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Ruth E. Correa, ministra de Justicia.

| 11/21/2012 6:00:00 AM

De paro en paro

El país se está acostumbrando a resolver sus controversias laborales a punta de paros. El caso de Asonal evidencia la ausencia de una política coherente. Se anticipa una Navidad cargada de más movilizaciones.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, resumió en pocas palabras la actual situación en materia laboral en Colombia: “El país no puede continuar en la dinámica perversa que hay que hacer un paro para lograr un acuerdo y otros 5 para hacerlo cumplir”.

El caso de Asonal Judicial que experimenta el país es solo un ejemplo. Luego de varias semanas de parálisis, Gobierno y sindicato lograron un acuerdo que permitiría a mediano plazo la nivelación salarial de unos 45.000 trabajadores de la Rama. Sin embargo, cuando todo parecía conjurado, y después de un mes de ‘apagón en la justicia’, surgió una facción de trabajadores, entre jueces, fiscales y personal del CTI, inconformes con el acuerdo inicial.

Las consecuencias para los ciudadanos han sido desastrosas. No se ha practicado buena parte de la recopilación de pruebas; miles de procesos están paralizados; peligrosos delincuentes piden libertad en las puertas de las cárceles, reclamando vencimiento de términos; miles de tutelas relacionadas con salud o asistencia alimentaria están sin resolver y se evidencia un grave deterioro en las relaciones entre los representantes del Gobierno y las centrales obreras.

Lo peor de todo es que el horizonte en lo que resta del año no es alentador. La CGT prevé que “el panorama se agitará por las negociaciones del salario mínimo, la puesta en marcha de Colpensiones y los conflictos no resueltos, como en el caso del Inpec y la Dian. También se está a la espera del levantamiento de la intervención en Coopsalud, hecho que tiene que ver con el presente y el futuro de unos 32.000 trabajadores directos”, dice Gómez.

La otra gran central obrera del país, la CUT, considera que hay conflictos en gestación en los que el panorama parecía despejado. “La situación laboral en la petrolera Pacific Rubiales no se ha solucionado, en las minas de carbón del norte del país la situación es más que delicada y en empresas como Une EPM Pereira, algunos trabajadores completan varias semanas en huelga de hambre”, afirma Domingo Tovar, presidente de esta central que agrupa a unos 600.000 trabajadores.

En proceso de gestación también hay conflictos laborales en varias universidades. Según el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, Juan Carlos Arango, se logró un acuerdo con las directivas del centro de enseñanza para una nivelación de 2.500 trabajadores del área administrativa. No obstante, el ajuste no será posible sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda y el de Educación. “Si nos incumplen, pues tendremos que ir a paro, no hay otra salida”, advierte Arango.

El presidente de la CUT habla también sobre futuras parálisis en las universidades Distrital, Pedagógica, Atlántico, Industrial de Santander y Nariño.

De poco o nada han servido los llamados del presidente de la República, Juan Manuel Santos, o la tibia intervención del jefe de la cartera de trabajo, Rafael Pardo. La inconformidad y debilidad del Gobierno están propiciando una ola de manifestaciones y cese de actividades.

Carbón y café

La producción de dos de los principales productos de exportación del país se vio mermada este año debido a permanentes y desgastantes conflictos con los trabajadores.

El impacto más relevante se registró en la producción de carbón, la cual cayó 8,3% en el tercer trimestre del presente año. Las parálisis en las minas del Cesar habrían contribuido significativamente en esta reducción de la oferta.

La otra población que amenaza con paro son los cafeteros. Dirigentes en el Eje Cafetero reclaman al Gobierno un mejor precio de la carga del grano y fijaron para el próximo 26 de noviembre una parálisis en la producción si el Ejecutivo no atiende estos reclamos. Según trascendió en algunos medios, las pretensiones de los agricultores ascienden a $300.000 millones para lo que resta del año. Una de las propuestas que se barajan prevé que la carga de café que se comercializa en el interior del país se negocie a $1 millón; hoy está en $600.000.

Tradicionalmente, el papel del gobierno en controversias laborales ha estado más cercano al rol de árbitro que de jugador. Esa aparente imparcialidad ha contribuido a que el ambiente laboral tome las proporciones que hoy tiene. Los propios sindicatos piden línea directa con el Gobierno que les permita prevenir los conflictos antes de que se salgan de las manos, como lo que ocurrió con Asonal.

Está por determinarse qué tanto ha afectado a la economía esta tendencia a resolver todos los problemas a punta de paros, cierres viales y pedreas.

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