| 2/6/2014 7:00:00 AM

“El carrusel empezó con Lucho Garzón”

Dinero habló en exclusiva con el ex concejal Wilson Duarte, involucrado en el cartel de contratos. En explosivas declaraciones relata cómo se habría gestado este escándalo durante la alcaldía de Garzón. Nuevos nombres salen de su ventilador.

Inmerso entre cajas atiborradas de documentos y material audiovisual, vive por estos días el ex concejal de Bogotá Wilson Duarte. Con lupa y paciencia de relojero pasa las horas revisando hasta la última palabra escrita entre las miles de páginas que componen sus folios. El objetivo es claro: preparar su defensa dentro de un capítulo más que lo toca de frente en esa ‘novela’ titulada El carrusel de contratos de la capital. Según versiones de ciertos testigos de la Fiscalía, Duarte habría recibido una comisión de $80 millones provenientes del polémico contrato de ambulancias.

En su casa, en el norte de Bogotá, el ex cabildante del Polo Democrático recibió un día entero a periodistas de esta Revista. A lo largo de la prolongada conversación, no vaciló al asegurar que el cartel de contratos se gestó durante la administración de Lucho Garzón, quien –tal y como figura en uno de sus expedientes- habría comprado en cabeza de terceros una finca en Subachoque cuyo costo superaría los $5.000 millones.

Acusó, por otro lado, al ex personero Herman Arias de sacar tajada de $38.000 millones del presupuesto de la Personería. Explicó, con documentos en mano, cómo un hermano del ex presidente Samper y algunos concejales hoy activos se beneficiaron, según él, económicamente durante la alcaldía del hoy alto consejero para el diálogo social.

Finalmente, declaró que un actual Ministro del Gobierno Santos y un ex Procurador General de las Nación –ambos reconocidos juristas- son los encargados de mover los hilos de la defensa de buena parte de los protagonistas del escándalo de los contratos. Fenómeno que Duarte describe como un nefasto ‘carrusel de togados’.

Estas son sus explosivas declaraciones:

El ex secretario de salud de Bogotá Héctor Zambrano asegura que le entregó una comisión de $ 80 millones provenientes del polémico contrato de ambulancia. ¿Recibió ese dinero?
No, jamás.

¿De dónde saca entonces Zambrano esa versión?
Zambrano hace parte del cartel de la contratación desde la administración de Lucho Garzón. Ya en esa época tenía negocios en la construcción de hospitales con Julio Gómez. Así que sus señalamientos en mi contra no son sino una estrategia más del cartel -en cabeza de Zambrano- para enlodarme.

¿Qué quiere decir con el cartel en épocas de Lucho Garzón? ¿Acaso está asegurando que el carrusel viene desde la administración Garzón?
Por supuesto. Desde mi llegada al Concejo, en 2004, pude establecer cómo los entes de control, funcionarios de la administración, ciertos contratistas y algunos concejales, trabajaban en contubernio. Allí todos los nombramientos que se hicieron obedecían a intereses.

¿Cuáles nombramientos?

El entonces personero, Herman Arias; el por esos días contralor, Óscar González Arana y el presidente del Concejo, Bruno Díaz, eran hombres de bolsillo de Garzón. Eso explica por qué a lo largo de su administración los órganos de control pasaron de agache. Y los funcionarios Liliana Pardo, Abel Rodríguez, Édgar Ruiz y el mismo Juan Manuel Ospina, sus nombramientos todos tenían una explicación.

¿Pero cómo se benefició de eso el alcalde Garzón?
No solo tuvo los órganos de control a su favor sino que en el municipio de Subachoque, se habló de una finca que habría sido adquirida por Herman Arias y Lucho Garzón a nombre de un tercero. Se dice que su costo superó los $5.000 millones. Las coordenadas del predio fueron entregadas tanto a la Fiscalía como la Procuraduría y nunca se investigó el caso a fondo.

¿De dónde habría sacado Lucho parte de esos $5.000 millones para comprar la finca?

Realmente ese es un asunto que debe investigar la Fiscalía, pero en todo caso para esos días en la administración Garzón se adicionaron los contratos de recolección de basuras a los cuatro concesionarios privados que incluso hoy siguen operando. En ese momento, se dijo, que dichas adiciones no fueron entregadas transparentemente y que el Personero y algunos concejales mediaron en la negociación, que incluso se había entregado una coima que superó los $20.000 millones.

¿De ese monto Lucho recibió algo?

Él era el Alcalde. Él fue el responsable de prorrogar y suscribir esos contratos y lo hizo con la anuencia del Personero Arias y del contralor González Arana. Entonces saque usted sus propias conclusiones.

Y a todas estas, ¿los órganos de control dónde estaban?
Se hacían los de la vista gorda. El descaro llegó a tal punto que el entonces personero Arias –actual representante del gremio de los transportadores del SITP- le echó mano a uno de los rubros más sensibles del presupuesto que tenía a su cargo en la Personería: los $38.000 millones de un convenio con el PNUD que debían ser destinados para atender temas de derechos humanos.

¿Lo que está diciendo es que Arias sacó tajada de las finanzas de la Personería?
Eso lo denuncié en la Fiscalía y en su momento dije que el señor Arias estaría cometiendo un presunto peculado por malgastar esos $38.000 millones contratando consultores a los que, según versiones de testigos, debían entregar la mitad de lo facturado. Esta repartija fue a parar a los bolsillos de Nubia Capera, coordinadora del proyecto con el PNUD, el personero Arias, 10 concejales y varios personajes de la vida pública.

¿Personajes como quiénes?
Por ejemplo, Juan Francisco Samper, hermano del expresidente Ernesto Samper; Angela María Benedetti, actual embajadora en Panamá y hermana de Armando Benedetti actual senador y por esos días concejal de Bogotá. También Bruno Alberto Díaz, quien fuera presidente del Concejo y los actuales concejales Liliana de Diago y Jorge Lozada. Todos ellos recibieron honorarios del presupuesto que tenía Arias destinado para los derechos humanos. Además de un sinnúmero de ilustres consultores desconocidos y que los codificaban en unas listas denominadas “la lista amarilla” y “la lista del despacho”.

Por otra parte, en alguna época usted mencionó unos expedientes que involucran al entonces personero Arias en el que se investigan dos asesinatos. ¿De qué se trata el tema?
Efectivamente, un expediente en la Fiscalía tiene las pruebas del asesinato de Erika Milena Rodríguez Aragonés, una mujer que para el 2007 coordinaba el programa del PNUD en reemplazo de Nubia Capera.

Y, ¿Herman Arias qué tiene que ver con eso?
Esa respuesta la debe dar la Fiscalía, que al momento de investigar a Arias por peculado, homicidio, celebración indebida de contratos y falsedad en documento público y privado, terminó curiosamente siendo exonerado de los señalamientos de enriquecimiento ilícito el 24 de diciembre de 2010, como regalo de navidad. Sin embargo, nunca se supo que pasó con su presunta responsabilidad en los hechos. Investigación que debe ser reabierta a la mayor brevedad.

En cuanto a lo que pasa hoy con el carrusel, usted habla de un cartel de abogados que se ha gestado para defender los involucrados en el escándalo de la contratación. ¿De que se tata el asunto?
Pues si se da cuenta, la gran mayoría de esos zares de la contratación hoy andan como Pedro por su casa. Es el caso de Emilio Tapia a quien a estas alturas del partido y pese a tener todas las evidencias en su contra, goza de la protección de sus influyentes juristas. Pero su caso no es el único. Manuel Sánchez, señalado desde todos los flancos como uno de los cerebros del cartel, tampoco ha sentido la mano de la justicia. Y se debe a lo mismo: está blindado por cuanta de sus buenas y viejas relaciones con la administración del ex fiscal Mario Aguarán, como él mismo lo ha manifestado.

Y, ¿qué hay de Julio Gómez, quien acabó de aceptar tres delitos?

Desde el principio y antes de destaparse el cartel ya tenía en su nómina al bufete de un prestigioso abogado que hoy funge como ministro del actual gobierno. Eso de haber aceptado cargos no fue más que una estrategia –orquestada por sus abogados- para pasar poco tiempo en la cárcel y salir con los bolsillos llenos.

¿Qué tiene que decir sobre los abogados de los concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada, José Juan Rodríguez y Andrés Camacho? ¿También gozan de los mismos privilegios?
No puedo generalizar, en algunos casos pasa algo bien particular, sus abogados defensores han logrado llegar a acuerdos con la Fiscalía gracias a las buenas relaciones que tienen con el bufete de otro renombrado jurista que en tiempo pasado se desempeñó como Procurador General de la Nación.

¿Pero cómo es el modus operandi de esos abogados?
En concreto no lo conozco, pero lo que sí es evidente es que hay varios eslabones que componen la cadena. Lo primero es que los abogados reciben onerosas remuneraciones de manos de los investigados. Lo segundo, es que se firman acuerdos entre los investigados y la Fiscalía para reducir las penas. Y finalmente la Fiscalía acepta los acuerdos sin exigir la devolución de los miles de millones que le robaron a Bogotá durante el tristemente célebre cartel de contratos.

Dice usted, además, que se está enquiciando una facción de testigos falsos dentro de la Fiscalía. ¿Por qué lo asegura?
Se trata de un fenómeno evidente. Hoy los grandes implicados en el carrusel, gracias a los beneficios que han recibido de la Fiscalía para reducir sus penas y recibir inmunidad, se han convertido en sus testigos clave, estrella y estelares a cambio de señalar a personas inocentes con falsos testimonios y en muchos casos sin tener la prueba documental.

En su caso hay testimonios que lo comprometen y que podrían llevarlo a la cárcel. ¿Qué tiene que decir en relación con esos señalamientos?
Paso de ser el primero y único denunciante a ser el denunciado. Advertí, por ejemplo, que la adjudicación de la fase III de Transmilenio le iba a significar enormes pérdidas a la ciudad. Dije, además, que el contrato de la malla vial -cercano a los $800.000 millones- iba a desencadenar monopolios y detrimento patrimonial, denuncié las irregularidades en la contratación de la Secretaria de Educación, ERU, Lotería de Bogotá, Secretaría de Integración Social Y, finalmente, le advertí a la administración la inconveniencia de seguir firmando los contratos para el alquiler de vehículos entre ellos las famosas ambulancias que hoy tienen enredado a más de uno.

Entonces, si usted denunció las irregularidades de las ambulancias ¿por qué el ex secretario Zambrano asegura que le entregó una comisión de $80 millones de este cuestionado contrato?
Zambrano es una marioneta de los miembros del cartel. Su papel acá es servirles a ellos, quienes tienen preparada una retaliación en mi contra la cual se hizo evidente desde el mismo momento en el que fui testigo de cargos contra Liliana Pardo y cuando serví de testigo en contra de los integrantes de ese cartel.

Eso suena extraño. Dice que Zambrano está tomando represalias contra usted por haber denunciado a Liliana Pardo. ¿Qué tiene que ver Zambrano allí?
Este tema no es nuevo. Y usted me obliga a hablar de un asunto que quería olvidar por el daño moral y púbico que me hizo. Herman Arias, Liliana Pardo, julio Gómez y Ángela Benedetti, entre otros, emprendieron en mi contra a través de un abogado en común, una embestida para tratar de callarme y lo hicieron de vil manera, me involucraron en una supuesta agresión a mi cuñada que nunca existió y eso lo usaron como tramoya para ocultar las graves denuncias que yo tenía en contra de todos ellos y que ya mencione anteriormente.

Finalmente, ¿es usted culpable?
No. Por el contrario me declaro una víctima de un cartel de corrupción.


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