| 9/16/2015 7:00:00 PM

Cinco proyectos de ley tienen temblando a las aerolíneas

Cinco proyectos de ley que hacen trámite en el Congreso tienen en alerta a las aerolíneas. ¿Hay cupo para tanta petición legislativa?

Una amenaza de tormenta se cierne sobre las operaciones del sector aéreo en el país para este fin de año. Y no precisamente por razones climatológicas, sino más bien de carácter económico y legislativo.

Por un lado, el comportamiento de la tasa de cambio y la desaceleración de la economía tienen en jaque a las aerolíneas, que han visto con preocupación cómo se encarecen los costos de sus operaciones –en cerca de 70% son en dólares– mientras continúan en una guerra de tarifas para retener a sus clientes, a costa de recortar al máximo sus márgenes de utilidades.

A estas preocupaciones se suma una amenaza mayor, que algunos directivos del sector califican de ‘bombardeo legislativo’ y pondrían en riesgo la institucionalidad del sector y su sostenibilidad económica. ¿De dónde provienen estos temores?

Una ley que promueve la eliminación de multas a quienes cambian las fechas de viajes; dos que buscan transferir funciones de la Aeronáutica Civil a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); una más que se las pasa a la Superintendencia de Servicios Públicos y otra que modifica el régimen laboral de los pilotos, tienen contra la pared a las aerolíneas.

La preocupación surge porque esta arremetida legislativa se da justo en momentos en que el mercado comienza a mostrar señales de desaceleración, lo que según Gilberto Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo (Atac), pone en riesgo el negocio.

Una de las iniciativas que genera revuelo es el proyecto 037, del representante Eduardo Crissien Barrero, que busca proteger a los pasajeros eliminando el cobro de penalidades en caso de que haya cambio de fecha en los tiquetes. La iniciativa ya fue aprobada en segundo debate en la Cámara el 4 de agosto y pasará a tercer debate en el Senado.

En la exposición de motivos, Crissien argumentó que, por ser un mercado oligopólico, el Estado debe hacer un seguimiento para evitar un “detrimento de los derechos e intereses de los consumidores, más aún en el entendido de que se está hablando de un servicio público esencial”. En este sentido, considera onerosos los cobros de penalidades por no utilizar los tiquetes en las fechas que fueron expedidos, lo que hace “que el consumidor pague por un servicio y esté obligado a tomarlo, siendo esto una arbitrariedad, puesto que el consumidor paga por el derecho de aprovechar un servicio y no por la obligación de tomarlo”.

Pero las aerolíneas aseguran que esta iniciativa pone en riesgo la estabilidad financiera y “atenta contra el modelo de negocio y la necesidad de anticipar el ingreso y garantizar la ocupación de las aeronaves, como supuestos para ofrecer tarifas promocionales”, asegura Salcedo, presidente de Atac. 

El directivo explica que una medida similar se adoptó en 2007 en Rusia y fue eliminada en 2014 debido al fuerte incremento en las tarifas al que apelaron las aerolíneas para garantizar sus sostenibilidad, ya que tuvieron que suspender sus promociones porque no podían anticipar esos ingresos.

También les preocupa el proyecto 038 de 2015, radicado el 4 de agosto, que le otorga nuevas funciones a la SIC para decidir sobre operaciones de concentración empresarial en el sector aéreo, hoy en cabeza de la Aerocivil. Plantea por ejemplo que la SIC se pronuncie no solo en casos de fusiones y adquisiciones sino también en convenios interlíneas –para apoyarse unas a otras en el transporte de pasajeros–, o en códigos compartidos. Esta iniciativa está pendiente del primer debate en la Comisión III del Senado.

Para el presidente de Atac, “toda la operación del sector es muy vulnerable a temas financieros, regulatorios o de seguridad, por mencionar solo algunos, y nuestra gran preocupación es que se dispersen las funciones en varias entidades, cuando se debería mantener el criterio de especialización para que haya una sola autoridad, que entienda las particularidades de esta industria”.

También les preocupa el proyecto 052, radicado el 18 de agosto por el senador Armando Benedetti, que busca quitarle a la Aerocivil las competencias relacionadas con la protección de pasajeros, y pasárselas a la SIC, y que está para primer debate en la Comisión VI de Senado.

Benedetti defiende su iniciativa asegurando que “este es el único sector donde la misma autoridad que hace la reglamentación es la encargada de vigilar su cumplimiento, lo que va en detrimento del consumidor. Uno encuentra que una aerolínea puede demorar seis horas en despegar un vuelo y la Aerocivil determina que esta falta la puede compensar dándoles un refrigerio a los pasajeros, y no les impone una sanción”.

Benedetti se queja de que “la Aerocivil es una subsidiaria de las aerolíneas” y considera que la única forma de velar por los derechos de los consumidores es transfiriendo a la SIC la competencia de vigilar a las aerolíneas. También se fue lanza en ristre contra el vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues asegura que el transporte aéreo también es su responsabilidad “porque él tiene la misión de hablar de vivienda y transporte. Lo único que hace Vargas Lleras es inaugurar maquetas pero no responde por la falta de torres de control en los aeropuertos”.

Para el presidente de Atac, en este caso también se pretende cambiar las normas institucionales quitándole competencias a la Aeronáutica, lo que en su opinión “genera incertidumbre para los inversionistas”.

Otra iniciativa que busca transferir funciones de la Aerocivil, esta vez a la Superintendencia de Transporte, es el proyecto de ley 101 de 2014 que se encuentra para votación en tercer debate en la Comisión VI de Senado. Algunos expertos del sector aseguran que este proyecto tiene un interés fiscalista, pues su propósito final es generarle nuevos recursos a la Supertransporte, incrementando así los costos para las aerolíneas.

Finalmente, entre las aerolíneas levanta ampolla el proyecto de ley 067 de la Cámara de Representantes, radicado el 11 de agosto pasado, que busca establecer un nuevo régimen laboral para los tripulantes, que busca reducir en 23% las horas de jornada laboral al mes y en 30% en el año.

Las cuentas de Atac sobre el impacto de este proyecto indican que si hoy las tripulaciones trabajan efectivamente 13 de los 30 días del mes, pasarían a trabajar solo 10 días. Para Salcedo, esto tendría un efecto nefasto pues “tiene implicaciones de costos que hacen inviable el negocio aéreo y además atenta contra los requerimientos de crecimiento de la industria, que se vería comprometida”.

La hiperactividad legislativa en el sector aéreo tiene a esta industria en una encrucijada. Si a esto se suman los nubarrones económicos, los pronósticos del clima para este negocio son bastante reservados.
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