| 7/18/2012 7:00:00 PM

Como el avestruz

La lentitud y la falta de liderazgo del Ejecutivo empeoran la delicada situación del sistema de salud. El Gobierno no quiere ver el elefante en la sala.

El 19 de julio, al cierre de esta edición, estaban programadas diferentes marchas de miles de personas a lo largo del país para exigir un salvavidas para el sistema de salud, convocados por 20 Secretarios de Salud de distintos departamentos y liderados por el de Bogotá.

Según Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de Salud de la capital, la decisión de la EPS Colsubsidio y de Ecoopsos de no seguir prestando sus servicios en la ciudad es una muestra más del fracaso del actual modelo de salud.

Pero hay más ejemplos a lo largo de todo el país. La liquidación de Emdisalud, que prestaba el servicio a 920.000 afiliados en Antioquia, Córdoba y Bolívar, o la difícil situación que atraviesa Caprecom (con 3,5 millones de afiliados); hacen que cerca de la mitad de los 22 millones de afiliados al régimen subsidiado se encuentren en entidades al borde de la quiebra.

A pesar de lo crítica que resulta esta situación, no hay medidas rápidas ni contundentes por parte del Gobierno. Ante esto, han comenzado a proliferar todo tipo de propuestas que implican el desmonte de la Ley 100. Los gremios médicos, por ejemplo, ya están hablando de la necesidad de crear un asegurador único estatal que administre todos los recursos de la salud, lo cual significaría la desaparición de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas.

Esto simplemente muestra que si el Gobierno no formula la receta, otros lo harán. Según Roy Barreras, médico y próximo presidente del Senado de la República, “no hay la menor duda de que la reforma a la salud es mucho más urgente que la tributaria y debe ser prioridad en la próxima agenda legislativa. Las diferentes bancadas han comenzado a manifestarse sobre el tema y el nuevo Congreso tendrá la voluntad de trabajar sobre estos temas”, afirma.

Para otros actores, es claro que la crisis está siendo aprovechada por los que siempre han querido por razones ideológicas, financieras y políticas acabar con el sistema. Según Jaime Arias, presidente de Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo –entidad que adelanta una propuesta integral para mejorar el actual sistema–, “volver a un aseguramiento único estatal sería un gran retroceso para el país”. Otro representante del sector afirma que “Sería regresar al pasado pues no sería muy diferente a lo que era el Seguro Social, una feria de puestos y corrupción donde se perdían millonarios recursos”.

En lo único que parecen coincidir todos los actores del sector es en la falta de liderazgo del Gobierno para asumir un problema que lleva varios años pero que comienza a tomar nuevas dimensiones y a salírsele de las manos. “No han dimensionado la magnitud de la crisis y se han demorado en dar una respuesta integral. Es hora de reformular todo el sistema. No se le puede seguir poniendo curitas a un herido grave”, advierte Barreras.

Hay que actuar ya

En el corto plazo hay que resolver urgentemente los problemas de liquidez del sistema, liberando recursos que están “atrapados” en el Fosyga y en las cuentas maestras de los municipios.

Según Acemi, el Gobierno debería girar parte de los $2,5 billones que el Fosyga no le ha reconocido a las EPS por servicios que han prestado. A juicio de Arias, esto no se ha hecho porque “las investigaciones en salud han creado un pánico en los funcionarios que hace que exijan más requisitos y una gran cantidad de glosas (rechazo de las facturas con reparos). El promedio de glosas ha llegado a 30% –cuando no debería ser más de 5%–. De hecho, de los $2,5 billones, cerca de $1,6 billones están glosados. Sin embargo, podrían girar directamente a las IPS que les adeudamos cerca de un billón de pesos para comenzar a solucionar la crisis”.

Esta falta de determinación se debe a que no hay claridad en las cifras, ante los deficientes sistemas de información que tiene el sector y la falta de control a lo largo de los años.

Por otra parte, para solucionar los problemas del régimen subsidiado, los expertos consideran que el Gobierno tendrá que sacar al menos otro billón de pesos para equiparar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) –el dinero anual que el sistema le reconoce a las EPS por cada afiliado– con el régimen contributivo.

Con la homologación del Plan Obligatorio de Salud (POS), a las EPS del subsidiado se les obligó a cubrir los mismos servicios pero con menos recursos. Mientras la UPC del contributivo es de $547.639, la del subsidiado quedó en $433.666. De ahí el retiro de Colsubsidio de Bogotá pues, además, la obliga a contratar 60% con la red pública que es mucho más costosa pues está cargada de nóminas y politiquería.

Según el Ministerio de Salud, hay estudios que demuestran que la UPC es suficiente pues la demanda de servicios será menor. Además, anuncia que expedirá una norma que fija nuevas reglas para la administración del subsidiado, así como un decreto que pondrá plazos para que los $2 billones que están enredados en los entes territoriales se desembolsen.

Las venas rotas

A pesar de ser Colombia uno de los países con mayor gasto en salud –alrededor de $35 billones anuales– los recursos no alcanzan. Hay que parar las venas rotas por donde se está desangrando el sistema de salud.

Uno de los problemas estructurales son los recobros que se le hacen al sistema; es decir, servicios que no están incluidos en el POS pero que vía tutelas o comités técnico-científicos terminan prestándose y luego cobrándoseles al Fosyga. Este “no POS”, como se le denomina, cuesta alrededor de 25% de lo que cuesta el POS y hace que en la práctica el país tenga un plan ilimitado de salud sin ningún control de los costos.

Para esto se requiere una ley estatutaria que defina el POS. Esto es, precisar –por fin– qué servicios está dispuesto a cubrir y financiar el país.

Para Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, “hay que revisar el POS para hacerlo lo más comprensivo posible y que sea financiable. Y para el no POS hay que crear un sistema de aseguramiento diferente”.

Esto permitiría sincerar las cuentas. El gran crecimiento del régimen subsidiado, hasta 22 millones de personas, se hizo sin que estuviera claro de dónde iban a salir los recursos previstos. El sistema cuesta mucho más de lo que el Ejecutivo reconoce y hay que equilibrarlo. Además, se requieren controles más fuertes, mejores sistemas de información por parte del estado y una Superintendencia más robusta.

Por último, los problemas de corrupción como los de SaludCoop, que utilizó los dineros de la salud para inversiones privadas, constituyen un capítulo aparte pues efectivamente han contribuido a deslegitimar la confianza en el sistema. Se requiere que estas investigaciones avancen también rápidamente.

Falta liderazgo

Con el fin de generar confianza y lograr un gran acuerdo para definir el sistema de salud que queremos y podemos pagar se requiere un liderazgo que, para muchos, Beatriz Londoño, actual ministra, no tiene. Ante la cantidad de dinero en juego y la diversidad de actores, los intereses a conciliar son bastante complejos.?Si bien todos reconocen su gran conocimiento del sistema y buenas intenciones, le critican la falta de celeridad y contundencia en sus decisiones. “La Ministra ha visto crecer el problema sin reaccionar a tiempo”, afirman representantes del sector.

Por esto, consideran que el Presidente debe reconocer la gravedad de la crisis que se está gestando y tomar el liderazgo. Si el Gobierno no adopta medidas urgentes, tal vez la próxima marcha no sea de miles sino de millones, pues hay muchos interesados en abrir las heridas que dejó la reforma a la justicia.
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