| 10/17/2013 5:30:00 AM

La pregunta del millón

Mientras la reforma a la salud avanza en el Congreso, nadie se ha detenido a preguntar de dónde saldrán los más de $3 billones adicionales en gasto que implica la nueva norma.

A la reforma a la salud, que al cierre de esta edición se discutía en el Senado, le han salido opositores por todos lados. Y es muy probable que las críticas se agudicen cuando el país advierta que esta ley, la más importante de la actual agenda legislativa, le va a costar a los colombianos varios billones de pesos más.

El Gobierno considera que podrían ser entre $2 billones y $2,5 billones, pero al interior de los ponentes de la ley es claro que las cuentas pueden estar por encima de los $3 billones al año, de manera permanente.

La razón es simple: la reforma sincera las cuentas, poniéndose de manera definitiva a tono con el fallo de la Corte Constitucional que ordenaba actualizar el Plan Obligatorio de Salud (POS) y con la reforma estatutaria que quedó aprobada el semestre pasado. Esto quiere decir que los servicios de salud disponibles para la población se van a ampliar y eso tiene un costo.

La reforma establece que el POS no será más una “lista del mercado de la salud”, sino un listado de excepciones. Es decir, el POS dirá a qué ‘no’ tiene derecho la gente en el sistema de salud. Allí quedarán medicamentos, procedimientos y aparatos que no den seguridad científica, o que solo sirvan para asuntos cosméticos o que evidentemente puedan dañar la salud del paciente. Todo lo demás que no se incluya en esas excepciones formará parte del POS y a ello tendrán derecho los usuarios.

Ese es el origen del costo adicional. El tema significa, básicamente, un aumento de cerca de 10% en el ya elevado presupuesto del sector: actualmente, al año, Colombia le invierte entre $29 billones y $30 billones a su sistema de protección social en salud. De manera permanente, el presupuesto de salud podría superar los $33 billones.

Nadie discute que es mejor que haya más servicios disponibles para la población. Sin embargo, en la coyuntura actual, cualquier erogación adicional debe contar con un debate a fondo, pues son muchos los factores de presión sobre las finanzas públicas.

En primer lugar, el país se ha comprometido con la regla fiscal que impone límites al crecimiento del gasto; en segundo lugar, la eventual caída en los precios de los bienes básicos como el petróleo se ha convertido en una amenaza latente para las finanzas públicas, pues una buena porción de los ingresos estatales está asociados a Ecopetrol y las demás compañías petroleras y mineras que paulatinamente vienen mostrando un deterioro en sus resultados. De otra parte, hay nuevas erogaciones, como los $3 billones comprometidos para superar el paro agrícola reciente y los recursos de presupuesto destinados a solucionar otras manifestaciones sociales como las de los transportadores, cuyo costo todavía no se conoce plenamente. A todo esto se le suma el hecho de que la carga pensional viene aumentando a un ritmo de entre $3 billones y $4 billones anuales. Para 2013, el país va a pagar $40 billones por mesadas.

Desde esta perspectiva, la reforma a la salud va a agravar la sintomatología de la que podría ser la principal enfermedad de la economía nacional en el mediano plazo: un aumento desmedido en la presión fiscal.

La reforma a la salud agravaría los síntomas y no solo por el lado del POS. Por ejemplo, la nueva ley establece que la preparación de médicos especialistas va a correr por cuenta de las entidades públicas, lo que podría costar al año $85.000 millones. El déficit en infraestructura hospitalaria pública ya alcanza los $500.000 millones; la reforma buscará una manera de enfrentar este problema y para ello es necesario modernizar los edificios de los hospitales y sus aditamentos.

El otro problema –que la reforma no aborda– es el de la nivelación del estatus laboral de todos los empleados de los hospitales públicos. Se trata de 250.000 personas que laboran en el sector salud y que hoy están contratadas por medio de cooperativas de trabajo asociado o por prestación de servicios. Eso podría costar hasta $700.000 millones al año. Este tema se sacó de la ley justamente porque causa demasiado debate y sus implicaciones fiscales son elevadas. Así que el problema se aplazó para ser abordado en otro proyecto de ley en los próximos meses.

Como si fuera poco, la reforma también buscará salidas para pagar la cartera morosa que hay con las IPS. Sobre el monto de este rubro todavía no hay acuerdo, pues los hospitales y EPS dicen que puede llegar a los $15 billones, mientras el gobierno calcula que este rubro no va más a allá de los $4 billones.

El Congreso de la República está legislando sobre un tema sensible para el país; primero, porque la nueva norma está relacionada con un servicio que llega a toda la población. Y, segundo, porque las consideraciones fiscales están adquiriendo dimensiones astronómicas.

Con un aumento de 10% en el presupuesto de la salud, los legisladores tienen que ir con pies de plomo. Nadie podría poner en tela de juicio que es positivo que se aumente el presupuesto de la salud; pero ya es hora de que la discusión verse sobre a qué sectores se les van a quitar recursos para trasladarlos a los hospitales. El tema no es de menor cuantía. Además del bienestar de todos los colombianos, está en juego la salud, pero del fisco nacional.
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