| 10/14/2015 7:00:00 PM

¿El Gobierno le hace el quite al debate tributario?

En medio del proceso electoral regional, de las negociaciones de paz en La Habana con las Farc, de las complicaciones fronterizas y el entorno internacional enrarecido, aún no se ve la decisión del Gobierno de iniciar el debate tributario en el Congreso.

Aunque los últimos resultados del recaudo tributario son favorables, pues en septiembre de 2015 aumentó 12,4% respecto al mismo mes de 2014 y en los primeros nueve meses de este año creció 7,9% frente al mismo periodo de 2014, al pasar de $91,7 billones a $98,9 billones, el panorama fiscal no es tan claro.

Para el año entrante, el déficit fiscal del país, que inicialmente se estimaba en $9,6 billones, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, llegaría a $19,1 billones. El escenario de recursos para el Gobierno es cada vez más complejo: el precio del petróleo aún no muestra signos de recuperación y las exportaciones están en una profunda caída.

En el primer informe de la Misión de Expertos que está analizando los aspectos fundamentales de una reforma tributaria se señalaba que para ajustarse a la regla fiscal de aquí a 2018 había que incrementar recaudo del orden de 1,5% del PIB. “Si no se hiciera nada, el ajuste requerido para 2020 sería de más de 3% del PIB”, le dijo un experto tributario a Dinero.

En ese complejo escenario, se esperaría que una reforma tributaria, en la que viene trabajando la Misión, fuera presentada este año para empezar a hacer los ajustes de lo que se llama la reforma estructural, y contar con recursos para el año entrante.

Sin embargo, en medio del proceso electoral regional, de las negociaciones de paz en La Habana con las Farc, de las complicaciones fronterizas con Venezuela y Ecuador y el entorno internacional enrarecido, aún no se ve la decisión del Gobierno de iniciar este debate en el Congreso.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha insistido en su compromiso con la reforma estructural, los tiempos no son claros. “Existen aparentes indicios de que el Gobierno estaría contemplando no impulsar un proyecto de reforma tributaria hasta que se aclare el panorama político en temas de paz y se despeje el horizonte turbulento de la crisis económica regional y global. Esa actitud pasiva del Ejecutivo es comprensible. Con los altos niveles de incertidumbre que rodean la cuestión, el instinto natural es rezar tres avemarías y sentarse a esperar, pero ese no es el camino más eficaz”, advirtió en una reciente columna el exministro Gabriel Silva.

De hecho, para varios analistas el proceso de paz puede ser el escenario perfecto para empezar la discusión de una reforma tributaria, especialmente para el Congreso, sin tener solo la presión de la coyuntura de corto plazo, sino la visión completa de un país en posconflicto.

Sin embargo, la situación se puede convertir en dramática de cara al año entrante cuando, además de tener un presupuesto con grandes inflexibilidades, se necesitan recursos para tapar el hueco y los impuestos tienen tiempos para su entrada en vigencia. “El tema del timing no es nada fácil y ciertamente tiene implicaciones preocupantes”, dice un analista.

Según el exdirector de Impuestos Nacionales, Horacio Ayala, los impuestos de periodo –es decir, los anuales, como el de renta– entran en vigor al año siguiente en el que fueron expedidas las normas. “Entre más se demoren, más tarde van a entrar en vigor”, explica Ayala.

Con el IVA sucede algo distinto, ya que se trata de un impuesto instantáneo. “Para el mes siguiente en el cual se expide la norma ya empieza a regir. Esa es la diferencia entre la vigencia de los dos impuestos”, dice Ayala. 

Para el Gobierno, la reforma estructural en materia tributaria pasa hoy por un punto de quiebre, pues no se trata solo de acomodar las propuestas de la Misión a las necesidades coyunturales, sino también de atender el movido panorama político. Un pulso que está por definirse.

Los frentes

¿Cuáles son los ejes de discusión de la Misión Tributaria?

Mientras se evalúan los tiempos para presentar la reforma tributaria, la Misión de Expertos sigue con su trabajo analizando distintos frentes para aumentar los recaudos. La agenda contempla los siguientes aspectos: las Entidades sin ánimo de lucro (Esal), IVA, dividendos y patrimonio para personas naturales y también para las jurídicas que generan inequidades con las empresas que terminaron pagando la pasada reforma.

En el caso de las Esal, la propuesta incluye una tarifa única de 20% sobre el excedente fiscal (renta líquida gravable) y limita los pagos a fundadores y administradores de estas entidades. En el país hay 71.662 Esal, de las cuales 54.933 pertenecen al régimen tributario especial, entre cooperativas, fundaciones, corporaciones y fondos de empleados; y las 16.729 restantes no son contribuyentes (religiosas, salud, educación, entre otras).

Para Ayala, lo importante es que el Gobierno y el Congreso determinen cuáles entidades cumplen fines sociales y sirven de apoyo al Estado, y cuáles están disfrazadas. “Es una labor difícil. Es un problema más de vigilancia y una tarea que va a tomar más tiempo, pues tendrán que hacer un censo e irlas decantando para ver cuáles cumplen y cuáles no”, advierte el exdirector de Impuestos.

El otro frente es el IVA. Según datos de la Dian, para 2013, bajo el actual modelo, el recaudo potencial era de $48,6 billones y el recaudo bruto fue de $38,6; es decir, una tasa de evasión de más de 20%. La idea en la Misión es abordar el tema de los exentos –cuya tasa es cero, pero tienen derecho a las devoluciones de los IVA pagados, generando un costo para el Gobierno– y los excluidos –que no tienen derecho a las devoluciones–, para depurarlo e incluir productos que lo paguen.

 Una de las propuestas es que los exentos pasen a una determinada tasa que sea neutra para el Gobierno. Además, tratar de eliminar inequidades en el pago de este impuesto, por ejemplo en el tema de concreto y asfalto, pues este último no paga IVA, mientras que el primero sí; depurar el régimen simplificado; darle mayores instrumentos y modernizar la Dian para que desarrolle mecanismos como la factura electrónica y ampliar la base. 

Si se sube un punto del IVA dejando lo que existe, solo recaudaría $2 billones adicionales. Si sube dos puntos del IVA, $4 billones, para llegar a 18%. Pero si empieza a sacar los excluidos y gravarlos, y meter los langostinos y gimnasios, y le pone IVA a lo que debe, pero no a todo, haciendo bien la tarea puede lograr unos $12 billones adicionales”, dice un experto cercano a las propuestas de la Misión.

Más allá de la discusión técnica, está la política. “Yo creo que el Gobierno se está guardando esa carta para el posconflicto. El Gobierno sabe que el IVA es uno de los mecanismos más efectivos y rápidos para recaudar recursos. Sin embargo, no lo ha tocado. A pesar de las necesidades, prefirieron subir renta y patrimonio. Esta es una herramienta útil, fácil y rápida para recaudar nuevos recursos”, explica Ayala.

Dividendos es otro de los aspectos que se analizan al interior de la Misión, pero este tributo no quedaría en cabeza de las empresas, sino en las personas naturales dueñas de las empresas. Allí se podrá dar un debate interesante alrededor de la doble tributación y de las cascadas de impuestos.

Finalmente, la tributación de las empresas es un tema que se aborda nuevamente. El problema básico es que hay una cantidad de exenciones e inequidades que paradójicamente han terminado por hacer que la tarifa general de las empresas sea absurdamente alta. Y eso compensa la cantidad de empresas que no pagan o pagan muy poco. Organizar eso y dejarlo lo más transparente posible es la idea de la Misión para entregarle al Gobierno. “Eliminar inequidades y buscar una tarifa más baja, es un reto grande” advierte una fuente de la Misión. Todavía no hay consenso sobre cómo abordar el impuesto al patrimonio para personas naturales. 

La discusión sigue abierta.
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