| 9/16/2015 7:00:00 PM

El Congreso define el futuro de la televisión colombiana con Netflix como protagonista

En el Congreso avanzan varios proyectos de ley de televisión y algunos con propuestas más agresivas sobre cierto tipo de ofertas. ¿Todos contra Netflix?

Mientras la agenda legislativa se concentra en el proceso de paz, el análisis del presupuesto de 2016 y el seguimiento de los problemas fronterizos, con muy poca ‘pantalla’ cuatro proyectos de ley en torno al futuro de la televisión empiezan a cuajar en sus debates.

Dos vienen del interior de la televisión comunitaria, en el que se destaca el del representante Iván Agudelo. Sin embargo, no son los únicos. Los otros dos tienen ‘cargas de profundidad’ muy grandes para el sector y podrían transformar la industria, provocando un verdadero tsunami. Sus protagonistas son la senadora María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones, y el representante Diego Patiño.

¿Cuáles son los grandes cambios? El de la senadora Guerra redefine, según ella, la política y la regulación en el sector para hacerlas compatibles con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones por la convergencia tecnológica, aunque para algunos analistas el proyecto no logra definir concretamente la convergencia, y elimina barreras de entrada, para lo cual se crearía un título habilitante que permite prestar el servicio de televisión con la excepción de que, si exige uso del espectro, debe tener permiso y abrirse una subasta que lo pueda adjudicar. 

También busca fortalecer la televisión pública y ha despertado la polémica por la forma en que se adjudicaría el tercer canal de televisión, dejando por fuera a los actuales concesionarios del Canal Uno. 

Mi proyecto sí tiene más un contenido técnico y regulatorio que una regulación de contenido, entre otras cosas porque es mejor que la regulación de contenido quede en cabeza de la ANTV. Vamos a trabajar en incorporar unos artículos en el tema de contenidos para dejar en igualdad de condiciones a los jugadores locales con los del extranjero”, dice Guerra.

Sin embargo, tal vez el que trae una batería mucho más recargada es el proyecto del representante Patiño, que no solo habla de que debe primar el interés general sobre las transmisiones especiales (ver recuadro), sino también de una transformación en la televisión, pues se refiere a un cambio de objeto: provisión de servicios de comunicación audiovisual y de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones. 

Esto, a juicio de algunos analistas consultados por Dinero, hace que todos los que presten servicios audiovisuales a través de redes de telecomunicaciones en Colombia estén sujetos a la regulación de televisión y eso significa que no pueden operar a menos que tengan una licencia de prestación de servicios de telecomunicaciones. Es decir, deja de ser productor de contenidos y se vuelve una red, cambiando su naturaleza legal. 

¿Con nombre propio?

En la oferta de contenidos audiovisuales, hoy el panorama es mucho más amplio que el de hace unos años. A estos nuevos jugadores se les conoce como Over The Top (OTT) y, como Netflix, prestan sus contenidos sobre internet aprovechando las redes de telecomunicaciones de los jugadores establecidos. 

Pero también están transformando la forma de consumir contenidos en el mundo, pues se juntan varios factores: redes de mayor capacidad, más penetración de internet y un mercado de televisores inteligentes con la conectividad directa a la red, donde la televisión por suscripción y hasta la abierta empiezan a ver cómo sus negocios son amenazados.

Y Colombia no es la excepción. Según cálculos del Gobierno, Netflix puede tener hoy en el país cerca de 600.000 usuarios que pagan mensualidades desde $14.000 para acceder a películas, series y un contenido preferencial. Las advertencias a la industria en general –televisión abierta y por suscripción– ya están sobre la mesa: se estima que 26% de las personas que tienen tanto servicios de televisión por suscripción como la posibilidad de acceder por internet a sus contenidos preferidos, terminan cancelando el primero.

Colombia tiene una plataforma de televisión muy regulada y otros proveedores como los OTT, que no están regulados, en un mismo mercado y disputando el mismo usuario. Con un agravante: los recursos no se quedan en el país, ni siquiera en la región, sino que van al exterior. Según el estudio El ecosistema y la economía digital en América Latina, de Raúl Katz –patrocinado por la Cepal, CAF, Fundación Telefónica, entre otros–, de los 100 sitios más populares solo 26 son locales y 63% del tráfico de la región es internacional, en especial hacia Estados Unidos.

En el caso de Netflix y otras OTT, no pagan impuestos, ni espectro ni despliegan infraestructura. Los operadores –tanto de televisión abierta como por suscripción– han querido entrar a jugar en ese campo con desarrollos como Caracol Play, Claro Video o los servicios que prestan MoviStar Video y Une a sus abonados.

La preocupación es que ahora, al quererlos igualar, seguramente ellos van a terminar siendo los gravados y regulados, pues como se pregunta un ejecutivo del sector, “¿cómo van a regular internet y en ese sentido a Netflix? Se crean asimetrías y lejos de ordenar el sector para que se desarrolle la industria audiovisual, lo que hace es profundizar las diferencias entre los que estamos desarrollando contenido local y las OTT extranjeras”, dice.

¿Cómo enfocar la discusión? Para algunos el legislador colombiano debería tener propuestas, con unas regulaciones simétricas y que el arbitraje regulatorio no sea tan grande. “Lo que no podemos seguir haciendo es metiendo la cabeza en la arena”, dice un experto. 

Otros consideran que lo importante es nivelar el campo de juego. “Las reglas del juego deben ser pocas y simples, pero para todos. Por ejemplo, qué pasa con los impuestos. Por qué unos pagamos y otros no. Los proyectos no logran esto y lo que hacen es profundizar las diferencias”, dice un empresario. 

Este es un proceso que está en construcción no solo en Colombia sino en todo el mundo. Una de las propuestas es que la discusión no sea local sino regional para tener un mayor músculo frente a los OTT. “Más que como un país, debería ser una discusión desde la Alianza del Pacífico como bloque o la misma Latinoamérica, buscando consensos regionales para aprovechar los volúmenes de los negocios que se están yendo”, agrega el empresario.

Por ahora, la discusión apenas se va a abrir y más allá de un tema de forma, si se acumulan o no los proyectos para su análisis y debate, este es un momento clave para construir el mercado de contenidos hacia el futuro.

¿Eventos para todos? Uno de los proyectos busca que se transmitan por televisión abierta o cerrada sin pago de derechos los eventos considerados de interés nacional. Otro debate.

Hace apenas unas semanas, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) logró uno de sus mayores negocios de los últimos tiempos: Claro, Telefónica y Tigo Une incorporaron a sus parrillas de programación el canal WinSports, que incluye la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano. Solo en ingresos por televisión, la Dimayor recibirá en diez años cerca de $1 billón.

El proyecto de ley del representante Diego Patiño advierte que los contenidos de carácter e interés nacional tendrán que transmitirse en forma masiva, en los que se incluyen los Juegos Olímpicos, los partidos de la Selección Colombia, la final y semifinal de la Copa América, las competencias deportivas donde participe al menos un colombiano y hasta el Festival Iberoamericano de Teatro y la entrega de los Premios Nobel.

Si bien para unos prima el interés nacional sobre el particular, para otros las exclusividades en los eventos les permitieron generar una oferta diferencial y crecer en su audiencia, como lo hizo DirecTV en los últimos años. “El día que esto se caiga se desbarata esa estrategia y rompe los esquemas de negociación de eventos”, dice un analista.

No es claro cuál será el mecanismo para implementarlo y si es algo parecido a lo que hizo Argentina hace unos años cuando el gobierno decidió quedarse con los derechos de transmisión del fútbol en ese país. “En medio de un proceso de austeridad del Gobierno, ¿se tendrá la capacidad para pagar esos derechos?”, se pregunta el ejecutivo de un canal privado.
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