| 4/28/2016 12:00:00 AM

El pleito de Invercolsa cumplirá 20 años sin solución

El caso Invercolsa sigue vivito y coleando. Dos movidas jurídicas más alargan un proceso que está a punto de completar 20 años y nada que se cierra.

Un litigio jurídico y empresarial ya va a completar 20 años sin solución definitiva: se trata del famoso escándalo de Invercolsa. Ahora, dos nuevos procesos mantienen abierto uno de los más polémicos litigios comerciales en la historia del país.

Esta es una historia de vieja data, que comenzó a mediados de los 90, cuando el abogado y exministro del Interior, Fernando Londoño, adquirió un paquete de acciones de Invercolsa por $9.000 millones, durante el proceso de privatización de esta compañía, entonces 100% propiedad de Ecopetrol. Para la petrolera, Londoño no tenía legitimidad para adquirir estas acciones, pues el proceso estaba destinada exclusivamente a los empleados de la firma, tal como lo establecía la ley de privatizaciones. En mayo de 1997 se destapó el escándalo y desde entonces y hasta la fecha se ha mantenido la polémica.

En estas dos décadas muchas instancias judiciales han declarado viciada esta operación y, aunque ya hoy las acciones son propiedad de Ecopetrol, dos procesos adicionales que han radicado los abogados del bufete Gaitán Bermúdez, que representan a uno de los involucrados en el tema, han enredado de nuevo la pita. La historia es la siguiente.

Cuando Fernando Londoño adquirió las acciones, lo hizo gracias a un préstamo del Banco del Pacífico; los papeles de Invercolsa quedaron como garantía de esa deuda. Posteriormente la firma Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib) compró esa cartera y el contrato y la prenda respectiva quedaron a nombre de esta firma radicada en Panamá. Al empezar el litigio, las dos polémicas eran, primero, de quién eran las acciones y, segundo, qué pasaba con el crédito con el que Londoño financió la compra del paquete accionario. Lo de la propiedad de las acciones quedó en claro, porque el Consejo de Estado reversó la operación y dejó las acciones a nombre de Ecopetrol; sin embargo, para Afib, todavía es motivo de litigio tanto el préstamo como la prenda del mismo.

Las dos últimas movidas corresponden al esfuerzo de los representantes de Afib por inscribir en los registros colombianos las acciones de Invercolsa como prenda de la deuda: el primer proceso es “un declarativo” ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, donde se pide inscribir en el libro de accionistas de Invercolsa las acciones del litigio como prenda a favor de Afib, la firma panameña.

El otro caso es la inscripción de las acciones de Invercolsa como prenda de esa misma deuda en el nuevo Registro de Garantías Mobiliarias, una figura que apareció en la ley 1676 de 2013. Ese registro ya tuvo lugar y, como respuesta, Ecopetrol pidió a la Superintendencia de Sociedades declararlo nulo. Sin embargo, en fallo de primera instancia, un superintendente delegado de la Superintendencia de Sociedades les dio la razón a los representantes de Afib y ratificó el registro.

La petrolera recurrió esta decisión y le pidió de nuevo a la superintendencia anular el registro. El superintendente Francisco Reyes, que ha sido asesor de Ecopetrol, se declaró impedido y por eso el Gobierno nombró un superintendente ad hoc: Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Industria y Comercio, quien se pronunció argumentando que el tema debe ser resuelto por el mismo superintendente delegado que tomó la decisión en primera instancia.

Ecopetrol apeló esta decisión y ahora se espera un pronunciamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Lo que se prevé es que, nuevamente, la decisión final quede en manos de un juez. Así que, por este lado, la cuerda del proceso sigue enredada.

La contraparte

Según José Alberto Gaitán, abogado que defiende los intereses de Afib, con estos dos procesos buscan mantener vigente su alegato central: que la prenda sobre las acciones de Invercolsa sigue viva, porque el crédito con el que fueron adquiridas las acciones nunca fue pagado.

“Nosotros no estamos discutiendo la propiedad de las acciones”, aseguró Gaitán en diálogo con Dinero. El abogado explicó que, en su consideración, la deuda nunca ha sido pagada: lo único cierto para Afib es que Fernando Londoño se hizo a un crédito para adquirir las acciones y, al comprar esas acciones, la plata entró a la caja de Ecopetrol. Por la vía judicial, el negocio quedó anulado y las acciones quedaron en manos de la petrolera, pero hasta ahora los recursos con los que fueron comprados esos papeles no han sido devueltos.

Para Gaitán, ese pasivo sigue creciendo. El préstamo inicial era de unos US$8 millones. El más reciente concepto oficial sobre la deuda que adquirió Fernando Londoño con el Banco del Pacífico y que luego fue trasladada a Afib iba en US$20 millones, contando capital e intereses. Este es el cálculo de liquidación de la deuda de un juzgado en 2010. Gaitán asegura que, según sus cuentas, esa cifra podría ir actualmente por encima de los US$30 millones.

El abogado aseguró que si la Superintendencia de Sociedades o el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá fallan a su favor, pedirá que se haga efectivo el embargo de las acciones, por cuenta de esa deuda que en su consideración sigue vigente.

Para Gaitán es claro que esto se resolvería, si simplemente Ecopetrol decidiera pagar la deuda.

Por su parte, en Ecopetrol consideran que el tema ya es cosa juzgada y que en varias de las instancias se consideró nula la operación, y se castigó pecuniariamente a los implicados, que perdieron lo pagado; por eso, no hay dinero para devolver.

El lío con las acciones de Invercolsa ya ha llegado a las tres más importantes Cortes del país –Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado– y cuenta con varios procesos vigentes, como los dos que instauró el año pasado la firma de abogados Gaitán-Bermúdez. En total han sido seis procesos que incluyen uno administrativo, uno ordinario, una acción de tutela y hasta una acción popular.

Aun así, el lío de las acciones de Invercolsa no se resuelve. Esto muestra lo intrincado del sistema judicial colombiano, que no le ha dado razón de manera definitiva a la opinión pública sobre uno de los más polémicos casos empresariales de los últimos años. Ya es hora de que la justicia llegue.

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