| 7/25/2013 6:00:00 AM

Contra la pared

El alboroto por los paros tiene en aprietos al gobierno del presidente Santos. Muchos se preguntan si su estrategia de no casar peleas le puede costar la reelección.

La agitación social ha convertido varias zonas del país en todo un hervidero. Ya es posible comparar este capítulo del gobierno Santos con lo vivido hace exactamente 36 años, en septiembre de 1977, tras el paro cívico que agitó a la administración del entonces presidente Alfonso López Michelsen.

En estas cuatro décadas se han presentado protestas en sectores específicos, pero pocas veces el ambiente de insatisfacción era tan generalizado. Protestan los cafeteros, los mineros, los paperos, lo paneleros, los camioneros, los estudiantes, los funcionarios de la rama judicial, los trabajadores de Medicina Legal, etc., etc., etc. Si las cosas siguen así, el próximo 19 de agosto se podría concretar el que ha sido llamado “paro nacional agrícola”, una verdadera prueba ácida para el actual mandatario.

Lo que muchos se preguntan es si la administración Santos dejará crecer el avispero o logrará encontrar una salida al que se ha convertido en el principal problema de su gobierno: la agitación social. Todo parece indicar que el Primer Mandatario se ha equivocado pues su “talante conversador”, que le ha servido para no casar peleas con nadie, se convirtió en ineficaz para resolver las demandas de muchos sectores.

Al análisis de esta realidad es necesario acudir con mucho equilibrio: las protestas no pueden descalificarse simplemente con el argumento de la infiltración de los violentos; tampoco se pueden justificar los desmanes como el saqueo y el bloqueo de vías. La insatisfacción de algunos sectores no puede llevar a la parálisis nacional. Por eso, al enfrentar estas dificultades es necesario ir con precisión de cirujano.

Razones de insatisfacción

La primera pregunta que vale la pena responder es si este tipo de protestas se justifica hoy. Y la respuesta es sencilla y contundente: sí. El país tiene demasiadas deudas pendientes.

Aunque ha habido avances (como reducción de la pobreza y aumento en los servicios estatales), eso no ha sido suficiente. El Catatumbo es un ejemplo claro de cómo los gobiernos no resuelven los problemas. Qué decir de la lamentable situación en muchos sectores del agro colombiano o de las condiciones laborales y de subsistencia de los mineros.

El hecho de que en Colombia haya razones de protesta en cada esquina, da paso a la siguiente pregunta: ¿se justifica el uso de violencia, bloqueo de vías e incendio de vehículos para manifestar la insatisfacción? Claramente en este caso la respuesta es no. La única manera en que la protesta social se convierte en legítima es sin el uso de la violencia. El uso de todas las formas de lucha está completamente desacreditado en Colombia desde hace décadas.

El otro hecho cierto es que esta clase de movilizaciones está sirviendo para que se alboroten intereses políticos y económicos. Esta clase de posiciones es más difícil de deslegitimar, pues se trata de intereses mucho más sofisticados. Ese es el caso del senador Jorge Enrique Robledo, quien se encuentra sintonizado con todas las manifestaciones sociales vigentes hoy, y a quien le asiste el derecho de ponerse del lado de quienes lideran la protesta.

Por eso, el gobierno Santos se equivocó al tratar de señalarlo por tener vínculo con las protestas de los cafeteros y los mineros: no se necesitaban evidencias para llegar a esa conclusión, pues el propio Robledo desde el Congreso ha liderado debates a favor de las causas cafetera, minera y agrícola. Lo que más suena descabellado es acusarlo de promover la violencia; nadie cree eso de alguien que se ha mantenido del lado de la democracia dando la pelea con ideas y discursos, que no les gustan a muchos, pero que forman parte del abanico ideológico vigente hoy.

Los otros intereses más sofisticados son los económicos. Los paros están resultando muy eficientes para obtener acceso al Presupuesto General de la Nación. Los cafeteros, los paperos y los paneleros han obtenido importantes tajadas de recursos públicos gracias a sus manifestaciones sociales.

En el caso cafetero hay muchos que están encontrando en las ayudas del presupuesto nacional el gran salvavidas para actividades que en muchas zonas ya no tienen futuro. Pero aquí la elasticidad es mucho menor: es imposible que se termine decretando el plan de gastos del país por vía de la protesta social; el ejercicio presupuestal es asunto del Congreso y los recursos, aunque abundantes, siguen siendo limitados. Aquí el presidente Santos necesita poner coto en algún momento, pues los billones que cuesta desactivar los paros podrían ser un problema fiscal en el mediano plazo.

Sin duda, Santos tiene en las protestas sociales el gran reto para su último año de gobierno. En medio de un Proceso de Paz, con los evidentes logros de los últimos años, como la reducción de la pobreza, el aumento de la inversión social, la reducción del desempleo y los mejores indicadores de crecimiento, su próxima movida frente a estas movilizaciones puede resultar definitiva para sus aspiraciones de reelección.

Enfrentar la violencia e impedir bloqueos de vías o desmanes en las poblaciones son la premisa inicial. Santos no puede aceptar que pongan contra la pared a todo el país.

Pero, de otra parte, tiene que resolver realmente los problemas. Todo indica que a varios de sus Ministros el reto les está quedando grande: el de Minas y Energía, Federico Renjifo, no ha podido desactivar el paro minero; el recién llegado al de Agricultura, Francisco Estupiñán, se le viene encima el paro nacional agrícola; el asesor del diálogo social, Lucho Garzón, no pudo detener los desmanes del Catatumbo.

Si algo ha puesto en evidencia toda la protesta de los últimos meses, es la incapacidad del Gobierno para manejar estos problemas. En los próximos meses, el panorama político puede alterarse por cuenta de quienes han puesto al presidente Santos contra la pared. Lo que está en juego, definitivamente, es la posibilidad de reelección del Primer Mandatario.

Lo más peligroso de que se consolide una ola de insatisfacción social, es que se abran paso candidaturas presidenciales populistas. Un panorama que casi nadie quiere.
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