| 5/10/2012 6:00:00 PM

¿De superestrellas a estrellados?

Exitosos empresarios que se destacaron en el sector privado y dieron el paso al sector público, hoy están en el ojo del huracán por la demora en la ejecución de programas y por reparos de los organismos de control y vigilancia. ¿Qué pasa?

A finales de abril, la Procuraduría General de la Nación entregó un informe sobre la gestión que adelanta el Gobierno para enfrentar la ola invernal y denunció el lento desarrollo en al menos 8 convenios firmados por Colombia Humanitaria por $1,8 billones. Por los mismos días, Asobancaria alertó sobre el rezago en infraestructura que se está convirtiendo en un obstáculo para un mayor crecimiento económico.

Estos no son los únicos campos del sector público que están en problemas. La Contraloría General acaba de advertir la debilidad normativa en el otorgamiento de las licencias ambientales. De otro lado, la dirección del recién creado Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS) ya enfrenta más de 500 procesos por desacato y su director, Bruce Mac Master, estaría ad portas de pagar varios días de cárcel, según un informe de Semana.com.

¿Qué une estas situaciones? Que hoy, al frente de estos programas y organismos están personas que se destacaron en el mundo de los negocios y cuya experiencia en el sector público –en la gran mayoría de los casos– apenas está empezando.

Jorge Londoño fue durante años presidente de Bancolombia. En la actualidad, y tras su retiro de la entidad bancaria, es el presidente de la junta directiva de Colombia Humanitaria, entidad que creó el Gobierno para atender la emergencia invernal. Luis Andrade, quien dirigió por más de una década la consultora McKinsey y fue uno de los asesores más cercanos a las grandes empresas del país en sus procesos de transformación e internacionalización, está al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Frank Pearl –ex presidente de Valorem (antes Valores Bavaria)– es tal vez el más curtido en el sector público pues ya se había desempeñado como Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica y posteriormente Alto Comisionado para la Paz, ahora es el ministro de Ambiente.

Y en el campo social dos figuras del sector privado lideran la agenda: Bruce Mac Master, que está al frente del DAPS y al comienzo del gobierno ocupó el Viceministerio de Hacienda, fue un exitoso banquero de inversión; y Samuel Azout, ex presidente de la cadena Carulla Vivero, es el director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema (ASPE), luego de haber sido por más de un año Alto Consejero para la Prosperidad Social.

Las explicaciones

¿Qué frena en muchos casos sus niveles de ejecución y por qué los organismos de control los tienen en la mira?

Aunque, como afirma el ministro Pearl, se han desarrollado programas exitosos, como el caso de la reintegración, es claro que se están enfrentado a una dinámica distinta.

Los horizontes del sector privado y el público son diferentes por varias razones que van desde el tiempo y velocidad en la capacidad de ejecución, hasta el mismo modelo que se está gestando en donde gran parte de estas entidades públicas, si se comparan con el sector privado, son ‘emprendimientos’ y corresponden a nuevas estructuras que apenas están tomando forma. Esto sumado a los diferentes stake holders o grupos de interés que deben atender y a los sistemas de control que enfrentan.

“Cuando uno está sentado en el escritorio del Bancolombia, se tiene una capacidad de ejecución gigantesca y la posibilidad de lograr de manera ágil, a través de mecanismos muy expeditos, lo que se propone. Pero eso no significa que el sector público sea peor o mejor que el privado, es distinto”, dice Londoño.

¿Qué limita esa capacidad de ejecución? Varios representantes de los dos sectores consultados por Dinero coincidieron en temas transversales. Uno, los mecanismos de control. Para Londoño, el sector público tiene que mirar el control de una manera distinta a como lo mira el sector privado. “En el sector público tenemos la condición de que uno está trabajando con los dineros de la comunidad. Son, entonces, mecanismos de control que por definición son mucho más universales, mucho más amplios que cuando se está trabajando en el sector privado y eso es más difícil de manejar”, asegura. Sin embargo, agrega que Colombia está viviendo un mal momento “porque hemos tenido fenómenos de corrupción que han llevado a que se tomen actitudes en alguna medida paranoicas frente a la operación del control y eso afecta la agilidad de la ejecución”.

“No solo se está en riesgo de perder el patrimonio, que es el tema fiscal, sino también de enfrentar investigaciones penales y terminar uno en la cárcel”, asegura un funcionario de alto nivel del sector público.

Dos, que en el sector privado la relación con grupos de interés es más limitada de la que tienen los organismos en el gobierno, llevando mucho más tiempo la toma de decisiones, con procesos más complejos porque hay muchas más entidades por atender que tienen objetivos diferentes.

Como menciona Azout, la interacción de los diferentes sectores es muy baja. “He notado que los sectores trabajan muy aislados por su inercia –como vivienda, educación, salud, cultura–. Muchas veces no caen en cuenta de que son interdependientes y trabajan como silos funcionales. Además, es curioso –para quienes venimos del sector privado– entender que la autoridad es más ambigua porque los funcionarios reportan a otras instancias diferentes al jefe directo”, asegura.

Asimismo, el papel del talento en el sector público es muy complejo. “Aunque la tecnocracia es buena, no lo es en todos los casos y el sistema debería premiar a los mejores y castigar a los que no se desempeñan satisfactoriamente. Lamentablemente hay camisas de fuerza que le impiden a uno tomar medidas”, le dijo a Dinero un alto funcionario.

Un tercer factor corresponde a la cantidad de leyes y normas que se deben atender. “Aquellos que venimos del sector privado tenemos que aprender a navegar en estos mares donde hay menor flexibilidad de acción por las normas que hay que cumplir y por el sistema de contratación, que es más complejo. Estamos haciendo todo lo posible para que no se convierta en un obstáculo para el mejor desempeño de nuestras funciones”, asegura Azout.

Y, finalmente, está el mismo modelo. Para algunos, este tipo de funcionarios pasa de un sector que busca maximizar utilidades a otro donde hay que minimizar pérdidas. “En el sector público uno puede tener una incidencia en el futuro de las personas y una influencia en beneficio de la sociedad, pues es comparativamente mucho más grande de la que normalmente tienen los negocios del sector privado”, asegura Londoño, argumento con el que coincide Azout.

No obstante, Azout considera que una de las grandes diferencias es que en el sector público no hay competidores. “¿Quién es el competidor de Unidos o del ICBF o del programa de solidaridad alimentaria? No hay, y en el sector privado sí hay y si las empresas no innovan pueden desaparecer. En el público se pueden perpetuar malas prácticas porque no hay competidores. Lo que hay que hacer es crear innovación dentro del ADN de las entidades mismas, como parte integral de la operación. La falta de competidores puede hacer que los funcionarios se duerman en sus laureles”, puntualiza.

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