| 3/5/2015 4:10:00 PM

Nada está ganado

A pesar de los avances en el proceso penal contra los cerebros de InterBolsa y el Fondo Premium, la posibilidad de recuperar los dineros está embolatada. Las víctimas siguen a la expectativa.

En noviembre de 2012, cuando estalló el mayor escándalo del mercado de valores en la historia de Colombia, el hoy malhadado Fondo Premium tenía un valor en libros de US$172 millones. Casi 30 meses después, nadie sabe cuánto dinero hay para devolverles a las personas que habían depositado sus ahorros en ese mecanismo de inversión.

Esa es la tragedia real de esta historia. Casi todos los ahorradores del Fondo eran personas que de buena fe habían depositado sus recursos en espera de un retorno aceptable. Allí había de todo, desde pensionados, pasando por funcionarios públicos hasta inversionistas que hicieron una apuesta y perdieron catastróficamente.

Según Alejandro Revollo, agente liquidador del Fondo, la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial dentro de la intervención. “Con el inicio de este proceso es necesario acometer las diligencias de inventario y la valoración técnica de todos los bienes. Además, tenemos que avanzar en la graduación de créditos y hacer la convocatoria para aquellos acreedores distintos a Premium”, explicó.

El proceso final será la venta o adjudicación de activos. La meta es que este proceso se surta dentro del próximo año y medio.

Sin embargo, aunque el camino por recorrer está claramente delineado y Revollo aseguró que está comprometido con acelerar el paso cuanto pueda, el gran interrogante es si se podrá recuperar toda la plata que los inversionistas tenían allí.

“Hay gran cantidad de bienes y se ha estimado que esos activos pueden ascender a $500.000 millones. Sin embargo, allí están saldos por $280.000 millones de cartera por cobrar de créditos que está en pésimas condiciones y su recuperabilidad es relativa”, afirma.

Se refiere a préstamos que el Fondo Premium les había hecho a muchos, dentro de los que se cuentan no solo compañías vinculadas al empresario Víctor Maldonado, quien salió del país justo para la fecha de la audiencia judicial, sino a otros inversionistas. A lo largo de su existencia, el Fondo Premium les prestó plata a muchas personas naturales y jurídicas cercanas al grupo InterBolsa: Alessandro Corridori, la firma Azul y Blanco, Easyfly e inclusive la misma InterBolsa.

Además, dentro de los activos que tiene el Fondo para cumplir con sus obligaciones hay acciones de Fabricato y unos 150 bienes inmuebles entre apartamentos, locales y varias fincas.

Los problemas son dos: primero, activos como las acciones de Fabricato no tienen un precio fácil de establecer. Según las cifras de la Bolsa de Valores de Colombia, el precio de este papel está hoy en $10,10. Claramente puede estar muy por debajo de su cotización real, pero los problemas que ha enfrentado la textilera y el necesario plan de ajuste para enfocarse en los negocios más productivos muestran un panorama no muy claro sobre la posibilidad de recuperar valor. De otra parte está el eterno dilema sobre el valor de los lotes de Fabricato, que podrían representar una oportunidad muy interesante de negocios, pero sobre los que la junta de la empresa no ha tomado ninguna decisión. Sin embargo, esas podrían ser las cuentas de La lechera, hasta que no se analice el valor real de esos activos.

Otro problema con las propiedades del Fondo Premium es que igualmente hay muchos bienes en Colombia, pero cuya propiedad es de compañías extranjeras, la mayoría de ellas radicadas en Panamá, que no pueden ser intervenidas por una autoridad colombiana y cuyos dueños no pueden ser identificados. Si Panamá fue uno de los paraísos que buscaron los dueños de InterBolsa y el Fondo Premium para realizar sus operaciones, bien cabe esperar que la propiedad de algunas de ellas siga bajo el dominio de los protagonistas del escándalo.

Así pues, el siguiente paso de las autoridades debería ser consolidar una estrategia para impedir que alguno de los que hoy están judicializados por este lío pueda quedarse con algún bien que sirva para resarcir a las víctimas.

El otro frente de trabajo es lograr una buena liquidación de los activos. El agente tiene tres opciones para lograr este objetivo: primero, liquidar los activos del fondo saliendo al mercado a venderlos. Eso significaría poner en oferta las acciones o las propiedades para ver quién las compra. Aquí el principal riesgo es el de mercado, pues por ejemplo este no es el momento de vender las acciones de Fabricato.

La segunda opción para liquidar activos es asignarlos directamente a las víctimas. Eso significa que se les terminaría pagando en especie a los ahorradores damnificados. Esta sería una buena opción si se logra, por ejemplo, adjudicar bienes raíces o las mismas acciones, que podrían valorizarse en el mediano plazo. La gran pregunta es a qué precio deben recibir las víctimas esos activos. La tarea en este frente es de verdadera filigrana.

Finalmente, es claro que se necesita de toda una gestión de cobro sobre la cartera del Fondo para lograr recuperar lo que más se pueda.

“Actualmente hay 1.028 personas que se han inscrito como víctimas y a las que se les reconoció un valor por cerca de $320.000 millones como acreencia”, explica Revollo. Hay un factor adicional que complica la liquidación: al menos US$70 millones de las deudas del fondo están expresadas en dólares; esto quiere decir que el monto de los pasivos del Fondo Premium también aumentó en los últimos meses por cuenta de la devaluación del peso.

“Nosotros quisiéramos tener algo muy concreto no más allá de 18 meses, pero eso es muy relativo, porque esa gente (los protagonistas del escándalo) se va a oponer a todo”, agrega Revollo, tratando de anticipar el duro camino que todavía le queda a la liquidación del Fondo Premium.

Es claro que la Fiscalía avanza a pasos agigantados en el tema. La aceptación de tres cargos y la medida de aseguramiento contra Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y los otros protagonistas del descalabro es una buena señal.

Sin embargo, queda todavía mucho camino por recorrer en este aciago capítulo de la historia del mercado de valores colombiano.

¿Cuál será el desenlace? Con la aceptación de cargos, parece inevitable que los protagonistas terminen respondiendo penalmente, pero lo más complicado es que la plata de las víctimas, parece estar seriamente amenazada. Si eso termina siendo así, la aplicación de justicia no será completa.
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