| 8/5/2015 7:00:00 PM

¿Cómo el cambio de sexo podría afectar el sistema pensional y asegurador?

Ahora es posible cambiar de sexo solo mediante un trámite notarial. En materia pensional y de seguros, todavía quedan muchos interrogantes por resolver.

El pasado 17 de julio, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, logró a través de un trámite cambiar el sexo que tenía registrado ante el Estado. Si bien Baptiste ya se había ganado su espacio en la sociedad, solo hasta hace dos meses un decreto confirmó administrativamente lo que ya era una realidad hace mucho tiempo. Y todo gracias a un proceso notarial.

Nadie discute que esto representa un avance hacia una sociedad más incluyente. Sin embargo, el ejercicio de derechos de Baptiste abre interrogantes sobre el impacto de este tipo de decisiones en el sistema pensional y de seguros colombiano.

El asunto es que han sido definidas reglas de juego especiales, tanto para hombres como para mujeres, las cuales permiten nivelar diferencias o considerar niveles de riesgo entre estos sexos.

Como es sabido, en junio se expidió un Decreto que permite corregir el componente de sexo en el registro civil (masculino o femenino); es decir, ser reconocido ante el Estado de un sexo diferente al registrado al momento de nacer.

Los requisitos para hacer esta modificación son las copias de la cédula y el registro civil de nacimiento, y una declaración que indique la voluntad de realizar este cambio. Tal como lo afirmó Baptiste en su cuenta de Twitter: “la Ley reconoce el ejercicio de la voluntad, el más humano”.

No es necesario realizar intervención quirúrgica o tomar medicamento alguno, dado que como lo reconoce la Corte Constitucional, el sexo hace parte de una construcción sociocultural, no es algo objetivo ni biológico. Sobre este tema no hay discusión.

María Isabel Posada, exdirectora de seguridad social de Fasecolda, advirtió que el cambio normativo deja vacíos que se deberían responder de forma jurisprudencial, doctrinal o legislativamente.

La gran inquietud, en palabras de la experta, es si “realizar este cambio generaría olvido biológico”. Según Posada, este ítem abre cuestiones como: ¿A qué edad se debería pensionar? ¿Qué tabla de mortalidad se le aplica para el cálculo de una renta vitalicia? ¿Cuál sería la política para administrar un dato personal tan íntimo como este cambio? O, ¿Tendría acceso a programas de asistencia social dirigidos a su nuevo sexo?

¿Esguinces a la regla?


Son varios los incentivos que quedan abiertos para torcer la regla en la seguridad social. La más obvia sería la posibilidad que tendría una persona del sexo masculino que decida ser de sexo femenino, afiliado a Colpensiones y con al menos 1.300 semanas cotizadas: podría recibir su mesada pensional desde los 57 años y no a los 62.

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En el caso de Baptiste hay claridad sobre sus convicciones respecto a su condición. Sin embargo, en otros casos, ¿quién garantiza que no habrá una ola de peticiones ante las autoridades solicitando cambio “nominal” de sexo y acceder por esta vía a cinco años adicionales de pensión?

Desde el punto de vista de una AFP, la lógica sería diferente. En este régimen sería más conveniente que la renta vitalicia, expedida por una aseguradora, fuera calculada como del sexo masculino. La razón es simple: bajo esta modalidad se contempla la expectativa de vida y, en general, las mujeres viven más años; es decir, disfrutarían por más tiempo de dicha mesada.

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Un ejercicio académico realizado por Ángela Correa, gerente de rentas vitalicias y previsionales de Suramericana, reveló que es más costosa una renta vitalicia de salario mínimo para una mujer de 62 años que para un hombre de la misma edad. Este es un incentivo para que una mujer decida cambiar su registro civil a “hombre”.

No obstante, la oportunidad de obtener beneficios económicos no solo estaría al momento de la pensión, analizando en detalle el mundo de los seguros habría otras posibilidades.

Armando Zarruk, experto en seguros y profesor de la maestría en actuaría de la Universidad Nacional, señala que cuando se definen tarifas en seguros, además de contemplar los antecedentes de una persona y el entorno en el que se encuentra, también se considera el sexo como una variable determinante al momento de calcular el valor de una prima.

El académico explica, por ejemplo, que el precio del seguro de un auto para un hombre y una mujer con características similares (edad, ciudad, estado civil y tipo de vehículo), en general debería ser un poco más costoso para un hombre, porque pese a que tiene una menor frecuencia de accidentes, cuando se choca la severidad es mayor.

Asimismo, indica Zarruk, en los productos de seguros de salud o en los que se debe utilizar una tabla de mortalidad como, por ejemplo, los seguros de vida o de rentas vitalicias, esta diferencia es fundamental al calcular el valor de una prima.

Interrogantes abiertos

Si bien se presenta una visión netamente economicista, que no discute temas de carácter cultural, social y constitucional, es claro que la posibilidad de obtener beneficio estaría servida sobre la mesa.

A la larga, el derecho a cambiar de sexo se puede ejercer simplemente modificando una letra en el registro civil y en la cédula; cualquier hombre cambiado a mujer o mujer cambiada a hombre, seguiría pasando inadvertido porque solo quedaría expresado en su documento de identidad.

No sería extraño que algún vivo pasara por una notaría, cambiara el sexo en su documento y aprovechara algún chance para realizar arbitraje. Lo que es un avance en materia de derechos individuales para una población históricamente discriminada, abre interrogantes que afectan los sistemas de pensiones y los seguros. El país tiene que prepararse para discutir estos temas. En una sociedad donde la cultura es el atajo, hay que tener ojos avizores.

¿Soluciones?

Dos soluciones a la disyuntiva serían aclarar que el cambio de sexo solo tendría un alcance civil y no biológico. La otra sería equiparar de la misma manera, nivelando por arriba y abajo, a hombres y mujeres. La primera implicaría el olvido del sexo como construcción sociocultural, la segunda llevaría a la omisión del riesgo.

Queda claro que el sexo es un factor determinante en la evaluación del riesgo. En Europa se dio esta discusión en 2007 a propósito de una eventual discriminación; allí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló que esta variable no debería dar lugar a disparidades de género en el valor de las primas. Sin embargo, se aclaró que podrían existir tarifas diferenciadas si eran justificadas con datos pertinentes y exactos.
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