| 8/2/2012 11:00:00 AM

Criminal Minds

Economistas, médicos y sicólogos buscan explicaciones para la creciente violencia interpersonal, que ya deja más víctimas que la misma guerra. ¿Se nos soltó un tornillo a los colombianos?

Un hombre asesinó a su esposa frente a sus hijos; un exmilitar mató a sus hijos, a su esposa y luego se suicidó; un hombre de 47 años de edad sufrió quemaduras con ácido en su cara que le fue arrojado por delincuentes para robarlo; un universitario sufrió graves lesiones cerebrales y fracturas al ser lanzado desde un quinto piso, al parecer en medio de una pelea; una niña murió luego de caer desde un piso 18 y las autoridades investigan si se trató de un homicidio; un hombre de 73 años aparece atado a un palo e incinerado, se indaga si se trató de un suicidio; una mujer es violada y empalada por un asesino que ya tenía antecedentes criminales...

Este no es un catálogo sobre los capítulos de una de las temporadas de la serie de televisión Criminal Minds, sino hechos reales, desafortunadamente ocurridos en Colombia en los últimos meses.

El conflicto armado se ha robado hasta el momento toda la atención de los medios, a pesar de que, estadísticamente, las cifras muestran que la violencia interpersonal, la violencia económica, la violencia intrafamiliar y la violencia autoinfligida son los fenómenos más críticos.

Según las cifras de Medicina Legal, en 2010 se registraron 3.700 casos entre homicidios por violencia interpersonal, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Ese mismo año, la violencia sociopolítica acumuló 1.229 víctimas mortales: definitivamente, a pesar de su crudeza, la guerra no es el principal escenario de la muerte en Colombia.

Para María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, especializado en estudios sobre la violencia interpersonal, “las estadísticas de los últimos 20 años muestran que los homicidios asociados al conflicto armado están cercanos a 18% en promedio. El resto de la violencia está relacionada con otros fenómenos”.

Sandra Moreno, coordinadora del grupo Centro de Referencia Nacional de Violencia, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aseguró que está próximo a revelar el estudio con los resultados de 2011. Según ella, “se nos están disparando los hechos asociados a la violencia intrafamiliar y de pareja. Ha permanecido la tendencia a que los grupos más afectados sean los de 20 a 29 años, pero nos hemos dado cuenta de que en los dos últimos años esa curva se inclina hacia los adolescentes: de 15 a 19 años. Esto lo que nos revela es que las políticas para enfrentar estos fenómenos no están dando en el clavo”.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Los economistas ya empezaron a dar luces. Un ejemplo fueron los hallazgos de un grupo de estudio liderado por el economista Carlos Medina, subgerente regional de Estudios Económicos del Banco de la República en Medellín.

Se trata del estudio “Una valoración del vínculo entre fertilidad adolescente y crimen urbano”.

El estudio encontró que un niño producto de un embarazo no deseado, tiene muchas más probabilidades de incurrir en la delincuencia cuando llegue a la adolescencia. Gutiérrez, del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, asegura que el origen de la violencia hay que buscarlo en la manera como el país está tratando a sus niños.

“Uno de los problemas más grandes es el castigo físico a los niños: quienes han sido golpeados dos o más veces por semana, de grandes tienden a tomar la justicia por su propia mano. Hemos encontrado una asociación directa entre estas personas y problemas de violencia interpersonal, violencia hacia su pareja y violencia intrafamiliar”.

Para Gutiérrez, la exclusión, los problemas económicos, la desigualdad y el desempleo son fenómenos que están en el origen de los problemas. “Obviamente, no justifico la delincuencia, pero poner en riesgo la población joven e infantil puede llevarlos más fácilmente a tomar la decisión de engancharse en la violencia o a resolver sus problemas por esta vía”.

Por su parte, el economista Medina ha hecho otros descubrimientos sorprendentes. Con otra investigación denominada El costo de evadir el crimen, concluyó algo revolucionario: los precios de la vivienda están reflejando un preocupante fenómeno de exclusión social. “Quisimos medir qué tanto estaba dispuesta la gente a pagar por eludir el crimen; es decir, por no verse afectada por él. Eso lo pudimos constatar con los precios de la propiedad raíz en la ciudad, cruzándolo con variables como la tasa de homicidios de cada barrio. La conclusión es que la gente sí paga vivienda más cara para lograr vivir en barrios con menores niveles de criminalidad”, dice.

Para él, “la seguridad debería ser un bien público y provista para todos y no por medio de una subasta como un elemento más del mercado”.

Es claro que combatir la violencia exige políticas públicas mucho más complejas que simplemente llenar de policías las ciudades y de ejército los campos o aumentar las penas para los crímenes atroces. A pesar de que el país tiene una tradición de violentólogos reputados, estamos en mora de encontrar maneras creativas de abordar problemas cada vez más complejos.

Por ejemplo, el país viene jugando con fuego desde hace tiempo, pues buena parte de su juventud vive en condiciones extremas. Los niveles de desempleo en las personas entre los 15 y los 26 años están alrededor de 18%; es decir, el doble del resto de la población.

Ello podría explicar que sea este grupo poblacional el que más incidencia tiene en hechos de violencia recientes, tanto víctimas, como perpetradores.

Medidas creativas como prohibir el porte de armas en Bogotá han resultado efectivas y contribuyen a reducir el índice nacional de homicidios, que ha mostrado una caída importante en los últimos años. Sin embargo, las cifras siguen siendo escandalosas. El año pasado la tasa estuvo cercana a 35 decesos por cada 100.000 habitantes; esto nos sigue ubicando en el top 10 de la región.

Por eso hay que seguir buscando soluciones. El embarazo en adolescentes, el desempleo juvenil, la calidad de la educación, entre otras variables, deben estar en el centro de las políticas y la acción pública. Ahora que el país piensa en un proceso de paz, tal vez la mejor manera de iniciarlo sería atender estos frentes, antes que el de la negociación con los grupos violentos. Lo que está en juego es la vida de miles de personas que podrían ser las nuevas víctimas.
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