| 3/16/2017 12:00:00 AM

Así serán los próximos capítulos de la novela de Electricaribe

La Superservicios ordenó la liquidación de Electricaribe y ahora busca el operador que preste el servicio en la Costa. Entre tanto, el litigio internacional entre Gas Natural Fenosa y el Estado colombiano continúa su camino. La historia está lejos de terminar.

El pasado martes 14 de marzo, cuatro meses después de que la Superintendencia de Servicios Públicos hubiese intervenido a Electricaribe, la entidad de vigilancia anunció la liquidación de la empresa.

La decisión se adoptó, según la Superintendencia, tras comprobar que la compañía no está en capacidad de financiar inversiones anuales con los flujos de caja esperados en el futuro. Las inversiones mínimas son de $246.000 millones anuales por cuatro años y la compañía no podía generar flujos suficientes para pagar esas obligaciones y cumplir con esos planes de inversión.

Este tema es clave en una empresa de servicios públicos, pues es necesario garantizar la calidad de la prestación a los usuarios.

Además, a la Superservicios tampoco llegó durante estos meses ninguna propuesta de la empresa española Gas Natural Fenosa, máximo accionista de Electricaribe, para hacer esas inversiones.

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Como advierte José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, “la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación”.

Este es el capítulo más reciente de la historia de Electricaribe. Desde hace varios años, la empresa venía arrastrando profundos problemas financieros, por sus deudas y las dificultades en la compra de energía. Además, cargaba también el lastre de un mal servicio –que llevó a una cultura del no pago– y del incumplimiento en las inversiones pendientes en el Plan5Caribe, que ascendían a $1,1 billones.

El nivel de los pasivos llegó a $2,4 billones. De ellos $1,8 billones corresponden al sector financiero, más de $400.000 millones a los generadores de energía y unos $250.000 millones para los demás proveedores. Estas deudas siguen congeladas y suspendidos los pagos.

Si bien la cifra de la cartera a los bancos es cuantiosa, según Asobancaria no compromete la estabilidad del sector por varias razones. Una, los recursos están provisionados y no hay sorpresa sobre el balance de los bancos; la segunda, la cartera no está centralizada en ningún banco y está atomizada en el sector, y la tercera, que pesa 0,77% de la cartera comercial y 0,43% de la cartera total.

De otro lado, falta por incluir en la cifra el valor de los pasivos pensionales, inicialmente calculado en $690.000 millones, pero que está en proceso de revisión para determinar si la suma es mayor.

La novela

Ahora, esta novela tendrá nuevos capítulos. El primero, la liquidación de la compañía, que va encaminada a vender los activos para pagar las deudas. Allí avanza un proceso de valoración que se adelanta con diferentes metodologías, como flujo de caja libre descontado o el valor en libros. “En cualquiera de ellos el valor es bastante bajo. En el primero, por la difícil situación financiera de la compañía y, en el segundo, si se hace una depuración de las cuentas por cobrar de más de 180 días y se revisan los pasivos a ver si están bien registrados”, advierte una fuente cercana al proceso.

El segundo capítulo corresponde a la búsqueda del operador que, en adelante, preste el servicio de energía en esa región. Mucho se ha especulado sobre quién podría llegar, incluso el congresista David Barguil ha propuesto a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que opere esta región del país.

Sin embargo, el proceso apenas empieza y podría tardar cerca de un año, periodo en el que la empresa seguirá prestando el servicio bajo la vigilancia de la Superintendencia. Por ahora se trabaja en la selección de la banca de inversión, las firmas de abogados y la preparación del cuarto de datos y el proceso de debida diligencia.

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De hecho, se abren varios frentes a la hora de escoger el operador y determinar qué pasa si hay restricciones para algunos de ellos, por ejemplo desde el punto de vista regulatorio y de competencia.

La Ley 143 de 1994 en energía establece unos criterios sobre cuándo hay una concentración anticompetitiva en el mercado. Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), es hasta 25% del mercado en la comercialización. En ese caso, jugadores como EPM tendrían dificultades para acceder. Sin embargo, según fuentes del Gobierno, para cambiar el tope, la Creg debería simplemente emitir una nueva resolución.

Otro aspecto es si se mantendrá o no la condición de que sea un solo jugador el que atienda la región o si habría la posibilidad de ‘fraccionar’ los mercados. “Tenemos que asegurar que sea el mayor precio posible y el mejor plan de inversiones para la Costa. Si eso se logra con un mercado o con siete escogeremos la opción que mejor asegure esa finalidad. Contamos con simulaciones sobre cuál escenario arrojaría el mayor valor, pero como esto va a ser un proceso competitivo, será el que ofrezca más por la porción que más valga”, agrega Mendoza.

Incluso, consultados miembros del Gobierno sobre si Gas Natural Fenosa podría, eventualmente, participar en el proceso o la firma estaría inhabilitada, la respuesta fue: “claro que puede”.

El litigio internacional

En medio de este panorama, la controversia internacional que planteó Gas Natural Fenosa contra el Estado colombiano al amparo del acuerdo de protección de inversiones entre España y Colombia sigue su rumbo.

En un comunicado fechado en Barcelona, la firma española asegura que, tras la decisión de la Superservicios, “no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el acuerdo bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente”. Aunque no hay una cifra oficial, medios en España advierten que las pretensiones de Gas Natural Fenosa superarían los 1.000 millones de euros.

Sin embargo, Gas Natural Fenosa no pierde la fe de llegar a un acuerdo y dice en su comunicado que “ratifica su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes. La decisión de liquidar Electricaribe es contraria al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de la inseguridad normativa existente en el país, debido al fraude e impago padecido”.

El proceso internacional lo planteó Gas Natural Fenosa a mediados de 2016. Aunque está prevista una etapa de arreglo directo que, según los españoles, ya habría vencido, para el Gobierno de Colombia esa posibilidad sigue viva, pues solo se vino a notificar a finales del año pasado.

Inicialmente, Gas Natural Fenosa argumentó “trato justo y equitativo”. Ya con la orden de liquidación de Electricaribe, la figura podría cambiar a la de “expropiación”, en el proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi).

En medio de esta situación se plantea una nueva discusión jurídica: si la decisión de la Superservicios sobre la liquidación tiene o no reversa. La pregunta es ¿qué pasaría, por ejemplo, si en medio de la demanda internacional las partes llegan a un acuerdo?

Todo indica que la historia de Electricaribe lejos de terminar promete tener nuevos ingredientes para alimentar la novela.

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