| 2/15/2012 6:00:00 PM

Cirugía a fondo

A la locomotora de la minería tendrán que hacerle, con urgencia, un cambio profundo para evitar que se descarrile. Una propuesta.

A comienzos de este mes, Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, anunció que la tan esperada reforma al Código de Minas no será presentada al Congreso este semestre. En palabras del mismo Vargas, aún no ha habido mayores avances en las consultas previas sobre esa normatividad, lo que representa un freno de mano para la nueva legislación.

El tema pone de presente los desafíos que enfrenta la principal locomotora del gobierno Santos, que conduce el ministro Mauricio Cárdenas, y los riesgos de que el tema continúe sin una nueva normatividad. Dinero identificó los seis puntos más álgidos de la minería en el país, que al final de cuentas son los que requieren mayor atención del Gobierno al momento de preparar una política que ponga punto final a lo que muchos han llamado el desmadre por el que hoy está atravesando este sector en Colombia.

De títulos, hectáreas y otros demonios

Cuando estudian el tema de la minería, tal vez lo que más preocupa a los defensores del medio ambiente es el desbordado crecimiento en la entrega de títulos para explorar y explotar potenciales áreas mineras. Según un reciente informe de la Contraloría, a 2011 fueron otorgadas 1.144 licencias, un incremento importante si se tiene en cuenta que en el año 2000 solo se entregaron 105. En otras palabras, eso significa que en la última década se dio vía libre a la explotación minera en 5,8 millones de hectáreas del país, que en plata blanca corresponden a 5,3% del territorio nacional. Pero lo más grave es que hoy existen miles de solicitudes para otorgar títulos en 67,4 millones de hectáreas que, ni más ni menos, representan 59% del país.

Golazo tributario

Según el más reciente estudio de Álvaro Pardo, director de Colombia Media, entidad especialista en temas mineros, el Gobierno dejó de recibir de las multinacionales mineras US$1.200 millones, entre 2005 y 2011, por concepto tributario. El fenómeno, según el experto, es producto de autorizar la deducción sobre el impuesto de renta de las regalías que pagan las compañías por explotar los recursos naturales no renovables. Pero eso no es todo. En 2010, el costo fiscal de las exenciones tributarias a las empresas de minería y petróleo le costaron al Estado $1,8 billones, correspondiente a 21% del total de las exenciones de las que gozan las compañías del país.

Ambiente sin recursos

“La locomotora de la minería parece ser la única que funciona en Colombia. El resto son vagoncitos y el Ministerio del Medio Ambiente es el socavón”, le dijo a Dinero Carlos Ramón González, director Nacional del Partido Verde. Con esas palabras, el dirigente resume la actual crisis presupuestal de las entidades medioambientales del país –Ministerio, corporaciones autónomas regionales e institutos de investigación– cuyos recursos son de $1,7 billones anuales, lo cual representa 0,3% del Producto Interno Bruto. Una cifra que preocupa a la Contraloría General de la República pues, según esa entidad, durante la administración anterior la partida era 0,6% del PIB; es decir, hubo un recorte de 50%. El tema es alarmante ya que en los países desarrollados la inversión en asuntos de medio ambiente es de 3% del PIB.

Páramos: un galimatías 

Desde 2010, cuando fue expedida la ley 1382, en Colombia quedó prohibida la explotación minera en los páramos, entre otras tantas actividades. Y aunque la norma es clara, hoy más de uno no entiende por qué se han otorgado licencias en estos lugares. El meollo del asunto radica en el hecho de que ni siquiera las autoridades saben exactamente dónde empiezan y terminan esas áreas. “Lo único que tenemos hoy para guiarnos es un estudio de hace más de 15 años del Instituto Von Humboldt que se llama el Atlas de Páramos –asegura César Díaz, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Minería–. Es un documento muy general y por eso las autoridades ambientales tienen que delimitar los páramos para saber exactamente dónde se puede hacer minería. De hecho, así quedó estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo”.

David Vs. Goliat

Para los mineros tradicionales, que han desarrollado esa actividad por décadas, el Gobierno se convirtió en su principal enemigo. “En el país, cerca de 2 millones de personas viven de la minería tradicional. El problema ahora es que las autoridades decidieron meter en el mismo costal a los grupos armados ilegales, que se financian de la minería, y a los mineros informales”, explica Mario Valencia, asesor de Conalminercol, agremiación de los mineros informales. Para ponerle freno a esa situación, el pasado 30 de noviembre, en Caucasia, Antioquia, se reunieron delegados del gobierno nacional, en cabeza de los viceministros de Minas, Henry Medina, y de Relaciones Laborales, Javier Parga, y los directivos de Conalminercol. Al finalizar el encuentro, sus asistentes firmaron un acuerdo en el que se definieron cinco puntos. Entre ellos, “cesar los operativos de la fuerza pública por un periodo no superior a seis meses (contra los mineros tradicionales)”. Cosa que, según Valencia, no se ha cumplido, al igual que los otros cuatro temas del documento.

Comunidad alerta


Por estos días, los habitantes de Riohacha (Guajira), están con los pelos de punta. Y todo porque el Cerrejón –propiedad de las multinacionales BHP Billiton, Angloamerican y Xstrata– inició un proyecto de expansión de 30 millones de toneladas a 60 millones, hasta 2033. El ambicioso plan no tendría mayores inconvenientes si no fuera porque pretende desviar el río Ranchería –el único caudal hídrico de la región– unos 26 kilómetros hacia el sureste. Las consecuencias, según Felipe Rodríguez, coordinador del Comité Cívico en Defensa del río Ranchería, serían nefastas. “Si esto se lleva a cabo, desaparecería la fauna, la flora, las áreas de producción agrícola y pecuaria de la zona donde se concentra el 30% de ese sector en el departamento”, le dijo el líder a Dinero. Julián Bernardo González, vicepresidente de asuntos públicos del Cerrejón, por su parte, asegura que la viabilidad del proyecto depende de los resultados de los estudios de factibilidad y de que el Gobierno y la sociedad estén de acuerdo en otorgar las licencias necesarias.

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