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Según algunos analistas, el incremento de ataques guerrilleros de los últimos días tiene que ver con la desmoralización que hoy se siente dentro del Ejército por cuenta de la falta de fuero.

| 6/6/2012 6:00:00 PM

Cuestión de plata

La falta de garantías jurídicas no es el único descontento dentro de las Fuerzas Militares. También hay un poderoso motivo económico: un incumplimiento salarial que tiene en juego más de $1 billón del Estado.

El pasado 23 de mayo la Cúpula Militar y un puñado de generales (r) del Ejército tenían motivos de sobra para celebrar. En la mañana de ese día, una tropa de oficiales se ‘incrustó’ en el auditorio del Teatro Patria de Bogotá para conmemorar los 103 años de vida de la Escuela Superior de Guerra. La euforia que se respiraba en el recinto contagió al presidente Juan Manuel Santos, quien condujo el evento y aprovechó para comprometerse –en un emotivo discurso– a solucionar un rosario de deudas que hoy tiene pendiente el Estado con ciertos miembros de la Fuerza Pública.

Las palabras del mandatario se dieron justo en un momento en el que los rumores de una eventual desmoralización de los militares empezaban a hacer carrera. Por esos días incluso llegó a hablarse de un posible golpe de Estado que estaría fraguando un grupo de oficiales de la reserva. Rumores que, no obstante, fueron acallados por la plana mayor del Ejército que, en un abrir y cerrar de ojos, redujo el episodio al punto de convertirlo casi en una anécdota.

Pero así como las consejas en torno al remoto golpe de Estado se desvanecieron, la sensación de un aparente inconformismo dentro de las filas del Ejército con algunas políticas del Gobierno ha tomado más fuerza que nunca. La ausencia de fuero militar, por ejemplo, es una de las razones que explicarían ese fenómeno.

En pocas palabras, porque los militares que combaten a las guerrillas saben que después de cualquier operación que comprometa vidas humanas serán investigados por la justicia ordinaria que, según ellos, no conoce la minucia de la guerra y casi siempre emite fallos injustos y arbitrarios. Por eso, todos claman para que sean los tribunales militares quienes los juzguen.

Por lo pronto, dentro de las guarniciones del Ejército no resulta extraño oír a más de un soldado raso repetir una y otra vez la misma frase: “nuestro miedo no es al enemigo ni a perder la vida en el monte: es terminar pudriéndonos en una cárcel por falta de garantías jurídicas”.

El tema es preocupante. Tanto así que más de 15.000 hombres de la fuerza pública a estas alturas no pueden combatir, precisamente porque están siendo investigados por la justicia ordinaria. Lo que más inquieta, según le dijo a Dinero un alto oficial, es que mientras no haya fuero ese número de indagaciones seguirá multiplicándose año tras año.

Pero las diferencias que, muy en silencio, se están dando entre el Gobierno y el Ejército no se limitan al ámbito jurídico. Otros factores como el salarial y algunas demandas de vieja data estarían haciendo mella en la moral de los uniformados.

Billones en juego

Aunque mucho se ha hablado sobre el malestar salarial que invade a un grupo de militares retirados, pocos saben realmente de qué se trata y las consecuencias que ello le está acarreando a las finanzas del Estado. El tema se remonta a 1997, cuando apenas empezaban a aparecer algunos nubarrones sobre la economía nacional y la crisis de finales de los 90 hacía sus primeras escaramuzas.

En aquellos días la inflación del país se mantenía por encima de los dos dígitos. Razón suficiente para que el Gobierno de entonces decidiera recortar el gasto público y, sobre todo, adoptara una política de austeridad en los salarios de cada uno de los funcionarios del Estado.

Al final de cuentas, la postura del gobierno se tradujo en algo que pocos presupuestaron: entre 1997 y 2004, los reajustes de los salarios públicos fueron calculados por debajo del índice del IPC del momento. Una transgresión a los estatutos legales que, como era de esperarse, desencadenó una catarata de demandas contra del Estado.

Pese a los alcances de la medida –que tuvo impacto en todos los sectores públicos– fue solo en el Ejército donde se concentraron las reclamaciones. “Hay dos grupos de demandantes en este tema. Uno, la caja de retiros de las Fuerzas Militares y, el otro, Casur, la caja de retiros de la Policía Nacional”, dijo en conversación con esta Revista Diana Quintero, viceministra de Defensa.

Las cifras que reposan en los expedientes del Ejército son inquietantes: de un total de 116.000 afectados, 96.000 ya demandaron. De ellos, 17.804 casos fueron fallados a su favor. Pero lo que tiene más intranquilo al Ministerio de Defensa es que actualmente existen 20.000 procesos en curso y 56.000 solicitudes de demanda por vía administrativa que podrían costarle al Estado más de $1 billón.

Y, aunque el Ministerio está haciendo todo lo que tiene a su alcance para evitar que esas solicitudes prosperen, su bolsillo ya se ha visto seriamente afectado por las demandas que fueron falladas en su contra. “La Caja de Retiros de las Fuerzas Militares ha pagado $226.000 millones y Casur ha hecho lo propio con $170.000 millones”, explica Quintero.

El tema ha cobrado tal notoriedad dentro del Gobierno, que por estos días fue conformada una comisión interinstitucional por los ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa, Planeación Nacional y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para ponerles coto a las billonarias demandas que están en curso. Según la viceministra Quintero, todo apunta a que, en menos de un mes, esas entidades presentarán una propuesta encaminada a conciliar con los militares afectados.

Mientras eso ocurre, las voces de quienes aseguran que todos estos acontecimientos no solo han desmoralizado a los miembros del Ejército sino que están relacionados con el incremento de ataques guerrilleros, no paran de resonar. Una de ellas es la de Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia, quien en un reciente estudio concluyó que durante el primer trimestre de este año ha habido una reducción de 59% en las acciones militares contra los grupos armados ilegales, en relación con el mismo lapso en 2011.

Solucionar esos asuntos no es una cuestión que se haga de la noche a la mañana, y las Fuerzas Armadas son conscientes de ello. Entretanto, los altos mandos de la reserva militar solo esperan que las palabras de Juan Manuel Santos –aquel día en el Teatro Patria– cuando se comprometió a saldar todas estas deudas, no se las lleve el viento.

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