| 10/17/2013 11:00:00 AM

Por sus obras los conocereis

La Contraloría General tiene en la mira un contrato entre la ANI y la constructora Grodco. Los hallazgos son más que llamativos.

Algo extraño está pasando en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En una visita realizada por la Contraloría General de la República (CGR) para evaluar un contrato de concesión que prevé la construcción de 10 tramos en el departamento de Santander, los funcionarios del ente de control encontraron varias inconsistencias que son materia de auditoría.

El primer hallazgo y, tal vez, el más grave es que los ingenieros y funcionarios de la ANI que realizan el seguimiento a los contratos y obras se estaban guiando con un documento escaneado que supuestamente era copia fiel del contrato original. Ahí viene la primera sorpresa: hay dos versiones del mismo contrato. Durante el ejercicio de auditoría, la Contraloría comparó la versión electrónica con la de papel y encontró diferencias en el número de estaciones de pesaje que la concesionaria Zona Metropolitana de Santander (de la firma Grodco) debía ejecutar en ese departamento.

En la versión que aparecía en los computadores se establecía la construcción de dos estaciones de pesaje para vehículos, una fija y otra móvil. Sin embargo, en el contrato de papel, firmado y suscrito entre las partes, y cuyo original reposa en una bodega de Fontibón (propiedad del Ministerio de Transporte), aparecían tres estaciones de pesaje.

Lo que causa todavía más sorpresa tanto para la ANI como para la Contraloría es que Grodco, aunque tiene en sus oficinas una copia original del contrato, al momento de la inspección solo había construido dos de las tres estaciones de pesaje y solo hasta 2012 terminó la construcción de la que faltaba. El contrato preveía que seis meses después de ordenada el acta de inicio se debía contar con las tres estaciones; es decir, en octubre de 2008. Sin embargo, en octubre de 2011, tres años después, cuando la Contraloría realiza la inspección es cuando se encuentra la inconsistencia. Cada estación tiene un costo aproximado de $3.000 millones.

Dinero buscó al ingeniero Gustavo Rodríguez, presidente de la constructora Grodco. El directivo explicó que el anexo B de junio de 2006 (anterior a la firma del contrato) establece la construcción de dos estaciones que por eso no se había construido la otra infraestructura y que todo obedeció a una confusión. También explica que problemas con la compra de predios en la zona dificultaron la construcción de la tercera estación. Grodco reitera que nada tuvo que ver con el cambio en el contrato electrónico que usaba la ANI y que ha actuado conforme a la Ley.

El Gobierno, aunque no acusa directamente a Grodco, contrapuntea y sostiene que desde un principio se habló de las tres estaciones y que así quedó en el contrato que finalmente se suscribió. Adicionalmente, la Agencia explica que el tema de la compra de predios es responsabilidad del concesionario por lo que no puede convertirse en una excusa.

Los hechos son contundentes y el informe de la Contraloría, concluyente. “Al momento de hacer una visita a la concesión (21 al 23 de noviembre de 2011), la CGR encontró en funcionamiento solamente una de las dos estaciones fijas, la correspondiente a Lebrija. En Rionegro no se ha construido, y la estación de pesaje móvil se encuentra operando pero no cumple con las especificaciones dadas en el contrato de concesión”, afirma el informe.

Para completar, la interventoría de la obra estaba a cargo de empresas vinculadas al Grupo Nule, por lo que el trabajo de control fue más que deficiente.

Ante estos hechos, la CGR abrió un acto administrativo contra el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, por las deficiencias en el seguimiento a los contratos. Para evitar otro ‘golazo’, la Agencia tomó la decisión de contrastar todos los contratos de concesiones en sus dos versiones, papel y electrónico.

Otras dos ‘perlas’

Otro hecho que tiene este contrato en la mira está relacionado con un pago que se realizó a Grodco por cerca de $40.000 millones. El contrato de concesión suscrito entre la empresa y el gobierno anterior preveía una cláusula más que exótica y nunca antes vista en la ingeniería nacional. El documento establece que quien se quedara con esta concesión debía recibir los dineros recaudados durante los meses anteriores a la adjudicación del contrato y que correspondían a dos de los peajes de la región.

El recaudo en mención ascendió a unos $19.000 millones, pero por problemas burocráticos y legales, el giro tardó dos años y medio en concretarse y Grodco pidió intereses por la demora. La ANI cree que el Inco no hizo una correcta liquidación y que la constructora recibió dinero de más.

El otro caso que tiene enfrentados a la ANI y a Grodco está relacionado con el supuesto derecho adquirido que tienen los concesionarios del país para ampliar el volumen de obras a ejecutar, algo que se denomina alcance progresivo.

El actual Gobierno no está de acuerdo con ampliar las concesiones utilizando este instrumento, mientras que algunos concesionarios como Grodco afirman que el asunto no es opcional y que la Ley 1150 de 2007 lo establece.

Este tema está en el Tribunal de Arbitramento y, si finalmente se da la razón al constructor, podría ejecutar infraestructuras nuevas valoradas en $1 billón de pesos, unas 10 veces más del volumen de obras inicial.

Este caso debe sentar un precedente en vísperas del inicio de la mayor oferta de contratos viales en la historia del país. Esa platica no se puede perder.
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