| 7/22/2015 12:00:00 AM

¿Descontento entre el Gobierno y Uber nos dejará varados?

El Gobierno ha pensado en bloquear la aplicación Uber, que lo ha puesto contra las cuerdas. ¿En qué va la discusión y qué tan viable es esta medida?

Con la información que se conoció sobre el interés del Gobierno de evaluar la posibilidad de realizar un bloqueo tecnológico a la aplicación Uber, volvió a tomar impulso el debate sobre este servicio de transporte y la competencia que ha generado a uno de los gremios más poderosos del país: el de taxistas.

De hecho, la noticia se conoció apenas unos días antes de un eventual paro que estarían planeando los taxistas para finales del mes de julio. Dinero estableció que durante los últimos días, al interior del Ministerio de Transporte, al igual que en la cartera de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC), se han realizado varias reuniones analizando los posibles escenarios para una eventual intervención.

Estos escenarios pasan básicamente por tres instancias: una intervención de la Superintendencia de Transporte, el pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un eventual conflicto por competencia desleal y, el más extremo, la intervención del MinTIC para bloquear el uso de la aplicación.

El viernes 17 de julio, el MinTIC expidió un escueto comunicado en el que advirtió que “no puede bloquear o suspender aplicación alguna. De acuerdo con lo previsto en las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, así como en la normativa expedida por la CRC respecto al principio de Neutralidad de Red, no está dentro de las funciones del Ministerio TIC declarar la ilegalidad, ilicitud o restringir el uso de aplicaciones o contenidos, ni la de ordenar bloqueos a los proveedores de internet”.

Y agregó que, de ordenarse el bloqueo por una instancia legal, judicial o administrativa, “el Ministerio TIC solo está facultado para verificar que la orden de bloqueo sea ejecutada por parte de los operadores (ISP)”.

Uber, por su parte, también se pronunció y señaló quela regulación de la movilidad y el futuro del libre uso de internet en Colombia no pueden definirse bajo la amenaza de las vías de hecho y en favor de viejos monopolios que controlan y se lucran de los cupos de taxis”.

Añade que “el camino que pretenden tomar el Ministerio de Tecnologías de la Información, el Viceministro Enrique Nates y el Superintendente Javier Jaramillo no solo sacrifica la libre competencia sino que condena la innovación tecnológica en el país a un futuro de incertidumbre jurídica”.

Bajo este panorama, ¿qué camino sigue? Todo indica que el ‘balón’ está en la cancha de las Superintendencias que, al cierre de esta edición, aún no se habían pronunciado. La Superintendencia de Transporte anunció que en los próximos meses continuarán las sanciones contra las empresas del sector y los conductores que sigan utilizando estas aplicaciones. “Hace pocos días se impusieron 23 sanciones a empresas y conductores que prestaban este tipo de servicios ilegales. Las sanciones son de todo tipo: económicas, cancelaciones de licencias y actos administrativos”, explicó un portavoz de la entidad. La Superintendencia aclaró que no puede sancionar directamente a Uber, debido a que no se trata de una empresa de transporte como tal. “El problema aquí no es la tecnología sino el servicio ilegal que algunas empresas y personas prestan a través de ella”, agregó el vocero.

Entre tanto, en la SIC hay siete demandas que tienen relación con estos servicios de transporte que cobijan a varias aplicaciones. En el caso específico de Uber, tiene dos por competencia desleal, pues según los demandantes hay una violación de normas que le da a esta firma una ventaja competitiva, especialmente en el caso de los cupos.

El papel de la SIC será clave en el proceso. Por una parte, la entidad actúa como juez que debe dirimir un conflicto entre dos partes; y, por otra, a través del Ministerio de Transporte también se han hecho remisiones de cartas o quejas a la SIC para que a la luz de sus funciones administrativas investigue una posible práctica restrictiva de la competencia.

El pulso entre taxistas y Uber no terminará acá, pero tal vez lo más complejo serán las señales que se envíen. Sin duda, el mayor reto es reglamentar la operación, pues ha quedado demostrado que los negocios van siempre mucho más rápido que las regulaciones. Las medidas en términos tributarios y laborales, por mencionar solo dos temas, serán fundamentales para armonizar las operaciones. Además, es necesario buscar salidas, como en México, con el incremento de tarifas y una mayor segmentación en el caso de Uber.

Pero la mayor preocupación es estructural. Si toma fuerza el bloqueo a Uber, se generaría un pésimo antecedente para la denominada economía de internet, pues luego podrían venir presiones de otros sectores económicos –como los hoteles o las agencias de viajes– y empresas como Airbnb y otras plataformas podrían quedar inmersas en este debate.

Al Gobierno le llegó la hora de pensar con cabeza fría y estructurar un proceso de regulación y reglamentación que no frene la avanzada tecnológica.
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