| 7/22/2015 12:00:00 AM

El sistema pensional colombiano de camino a Grecia

Resolver los huecos en el sistema pensional es una de las solicitudes que le hizo la Unión Europea a los griegos. ¿Qué estamos haciendo para evitar la tragedia?

La discusión sobre la sostenibilidad de los sistemas pensionales está en las agendas del mundo. Todo por la mezcla de dos hechos que alteraron el tablero de juego: el envejecimiento de la población y el desafío de los Estados de financiar la supervivencia de un creciente número de personas mayores de 65 años.

De esta manera, si el objetivo de los Estados es impulsar la cobertura universal de ingresos para personas en la tercera edad, se debería disponer de los recursos para fondear estas demandas. De no contar con los mismos, los caminos para solventar dicha vicisitud son: aumentar el recaudo de impuestos o promover el endeudamiento nacional (postergando la obligación). En cualquiera de los dos casos, alguien debe pagar la cuenta: esta generación o las siguientes.

Recientemente, y en medio de una profunda crisis económica, los países de la Unión Europea le exigieron a Grecia, entre otros ajustes, hacer modificaciones a su sistema pensional como prerrequisito para evitar la salida de este grupo de países. Como es sabido, Grecia enfrenta un momento de bajo crecimiento económico y altos niveles de deuda pública, principalmente externa (170% del PIB), explicados en parte por fallas en el proceso de asignación de un régimen público de pensiones.

De allí se derivan tres razones que justificarían una reforma. Una de ellas es revelada por los indicadores de Eurostat con corte a diciembre de 2012: a pensiones, Grecia destina 17,5% de su PIB. Además, de cada tres euros que se gastan en ese país, uno está dirigido a soportar dicho gasto. Este valor es superior al del resto de países de la Unión Europea.

La segunda razón es el elevado envejecimiento de la población, lo cual hace que por cada dos trabajadores exista uno pensionado. Al respecto, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Ocde, aclara que en general “es difícil financiar los sistemas de protección social exclusivamente con impuestos al trabajo cuando la población envejece”.

Además, en Grecia existen excepciones a la regla, las cuales hacen que las personas puedan acceder a una mesada pensional desde los 50 años. Esta particularidad hace que uno de cada cinco pensionados de ese país sea menor de 65 años.

Así las cosas, la mezcla de una población mayor, bajo crecimiento económico, alto nivel de endeudamiento y esquemas laxos para acceder a pensiones, se convierten en un coctel peligroso para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y de la garantía de pensión para actuales y futuros jubilados.

Por ello, Melguizo destaca la necesidad de robustecer los sistemas de protección social ante situaciones de bajo crecimiento económico y envejecimiento poblacional.

Los ajustes están a la orden del día en la sociedad que rechazó mayoritariamente las condiciones de rescate financiero de Europa.

¿Y Colombia?

Por varias razones guarda una distancia amplia la fotografía helena con la colombiana. En primer lugar, el endeudamiento público externo del país es de 32,9% del PIB, nivel alto en comparación con años anteriores, pero significativamente inferior en comparación con el país europeo.

Asimismo, al contrastar las estadísticas demográficas del US Census Bureau, para 2015 la población mayor de 65 años en Colombia es 6,9% del total, en el caso griego esta relación es de 20,5% (ver recuadro). Con la misma fuente de información y en el mismo periodo, la población griega, al igual que la japonesa, se reduciría 6,9%, mientras Colombia incrementaría su población en 20,3%.

Otra importante diferencia es que el gasto en pensiones no financiado en Colombia es menor a 5% del PIB, frente a más del 17% observado en Grecia.

No obstante, pese a las notables diferencias, el futuro estaría en entredicho de no realizar ajustes hoy. Por ello, el estudio de la Ocde desarrollado por Christine de la Maisonneuve advierte que la sostenibilidad en el largo plazo del régimen público en Colombia no está garantizado.

Son varios los hechos que sustentan esta posición. Una destacada es la tendencia creciente en el radio de dependencia de Colombia. Como lo expone Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, “Colombia tiene 10 trabajadores por cada adulto mayor, pero en el año 2080 serán, al igual que en el presente griego, de solo dos por cada adulto mayor”.

Lo preocupante –remarca Montenegro– es la alta informalidad, la cual genera un envejecimiento prematuro de la población, porque solo se tienen tres trabajadores por cada pensionado. En la misma línea, Ángel Melguizo indica que “la informalidad laboral incide no solo sobre los trabajadores de menor ingreso, sino también sobre la clase media, lo que limita a uno de cada tres trabajadores, los que aportan regularmente al sistema de pensiones”.

El aumento en las edades de jubilación y el cambio de algunos parámetros del mismo se destacan en la evaluación de la Ocde como elemento para salvaguardar las finanzas públicas, en el caso del régimen de prima media (Colpensiones).

Según de la Maisonneuve, la edad de retiro en Colombia (57 años mujeres, 62 años hombres) es baja comparada con el promedio de la Ocde (63,5 y 65, respectivamente). Por ello, modificar este parámetro es sensato en un país en el que la expectativa de vida aumenta constantemente.

De otra parte, cambiar algunos parámetros generosos de las reglas bajo las que opera Colpensiones haría que el pasivo pensional se redujera en el mediano plazo.

Las soluciones

Si bien Colombia tiene un mejor escenario que el griego, hay señales de alerta que generan preocupación.

Para llegar a un buen sistema de protección social, concluye Melguizo, Colombia podría pensar en implementar reformas de tipo tributario, laboral y pensional. Los recursos tributarios facilitarían la financiación de pensiones con impuestos diferentes, lo que permitiría incluso reducirlos al trabajo y favorecer la formalidad; lo laboral promovería igualmente la formalización del empleo, y lo pensional debería impulsar el aumento de los niveles de cobertura y garantizar eficiencia y equidad.
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