| 8/5/2015 7:00:00 PM

Un nuevo episodio del dilema de los constructores de carreteras con las comunidades

Un par de comunidades tienen en jaque la construcción de la doble calzada Córdoba–Sucre. ¿Mala señal para el futuro de las 4G?

La demora del Gobierno para radicar ante el legislativo un proyecto de ley que modifique la forma como se expide la consulta previa tiene en jaque a más de un proyecto vial en construcción, y siembra serias dudas sobre el éxito que pueda tener el programa 4G.

El primer campanazo de alerta lo acaba de dar el concesionario Córdoba–Sucre, cuyo gerente, Juan Manuel Mariño, advierte que dos fallos de la rama judicial podrían llevar a la parálisis de las obras en este corredor.

“Las tutelas no nos obligan como tal a parar las obras, pero como las comunidades demandantes piden cambiar el diseño y trazado de la vía, lo más natural es esperar qué decisión se toma”, dice Mariño.

Según la concesión, entre los años 2011 y 2013 se realizó todo el proceso de consultas previas y licencias con las comunidades que estaban censadas en ese entonces por el Ministerio del Interior. “Ahora aparecen estas dos comunidades con casas y bohíos nuevos reclamando más cosas”, agrega Mariño.

Se trata de las comunidades indígenas Chinchelejo y La Negra a las que los tribunales les dieron la razón, vía tutelas. La concesión afirma que está negociando con ellas y que entre las solicitudes están la construcción de unos senderos peatonales y túneles para el paso de animales.

A esto se suma el caso de la brasileña Odebrecht, empresa que anunció que acudirá a los tribunales de arbitramento sino prospera y se concreta una conciliación que adelanta con el gobierno colombiano. La multinacional reclama unos $700.000 millones producto de sobrecostos asociados a líos en la expedición de licencias.

Sobre este caso, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, asegura que se trata de “amenazas que no tienen fundamento y que se sustentan en cifras absurdas”. Agrega que el caso con Odebrecht se encuentra en la etapa de conciliación ante la Procuraduría y advierte que buena parte de los retrasos en esa obra se deben a la baja velocidad en la construcción de la base y sub-base de la carretera.

Con respecto al problema de Córdoba–Sucre, Andrade afirma que algunas “interferencias del sector judicial pueden generar inconvenientes” en la ejecución.

La ANI explicó que la directiva presidencial de 2013 ha permitido reducir los tiempos para sacar adelante las consultas en menor tiempo, pero que el tema se complica cuando el Ministerio del Interior certifica unas comunidades y luego las Cortes hacen lo propio con otras.

Es necesario reglamentar la relación con las comunidades: viene el programa vial más ambicioso y multimillonario en la historia del país, 4G, que además estará acompañado de varias alianzas público-privadas que necesitarán claridad en los procesos.
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