| 1/22/2014 8:00:00 PM

Cabañuelas mineras

La historia se repite. Como doce meses atrás, la agenda minera está enmarcada por serias dificultades. La locomotora sigue frenada y con muchos líos por resolver.

Al igual que la mancha de polvillo negro que creció y se tomó la bahía de Santa Marta a mediados de enero, las sombras que se ciernen sobre el sector minero también aumentan y el oscuro panorama que traía desde 2013 no parece cambiar.

Las preocupaciones no cesan y las cifras no cuadran. Según la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (ASMGE), para 2013 se proyecta un comportamiento negativo del PIB minero –sin hidrocarburos– entre -5% y -6,6%.

La producción de carbón para 2013, estimada inicialmente en 94 millones de toneladas, habría caído –al finalizar el año– entre 15% y 20% y se habría situado cerca a los 86 millones de toneladas; al tercer trimestre estaba en 65 millones. Para este año la meta es de 104 millones de toneladas, objetivo que, de arranque, se ve muy difícil de cumplir: Drummond –el segundo jugador del sector– tendrá al menos durante tres meses congelada su exportación y el país estará en vilo ante posibles ataques a la infraestructura férrea y los paros que puedan poner, como el año pasado, en jaque la producción.

En el caso del oro, la meta de 2013 era de casi 70 toneladas. Al tercer trimestre del año pasado la producción alcanzó las 42 toneladas y para este año se espera llegar a las 72 toneladas.

Por el lado de los precios, el boom de las cotizaciones internacionales de los commodities terminó: en los últimos 36 meses la caída ha sido de 25% para el níquel, 14% para el carbón y 23% para el oro.

En el frente de inversiones, aunque entre el primer trimestre de 2011 (U$14.400 millones) y el mismo periodo de 2013 (U$7.700 millones) hubo una disminución de 42%, para Claudia Jiménez, presidente de la ASMGE, la inversión extranjera directa viene dinamizándose, pero no a tasas de dos dígitos.

Las decisiones en materia ambiental han colocado al sector en cintura y podría venir un aumento de las exigencias. Por ejemplo, ya se analiza por parte del Ministerio la posibilidad de exigir a las empresas mineras licencias ambientales para las etapas de exploración, cuando ahora solo se exigen para etapas posteriores, como la explotación.

La avalancha de polémicas noticias con las que arrancó el sector este año –y terminó el anterior– lo han puesto en el ojo del huracán. El incumplimiento de Drummond para el cargue directo, que debía iniciar el primero de enero y que obligó al Gobierno a sancionar a la compañía y suspender su exportación, se sumó a la multa por el vertimiento de carbón que hizo esta multinacional al mar a principios de 2013.

Por su parte, la Contraloría General anunció juicios fiscales a Drummond por $134.000 millones, en tanto que Cerrejón Zona Norte también cayó en la mira del ente de control y se le abrieron procesos por $144.000 millones.

Pero el escenario es aún más complicado y varios temas están en la agenda de un año que, de seguir como empezó, mantendrá a la locomotora en la estación. Estos son algunos de los temas pendientes y escollos –claves para el desarrollo del sector– que no arrancan:

La ronda minera, que estaba programada para hace un año y que se convertiría en el mecanismo para atraer nueva inversión para las áreas de reserva estratégica, en casi 3 millones de hectáreas, no arranca. Hasta el momento, el Servicio Geológico no ha entregado a la Agencia Nacional de Minería (ANM) la información geológica para que esta entidad pueda estructurar las rondas y definir las zonas y minerales que saldría a ofrecer. El proceso apenas está en la etapa de recolección de información por parte del Servicio Geológico y se espera que este año se entregue la información necesaria para estructurar la ronda. Sin embargo, muy difícilmente este año habrá ronda.

A finales del año pasado, por iniciativa de un grupo de diputados de distintos departamentos, se llevó al Congreso de la República un proyecto de Código Minero que, aunque inicialmente se pensó que por ser de origen popular no tendría que ser llevado a consulta previa, es necesario que cumpla con ese trámite. Sin embargo, en paralelo el Gobierno está socializando su propio proyecto para llevar al Congreso. Tendrá que ser una definición rápida para ajustar al sector a las condiciones de hoy, pensar incluso en el papel de la minería en un escenario de posconflicto y dejar en firme temas como las protecciones ambientales.

El sector está a la espera de la definición de la delimitación de los páramos por parte del Ministerio de Ambiente. Desde Greenpeace hasta la Contraloría han exigido a la ANM la cancelación de títulos mineros en zonas restringidas, como los páramos. Sin embargo, al parecer no hay un marco legal claro para tomar una decisión en ese sentido. Para algunos analistas, lo que podría venir son demandas al Estado de empresas cuyos títulos fueron otorgados al amparo de la ley y que ahora no se podrán explotar.

Las mineras ubicadas en el Cesar –Drummond, Prodeco y CNR, que producen unas 45 millones de toneladas al año– tienen negadas las licencias ambientales para ampliaciones desde el año pasado. Solo Drummond tiene tres proyectos suspendidos y en este momento están en revisión. Los planes, según la ANM, establecen que podrían aumentar la producción en 6 millones de toneladas en unos tres años, pero los márgenes de maniobra para reducir la emisión de partículas no son muy altos.

Una discusión adicional por darse está relacionada con la explotación de gas asociado a carbón. Parte de esas reservas se registran en el centro del país en zonas de minería de pequeña y mediana escala y son parte de los combustibles no convencionales que la Agencia Nacional de Hidrocarburos incorporó en la ronda para este año. Sin embargo, es necesario definir varios parámetros: la compensación al minero que queda en stand by con su producción y el transporte del gas para determinar si es rentable y no se genera una contingencia para la nación. En este punto está pendiente un acuerdo entre Cerrejón y Drummond, en cuyos campos habría reservas de gas. Tendrán que definir la estrategia que adoptarán para esa explotación, en la que hay grandes expectativas.

Empresas internacionales están ajustando su estrategia. Paz del Río, cuyas minas y producción siderúrgica son propiedad de la brasileña Votorantim, renovó su concesión minera a principios del año pasado a cambio de aumentar, en casi diez veces, su producción de carbón en el interior del país y producir en 2020 cerca de 2,5 millones de toneladas anuales. Esa exigencia, tácitamente obligaba a la empresa a impulsar el desarrollo del tren del Carare, uno de los proyectos emblemáticos de la infraestructura del país, a través de la figura de una alianza público privada (APP). Sin embargo, los números no han cuadrado y, según le confirmó Luis Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a Bloomberg a finales del año pasado, Votorantim retiró la propuesta, estimada en US$1.800 millones, para construir y operar el ferrocarril. Se conoció que es necesario priorizar las inversiones en la mina en los próximos meses para alcanzar esos volúmenes y una de las alternativas que estudia la compañía es avanzar en el desarrollo de una vía para evacuar el mineral. Estos hechos han desatado los rumores de una eventual salida de las operaciones que tiene la brasileña en el país –en minas y siderurgia–.

En Cerromatoso hoy existen dos procesos en paralelo. El primero, la liquidación de los contratos por parte de la ANM que se vencieron en 2012. Auditores están analizando los inventarios y haciendo una revisión contable del manejo de regalías. El proceso avanza y apenas terminen estas dos auditorías se procederá a cobrar los excedentes –si es el caso, pues las regalías no prescriben– o a dar por liquidados los dos contratos, proceso que debe terminar en unos seis meses. Entretanto, la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal contra la empresa y la autoridad minera de la época por una deuda que, según el organismo de control, existe entre 1998 a 2003, por $62.000 millones. Por ese juicio, las cuentas de la minera fueron embargadas. Además, este ente de control quiere determinar si antes de 1998 se generaron otras deudas.
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