| 5/25/2017 12:01:00 AM

Demandas contra el Estado desbordadas: ya representan el 50% del PIB

La avalancha de demandas contra el Estado no solo representa cerca de 50% del PIB, sino que afecta las cuentas fiscales. ¿Cómo frenar las pretensiones desbordadas?

En 2015, 69 barriles de petróleo se derramaron en el Golfo de Morrosquillo. Se adelantaron los protocolos, la emergencia fue atendida, se restableció la operación petrolera y se mitigó el impacto social y ambiental.

La abogada Ana Karina Pacheco demandó a la Nación por $14,4 billones, alegando daños al medio ambiente e impactos en el turismo y la actividad de los pescadores, proceso que fue admitido por el Tribunal de Sucre. El caso lo trajo a colación hace unos días Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ADJE), al observar la desproporcionalidad de la demanda.

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Según los cálculos de la entidad, en el icónico caso de Exxon Valdez se derramaron más de 250.000 barriles de petróleo, convirtiéndose en uno de los desastres ecológicos más grandes de la historia y la empresa fue condenada a pagar US$5.000 millones, a precios de hoy. “Esta abogada –señala Vélez– pretende que el Estado colombiano indemnice a las víctimas del derrame de 69 barriles de petróleo con un valor equivalente al del Exxon Valdez”.

Por esta y otras demandas que lidera la abogada Pacheco, que en total suman $39 billones, la ADJE radicó ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la primera queja contra un abogado por posibles conductas irregulares. Las acciones, dijo la entidad en un comunicado, se caracterizan porque las pretensiones son infundadas y exageradas, sin sustento fáctico o normativo. 

Pero no es el único caso. La Nación ya fue condenada por $2,1 billones por un proceso que un abogado en Sucre adelantó en una acción de grupo, al contar con 300 poderes de desplazados. En este tipo de acciones, los abogados tienen derecho a 10% del valor de la condena. El caso está en revisión en el Tribunal de Sucre. “El presupuesto completo para reparar víctimas este año es de $700.000 millones. Es decir, este abogado se puede quedar con una tercera parte del presupuesto para reparar a las 7 millones de víctimas de Colombia”, agrega Vélez.

La incongruencia en el valor de las demandas ha encendido las alarmas. Hoy los procesos judiciales contra las entidades públicas del orden nacional suman $326 billones, en cerca de 600.000 procesos.

Aunque la labor de la agencia ha logrado ahorros por $41 billones y el pasivo contingente bajó de $131,5 billones en 2014 a $57,9 billones en 2016, esta es una de las mayores preocupaciones: que dichas pretensiones –que se acercan a 50% del Producto Interno Bruto del país– entran en la contabilidad de la Nación y en sus cuentas fiscales como un pasivo contingente, afectando la calificación de riesgo del país.

De acuerdo con las cifras de la ADJE, 85% de los pleitos representan en valor cerca de 4% de las pretensiones y 15% de los conflictos restantes tienen 96% de esas pretensiones.

“Empieza a darse mucho abuso en esto y hay una industria montada alrededor de sacarle plata al Estado”, advierte Vélez, quien agrega que hay que ponerle coto, porque los incentivos están desalineados. “En la medida en que los jueces sigan fallando de manera desproporcionada y la gente siga presentando demandas por $22 billones, el siguiente irá por $50 billones y el otro por $100 billones. Y esto no tiene ninguna consecuencia”, comentó.

Para algunos abogados, lo cierto es que aquí el Estado juega con la cancha desbalanceada y su “arco es cuatro veces más grande que el del demandante, porque las normas y reglas del juego las elaboran los abogados que demandan, las hacen exconsejeros de Estado que salen a litigar contra el Estado”, dice un abogado.

Para él, hay que reformar las normas para que tenga costo demandar. Si bien los jueces deberían rechazar esas demandas por no estar razonablemente estimadas las cuantías, por otro principio terminan aceptándolas.

“La agencia viene trabajando y es hora de actuar para hacer una reforma al artículo 90 de la Constitución para limitar las indemnizaciones que paga el Estado por ese tipo de responsabilidades. Se hizo un estudio muy extenso y se presentarán las reformas para evitar eso”, anuncia Vélez. También se busca reformar la figura del incidente de impacto fiscal, porque no ha tenido un gran efecto.

Las dificultades para avanzar en estos procesos son más de coyuntura, pues la agenda legislativa está concentrada en sacar las reformas que trae el proceso de paz –más aún tras el reciente fallo de la Corte Constitucional– y en la aprobación de la adición presupuestal.

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La experiencia del país en este sentido es que hasta que no sucede un hecho relevante, no se toman decisiones; es decir, en Colombia los cambios se dan cuando algo pasa y hacer política pública programada es difícil por las agendas de la coyuntura y las inercias de los procesos. Los ejemplos son evidentes: solo cuando estalló el escándalo de DMG se ajustaron las reglas y vigilancia sobre los procesos de captación; una vez se conoció la crisis por las libranzas se presentaron los proyectos ante el Congreso. En este caso pareciera que hasta que no se dé una billonaria sanción, que sea desproporcionada por su valor, efectos e impacto, el país no entenderá el grave peligro que lo amenaza. Es necesario voltear a mirar esta problemática ahora mismo.

La hora de Colombia

En los últimos meses, la agenda de litigios internacionales contra Colombia ha estado relacionada con la protección de la inversión de empresas extranjeras en nuestro país a la luz de los acuerdos de protección a la inversión y los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia.

Según el más reciente reporte de la Unctad, los tres países con más demandas de inversión en 2016 fueron India, España y Colombia.

Glencore –por Prodeco–, Gas Natural –caso Electricaribe–, Eco Oro, América Móvil –por Claro– y las mineras Tobie Minning y Cosigo Resources, estas últimas con unas pretensiones por US$16.000 millones –que equivale a todas las demandas contra la Fiscalía en Colombia–, avanzan en sus controversias. También continúa el proceso de South 32, casa matriz de la mina de ferroníquel Cerromatoso, contra Colombia. En el caso de las mineras es por cambios de reglas en regalías y en limitaciones ambientales y sociales.

Aunque las noticias se las llevan estas demandas, pareciera que ahora el turno es para las empresas colombianas con operaciones internacionales. La primera que estaría por llegar y que hoy en día se analiza correspondería al sector de transporte en Chile.

Las más costosas

Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los procesos por desplazamiento forzado a nivel nacional suman más de $3.000 billones; es decir, 3,5 veces el PIB de Colombia.

En los casos individuales entre los primeros cinco hay tres que tendrían altos niveles de desproporcionalidad por el valor de las demandas y sus pretensiones. En primer lugar, se trata de un proceso de cobro de trámites de tránsito y multas en Sampués, Sucre, por $22,8 billones.Le sigue el del derrame de 69 barriles de petróleo en Coveñas, Sucre, por $14,5 billones, cifra solo comparable con la multa que se generó por el vertimiento accidental de 250.000 barriles de petróleo en el caso de Exxon Valdez.

Y, finalmente, los procesos por las captadoras ilegales de dinero donde los afectados demandaron a la Nación por $6,7 billones.

El sector que tiene mayores pretensiones por demandas en su contra es el de Defensa Nacional, con $96,5 billones –porque no se reconoce la indexación y reajuste de la asignación de retiro, y por desplazamiento forzado–; y le sigue Hacienda, con $73 billones –por ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la liquidación de la pensión y la falla del servicio para evitar la captación ilegal de dinero–.

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