La tan anunciada cuarta generación de concesiones, la mayor apuesta económica del actual gobierno, solo dará sus frutos en el segundo semestre de 2014 o en 2015.
Las cuentas son claras. Las primeras licitaciones, curiosamente denominadas ‘victorias tempranas’, estarán adjudicadas en el mejor de los casos en septiembre del presente año, pero las primeras obras nuevas iniciarán un año más tarde cuando el actual inquilino de la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos, haya terminado su primer mandato.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoce que Santos solo ‘pondrá la primera piedra’ de los megaproyectos, pero que los avances de obra nueva se verán en el próximo mandato. “Al otro día de la adjudicación se podrá hacer mantenimiento y rehabilitación, pero obra nueva solo un año después”, dice Luis Andrade, presidente de la ANI. Eso tal vez es lo menos preocupante. El país y los expertos creen que este año la locomotora de infraestructura le dará un gran empujón a la economía, pero sin nueva ejecución será difícil lograr esto.
De hecho, los actuales contratos de concesión –la mayoría suscritos en la ‘era Uribe’–, son los que le permitirán ‘cuadrar caja’ al Ministerio de Transporte en cuanto a construcción de dobles calzadas. Este año se entregarán 300 kilómetros y el año entrante otros 427. Ninguno provendrá de las ‘victorias tempranas’.
¿Cómo entonces se va a mover la economía en lo que queda del Gobierno, cuando buena parte de las vinculaciones laborales ya se hicieron y la compra de materiales e insumos ya se contrataron?
La esperanza estaba cifrada en los $44 billones que cuesta la nueva generación de concesiones y en la manera como esos recursos, sin precedentes en la historia, irrigarían varios sectores abatidos de la economía, pero el grueso de esas inversiones solo se comenzará a ver en forma a finales de 2014 y en 2015.
En rueda de prensa, el Ministerio del Transporte anunció el pasado primero de febrero la apertura de las cuatro primeras licitaciones que suman inversiones por unos $4 billones: la Perimetral Oriental de Cundinamarca, la Autopista Girardot–Puerto Salgar, el Tramo Mulaló–Loboguerrero y la vía Cartagena–Barranquilla. La etapa de precalificación empezó el 6 de febrero y durará dos meses.
Luego vendrán otros 5 o 6 meses mientras los proponentes (máximo 10) presentan una oferta formal, que debe incluir la viabilidad ambiental y una serie de estudios que ya varios anticipan que demorarán aún más el proceso.
El Gobierno cree que en septiembre de este año estarán adjudicados estos cuatro contratos, pero ingenieros especializados consideran que eso es imposible debido a las exigencias de los prepliegos y al cuello de botella que se generará en las empresas que se dedican a realizar estudios de suelos.
“En el caso de puentes y viaductos nos dan cuatro meses para hacer los estudios y excavaciones y eso es imposible. Ni con 5.000 ingenieros una empresa podría hacer estas pruebas en ese tiempo”, advierte Gregorio Rentería, gerente de la firma Grisa.
La respuesta de la ANI es que ya existen estudios muy avanzados que permitirán agilizar el cierre de los contratos, pero Rentería replica insistiendo que la información solicitada en los prepliegos es muy compleja y detallada por lo que el tiempo no va a alcanzar.
“Un solo proyecto de estos requiere la construcción de 86 puentes, lo que significa que hay que hacer 500 perforaciones con sus respectivas muestras y ensayos de laboratorio, eso no se hace en unas pocas semanas como cree la ANI”, asegura el ingeniero responsable de obras como el puente Antonia Santos o el helicoidal del Eje Cafetero.
Los 8.000 kilómetros de nuevas vías del plan de concesiones de Santos se necesitan con urgencia, pero es necesario ajustar los detalles pendientes para que no se pase de una victoria temprana a un fracaso seguro.