| 8/3/2016 12:00:00 AM

¿Y en realidad es necesario el SOAT?

Ante la polémica desatada en medios por cuenta de las mafias que se amparan en grietas del Soat para cometer fraude y otros delitos, más de uno empieza a preguntarse si es necesario este seguro.

En las últimas semanas varios medios de comunicación le han contado al país cómo operan algunas clínicas y hospitales, en contubernio con paramédicos y conductores de ambulancias, para explotar comercialmente cada accidente de tránsito. Las imágenes, testimonios y entrevistas han sido reveladores y evidencian una fractura profunda en la forma como se maneja y cobra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Esta póliza, cuyos orígenes se remontan a la década de los 20 en los países escandinavos, se empezó a implementar en el país a finales de la década de los 80, para luego convertirse en obligatorio con la Ley 769 de 2002. La norma fue sancionada el 6 de agosto pocas horas antes de que Andrés Pastrana le entregara las llaves de la Casa de Nariño a Álvaro Uribe Vélez. El propósito del Soat era garantizar la prestación del servicio de salud, tanto a conductores, pasajeros y peatones, en caso de un accidente de tránsito. Todos los conductores debían comprar esta póliza cada año, o de lo contrario podrían ser objeto de sanción económica, e incluso de terminar con el vehículo o moto en los patios.

Hecha la Ley hecha la trampa.

Una vez se empezó a comercializar el seguro, se empezaron a detectar fisuras en el sistema.

Primero fue la evasión, pues millones de propietarios de vehículos se resistían a comprar la póliza; luego, cuando las autoridades arreciaron el control, algunas personas empezaron a falsificar o comprar pólizas falsas para ‘cumplir’ con el trámite. Se calcula que en la actualidad unos 2 millones de vehículos no cuentan con esta póliza.

El segundo fenómeno que se produjo hacia la última década y terminó por minar la estructura financiera del seguro fue una explosión impensada en la circulación de motos que, sumada a la falta de capacitación y cultura, trajo consigo un desborde en el número accidentes. Más de 80% de los accidentes que se presentan hoy en el país involucran una moto.

Lea también: Alta accidentalidad de motos tiene en jaque el futuro del Soat

A toda esta problemática, ampliamente estudiada y documentada, se suma lo que varios medios han contado en los últimos días y que está relacionado con fraudes, paseos de la muerte y otras irregularidades que son investigadas tanto por la Superintendencia de Salud como por la Fiscalía General.

Allí se cuentan algunos paramédicos que reciben dinero de varias IPS para que lleven a los accidentados hasta sus sedes, sin importar si eso significa atravesar una ciudad y poner en peligro la vida de los pacientes. También se cuenta el personal médico que ‘infla’ a propósito los tratamientos, procedimientos o medicinas con tal de cobrar más dinero a las aseguradoras.

Aquí vale la pena precisar que por Ley una aseguradora (diferente a EPS) no tiene derecho hoy a controvertir el valor que la IPS factura. Adicionalmente, los pagos por concepto de Soat deben ser cancelados dentro de los 30 días del accidente a las clínicas y hospitales, frente a los 6 meses o más que tarda una EPS en hacer un desembolso en un servicio tradicional no Soat.

También es necesario no generalizar. De las cerca de 10.000 clínicas y hospitales que hay en el país, son objeto de investigación unas 54 y solo algunas de ellas serían las que se prestan para los ilícitos o irregularidades descubiertas. En ese sentido, un reporte preliminar de la Supersalud indica que 35% de las IPS investigadas tienen sede en Barranquilla, 11% en Montería, 6% en Buga, 5% en Fundación, 4% en Santa Marta y otro 4% en Cali. La entidad tiene muy avanzadas algunas investigaciones y se apresta a notificar a los representantes de estas entidades para proceder a la sanción que puede llegar hasta los $2.500 millones. Uno de los asuntos más paradójicos es que la actual legislación no le permite a la Supersalud cerrar un hospital o clínica. Esa responsabilidad les corresponde a los municipios o departamentos.

La Fiscalía también tiene muy avanzadas varias investigaciones y se esperan resultados concretos en cuestión de días. Se habla en algunos casos de lavado de activos.

¿Qué hacer?

Para gremios como Fasecolda, es necesario eliminar las distorsiones que incentivan este tipo de comportamientos ilegales. Al interior de esta organización se propone autorizar a las compañías de seguros para realizar revisorías especiales y periódicas en algunas clínicas y hospitales. Esto con el propósito de verificar que se estén prestando los servicios registrados y cobrando lo habitual en el sistema. Frente a esto, funcionarios del Gobierno proponen que dichas auditorías se hagan con previo aviso y a las IPS que no están acreditadas en calidad. Ahí van las negociaciones.

Otros protagonistas dentro de esta polémica plantean –incluso– la eliminación de la póliza. “El Soat fue creado antes de la Ley 100, cuando el aseguramiento en salud no era universal y había muchas personas que no contaban con este; ahora, cuando la cobertura supera el 97%, valdría la pena preguntarse si ese seguro se requiere”, dice el superintendente de Salud, Norman Muñoz.

La propuesta se refuerza teniendo en cuenta que lo que paga hoy el conductor de vehículo o moto iría a la Unidad de Pago por Capitación, que es lo que reciben las EPS por cada afiliado al sistema de salud. En teoría, todos los pacientes –por accidentes de tránsito o no– deben ser atendidos en la red hospitalaria del país. Habría que incluir el cubrimiento en caso de muerte o indemnizaciones por incapacidad. El año pasado las aseguradoras pagaron $1,1 billones por accidentes tipo Soat.

Es apenas una propuesta que debe ser evaluada. Si se decide continuar con el Soat actual, se requieren profundos cambios en su estructura financiera para evitar los fraudes, paseos de la muerte y demás irregularidades detectadas.

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