| 3/30/2017 12:00:00 AM

Qué significa el No de la consulta popular en Cajamarca

Falta claridad frente a los efectos de la consulta popular de Cajamarca. Para algunos, implica que Anglogold Ashanti deberá frenar sus planes en el municipio, para otros no es una decisión vinculante. Polémica.

La participación ciudadana cada día se usa más para tomar diferentes decisiones, ya sea mediante plebiscitos, referendos o consultas populares. No obstante, la efectividad de la figura está en vilo, pues no siempre se acoge lo que deciden las mayorías.

La dudas se basan en lo que pasó con el referendo por la paz en el que ganó el No, pero finalmente se aprobó e implementó el acuerdo con las Farc; es decir, el Sí y, ahora, con la reciente consulta popular en Cajamarca, Tolima, donde una mayoría de habitantes dijo No a la actividad minera en su municipio.

Se cree que esta vez tampoco se acogerá la determinación de los cajamarcunos, pues como ha explicado el ministro de Minas, Germán Arce, la decisión no es retroactiva y, por ende, no aplicaría para la minera AngloGold Ashanti, que tiene un contrato vigente con la Agencia Nacional de Minería para explorar y determinar si hay oro en el municipio. En otras palabras, ganó el No, pero sería como si hubiera ganado el Sí, dado que la multinacional podría seguir con sus planes e inversiones, argumentado un derecho adquirido.

Diana Rodríguez, investigadora de Dejusticia, un centro de investigación que ha analizado jurídicamente la constitucionalidad de las consultas populares, dice que es válido temer que no se acoja la voluntad popular; aun así, las leyes que regulan la participación ciudadana establecen que las decisiones del pueblo son de obligatorio cumplimiento. “Este es un tema que tiene muchas sutilezas, pues la Constitución dice que el subsuelo es propiedad del Estado, pero también en su artículo 313 establece que son los municipios los encargados de regular el uso del suelo y, por eso, tienen voz y voto. Además, para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo”, dice y agrega que los títulos mineros no dan derechos adquiridos, sino la expectativa de pedir una licencia ambiental y luego explotar el recurso minero.

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Esta investigadora explica que el paso siguiente consiste en que el concejo de Cajamarca emita un acuerdo municipal que prohíba la minería. Esto implicaría que AngloGold debería dejar de explorar. No obstante, cuando vaya a solicitar la licencia ambiental, la Anla deberá tener en cuenta la normatividad del municipio, so pena de desconocer la participación ciudadana.

Otra visión tiene la abogada Margarita Ricaurte, experta en derecho minero. Asegura que una consulta popular no puede modificar una ley, ni tiene un efecto vinculante y claramente el Código de Minas y la Legislación Ambiental se basan en la norma de que la propiedad del subsuelo es del Estado. “Esto es igual a lo que pasa con el propietario de un apartamento que es muy ruidoso y sus vecinos de edificio deciden, por votación, que ya no puede estar en su vivienda. Eso no lo pueden determinar ellos, porque el afectado es el propietario, así sea ruidoso”, aclara.

Ricaurte precisa además que, si bien los municipios pueden determinar el uso del suelo, ellos tampoco son sus propietarios, son los particulares y, por ende, no pueden prohibir la minería, como tampoco incumplir normas de autoridades nacionales. “Por ejemplo, no pueden permitir la construcción de una urbanización en un parque natural o que cultiven en un páramo”, señala.

Para esta experta, el efecto de la consulta es más político que cualquier cosa y es igual a la opinión que se les pide a las comunidades en las consultas previas. “Es una opinión y las autoridades podrán considerarla, pero el principio de participación no es competencia para decidir”, reitera.

Así las cosas, la incertidumbre jurídica es lo único que brilla en este debate, por ahora, por cuenta de la negativa de Cajamarca a la minería.

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