| 5/11/2012 6:00:00 AM

Casas en el aire

El proyecto de entregar 100.000 viviendas a “los más pobres de los pobres” ha generado varios interrogantes y tendrá diferentes escenarios de debate, incluso dentro del mismo gobierno.

A medida que el debate sobre el proyecto de las 100.000 viviendas gratis que pretende entregar el Gobierno a los sectores más pobres se ha venido agudizando desde la óptica de cálculo político y su conveniencia frente a futuros procesos electorales y como respuesta a la caída en la imagen del Presidente, otros temas están quedando por fuera.

¿Dónde están los pobres de los más pobres? ¿Quiénes van a participar en este proceso? ¿Cuál va a ser la participación de las empresas del sector privado en los proyectos? ¿Hay estrategias complementarias frente a este proyecto?

Para Luis Felipe Henao, ministro (e) de Vivienda, en Colombia no se está construyendo vivienda formal y año tras año hay un déficit de cerca de 145.000 viviendas nuevas, y 60% de la población que gana entre 0 y dos salarios mínimos no es sujeto de la política actual, donde se mezclan subsidios, ahorro de las familias y créditos del sector financiero. “Hay 1,2 millones de hogares que están en pobreza extrema y en la lucha contra la pobreza hay dos temas para dar ese salto: generación de ingreso y habitabilidad”, asegura.

Empresarios y gremios coinciden en que este primer paso no es utópico. “Hoy los alcaldes están buscando y aportando terrenos para participar en el desarrollo del proyecto y ninguno va a querer quedarse por fuera”, asegura Rafael Marín, presidente de Marval. Ya el Gobierno ha tenido reuniones con alcaldes de ciudades como Medellín y Cali y se han identificado proyectos para la primera de más de 9.000 soluciones y la segunda dice tener cerca de 60.000.

Según Sandra Forero, presidente de Camacol, este proyecto complementa la oferta de vivienda para los distintos sectores, donde hay subsidios a la tasa y mayores capacidades de ahorro. “Hay urgencia de atender esa población, están los recursos pero también es necesario, como dice el proyecto de ley, que sea un tema permanente. Además, hay que pensar en la habilitación del suelo, que depende de la voluntad de los mandatarios locales”, afirma la dirigente gremial.

Sin embargo, hay varios interrogantes aún sobre la mesa. El primero es a quiénes va a beneficiar y dónde están esos pobres. Según Henao, ya están identificadas cerca de 350.000 familias que podrían acceder a este proyecto, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

 “Hay familias que han hecho esfuerzos por salir de la pobreza extrema, participando en programas de nutrición y educación, y a ellos hay que privilegiarlos porque tenemos que ir de la mano con un criterio de sostenibilidad de las viviendas. Es decir, se trata de familias que las puedan sostener en el tiempo y que van a mantener sus beneficios sociales por un periodo mientras se consolidan y salen sostenidamente de la pobreza”.

La otra gran pregunta es dónde están. Henao aclara que este proyecto nace principalmente para el tema urbano. ¿Y el rural, donde se supone que es mayor la pobreza extrema, pues es de 25% de su población frente a 10% de la urbana? “Se busca, junto con el Ministerio de Agricultura, que sea una política integral y llegue al tema rural. Allí se está trabajando con el Fondo de Adaptación para destinar una inversión de $2,4 billones, que en gran parte es suelo rural”, dice Henao.

Otra preocupación, incluso dentro del mismo gobierno, está relacionada con cerca de dos millones de viviendas informales que existen hoy en el país. Según Samuel Azout, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, la solución en términos de habitabilidad no puede ser solo vivienda nueva.

“La vivienda nueva que anunció el presidente soluciona el problema cuantitativo en cierta forma, pero también se requiere atender el cualitativo que abarca el mejoramiento de barrios y de vivienda que incluye pisos, conexiones inter-domiciliarias, materiales, cuartos separados para evitar hacinamiento y saneamiento básico, sumados a la titulación de predios, que es uno de los retos de los alcaldes para legalizar la vivienda de habitantes que han estado en zonas de invasión”, dice. Henao comparte esta misma preocupación.

“Con el apoyo del BID –dice– vamos a trabajar en un plan de mejoramiento de barrios y viviendas y, además, en temas de titulación para la formalización de las familias. Pero, si vamos a hacer un mejoramiento en las viviendas, esperamos que los alcaldes hagan intervención sobre el espacio público y generen suelo para este tipo de viviendas”.

Y una última inquietud desvela hoy a los constructores. Según ha trascendido, en la reforma tributaria se estaría incluyendo la eliminación de la devolución del IVA hasta por 4% del valor de los insumos, lo que para este tipo de proyectos puede significar el margen. Amparo Polanía, presidente de Constructora Colpatria, afirma que cuando se hace vivienda de interés social se acude a todos los elementos para entregarla a determinado precio.

“Si se tienen menos herramientas, se vuelve más difícil”, afirma; mientras que para Marín, de Marval, hacer viviendas sin este beneficio “sería prácticamente imposible”.

Este hecho podría generar al interior del Gobierno una polémica. Si bien Henao considera que la reforma tributaria es necesaria, “este tema sí lo vamos a defender porque lo consideramos fundamental para la política, para que no se salgan los constructores de esos nichos y porque el margen de viviendas de interés social y de interés prioritario es menor, pues sus precios no son elásticos. Entonces, el margen va a ser contra el beneficiario porque podría restar calidad”.

Además, se conoció que el Gobierno tendrá criterios claves para asignar los proyectos. Uno, capacidad financiera, pues no se van a dar anticipos y los recursos se van a entregar contra vivienda construida y, si no cumple los requisitos, el riesgo es del constructor. Dos, experiencia: no podrán participar constructores de vías o infraestructura sino aquellos que tienen una reconocida trayectoria en el sector y, tres, por supuesto, precio y calidad.

Aún sin empezar la discusión en el Congreso y sin que Germán Vargas Lleras haya asumido la cartera de Vivienda, los debates –que apenas empiezan– lograrán determinar si se trata o no de una casa en el aire y si los intereses locales desbordarán la propuesta.

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