| 8/22/2014 2:30:00 PM

Cooperación: la nueva cara

Un posible acuerdo en La Habana y el advenimiento de la fase de posconflicto obliga al país a buscar nuevos escenarios para fortalecer la ayuda internacional. ¿Qué hacer?

Durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, países amigos y organismos interesados en cooperar con las causas de la paz, la reducción de la desigualdad y el buen funcionamiento de la justicia en Colombia –entre otros objetivos vitales–, aportaron US$2.200 millones, cifra comparable a los recursos que los fondos de inversión privada tienen disponibles para sus negocios en el país.

La mayor parte de esos flujos obtenidos en desarrollo de la Estrategia de Cooperación Internacional, aprobada en enero de 2012, fueron destinados a un rubro denominado “gobernabilidad”, que incluyó la consolidación y reconstrucción territorial, lo mismo que el apoyo transversal al desarrollo regional. Los recursos invertidos en estos campos equivalen a 27,54% de todas las ayudas obtenidas.

De acuerdo con las cifras reveladas por Sandra Bessudo, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación, la comunidad internacional destinó la cuarta parte del total de los recursos aportados al cumplimiento de tres propósitos específicos: garantizar efectivamente los derechos de las víctimas, asegurar su reparación integral y promover los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la reconciliación.

El tercer gran componente, que equivale a 15,49% de la ‘torta’ de la cooperación, fue descrito dentro del Plan Nacional de Desarrollo como “Oportunidades para la Prosperidad Democrática” y ha estado orientado a la reducción de la pobreza extrema, la atención a la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, la atención a la diferencia –grupos étnicos–, la seguridad alimentaria y nutricional y los programas de agua y saneamiento, básicamente.

Pero, aunque el modelo ha operado bien desde el punto de vista funcional, la eventualidad de un acuerdo de paz en La Habana y el advenimiento de la etapa del posconflicto exigen un reforzamiento de las metas y plantea, por anticipado, algunos giros cualitativos orientados a atraer nuevos cooperantes. Estados Unidos y la Unión Europea siguen siendo los principales aliados en este frente.

Por lo pronto, Estados Unidos, a través de Usaid, es el más representativo de los cooperantes de la Política Nacional de Consolidación, con recursos aproximados de US$304 millones durante el último cuatrienio.

La Unión Europea, a su vez, ha apoyado procesos orientados a fortalecer el sistema penal colombiano y el acceso de las víctimas a la justicia, así como su atención por parte del Gobierno. Durante 2014 ha surtido apoyo presupuestal a la política de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial por un valor aproximado de US$53 millones.

El declive del Plan Colombia, principal fuente de captación de recursos de ayuda otorgada por Estados Unidos al país, y la calificación que la Ocde hizo recientemente de Colombia como una nación de “ingresos medios” ha llevado a que la cooperación de Estados Unidos y de la Unión Europea se reduzca sensiblemente. Solo entre 2000 y 2010, Estados Unidos aportó US$7.800 millones al país, pero el cuatrienio siguiente la reducción de los flujos de ayuda fue sustancial.

GIROS CUALITATIVOS

La Unión Europea ha ido de la mano del Fondo de Justicia Transicional, coordinado por el PNUD, y con aportes de países como España, Holanda, Noruega, Suecia, Bélgica y Canadá, entre otros, se ha logrado establecer y validar un modelo de alineación y coordinación de la cooperación internacional a las prioridades identificadas por el Estado colombiano en el marco de la ley de víctimas y restitución de tierras. Esta estrategia innovadora de armonización de la cooperación internacional ha alcanzado durante el cuatrienio más de US$23 millones y ha hecho que alrededor de 20.000 víctimas tengan acceso a la justicia y a programas de reparación integral.

Sin embargo, especialistas consideran que el posconflicto demandará algunos giros cualitativos en esta política, más allá del anuncio hecho por el presidente Santos sobre la constitución de un fondo especial de donantes. Según cálculos todavía provisionales, con la creación del fondo y el fortalecimiento de la estrategia enmarcada dentro de un propósito de diplomacia para la paz, la ayuda actual debería multiplicarse por cinco.

El principal de esos giros debe estar orientado hacia la ampliación del espectro de los aportantes.

Para Eduardo Pastrana Buelvas, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, resultaría conveniente incluso mirar hacia las potencias regionales como Brasil, de cuya vecindad es susceptible sacar mayores frutos. “Actores regionales, como es el caso de Brasil, podrían contribuir con la asistencia técnica en materia agrícola, debido a las similitudes climáticas, culturales y topográficas, basándose obviamente en el éxito que ha tenido su industria agrícola en los últimos años”, dice.

No obstante, para Pastrana no se trata solo de mirar hacia otros confines sino de potenciar la relación con aliados tradicionales en el campo de cooperación. Considera, por ejemplo, que en lo que concierne a la Unión Europea es posible que algunos de sus Estados líderes, como el caso de Alemania, contribuyan a la implementación del modelo de justica transicional, ya que no solo cuentan con las capacidades económicas (contrario a los países en crisis como España), sino que lo vienen haciendo sistemáticamente. “La UE –explica– podría seguir cooperando en cuestiones de reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la sociedad civil y el apoyo a víctimas, siendo fiel a su identidad civilista”.

Otro sector potenciable es el de las agencias del sistema de Naciones Unidas e incluso organizaciones no gubernamentales afines a sus objetivos. No en vano, como lo precisa la Agencia Presidencial de Cooperación, a lo largo del cuatrienio, los cooperantes en asuntos humanitarios (OCHA, PMA, ACNUR, ECHO, OIM, MAPP-OEA, OIM) con el acompañamiento de APC-Colombia han aportado más de US$ 90 millones, mediante la financiación de programas como la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación y otros orientados a la protección y atención integral a poblaciones vulnerables.

En este sentido, la redefinición de la agenda de la cooperación, en la que el país cuenta con muy buenos insumos, parece una tarea inaplazable.

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