso a la hora de tasar sus pretensiones. En contra de esta entidad territorial son tramitados actualmente 682 procesos que suman más de $355.000 millones.

Tolima es una de las pocas excepciones honrosas. La gestión para enfrentarlas hace que 99% de las 1.385 acciones judiciales estén calificadas como de riesgo bajo o medio.

Con todo, las previsiones tomadas hasta ahora no son suficientes y la atención de las contingencias amerita una reestructuración que no puede esperar más. La lentitud en los procesos de la justicia colombiana no puede seguir sirviendo de excusa para que las Entidades Territoriales le sigan dando largas al asunto.

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