| 9/18/2013 12:00:00 AM

En jaque

El precio de la gasolina puso contra las cuerdas al presidente Santos y el asunto se va a convertir en la gran bandera política de los próximos meses. Pero la encrucijada es monumental: revivir o no los subsidios a los combustibles, lo que podría valer más de $4 billones al año.

Cuando el Gobierno había logrado superar los paros y las protestas y estaba ajustando sus cuentas para buscar recursos y no salirse de la regla fiscal, una decisión de la Corte Constitucional volvió a sacudir las finanzas públicas y tiene contra la pared al Gobierno y muy preocupado al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El pasado miércoles 11 de septiembre, el país se despertó con una noticia que zarandeó la agenda económica: la Corte declaró inconstitucional el literal C del artículo 101 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo que definía el principal mecanismo para alimentar el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que fue creado para mitigar las excesivas variaciones de los precios de la gasolina, minimizando así el impacto en el bolsillo de los colombianos.

El fallo deja sin piso tal mecanismo de estabilización de precios. Aunque no se conoce el texto definitivo de la decisión del alto tribunal, la primera interpretación clara es que el precio de la gasolina tendría que oscilar según los precios internacionales; esto es, contrario a lo que muchos piden, que hoy el precio debería subir. El único mecanismo para evitar un alza generalizada en los combustibles sería que el gobierno nacional reabriera el expediente de los subsidios que llegaron a costar más de $4 billOnes al año al Presupuesto Nacional. Teniendo en cuenta que ahora mismo se está discutiendo aumentar el presupuesto al agro en más de $3 billones, el nuevo debate tiene enormes implicaciones políticas. ¿Por qué financiar la gasolina y no, mejor, pasar esos recursos también al agro?

Actualmente, el fondo de estabilización está en déficit porque el precio internacional ha estado por encima del precio local. La fórmula reconoce el precio de paridad de exportación con un mercado eficiente –en este caso el Golfo de México–. “La fórmula lo que hace es manejar la volatilidad del precio a nivel internacional y esa volatilidad se ha visto más hacia arriba que hacia abajo; por eso, hay déficit en ese fondo”, explica Orlando Cabrales, viceministro de Energía.

El hueco del Fondo ya llega a $3,4 billones que si bien ha jugado a favor de los consumidores, se convierte en un nuevo costo fiscal para el país y ya no podrá esperar a que bajen los precios internacionales sino que tendrá que buscar esos recursos para cubrir el faltante. Eso significa que, de facto, los subsidios quedaron reabiertos, pues esa plata va a terminar saliendo de los impuestos o de más deuda pública.

“Si eliminamos el mecanismo de estabilización, en un momento en que están subiendo los precios internacionales, me preocupa que el consumidor colombiano quede expuesto a las volatilidades externas que en este momento tienen un tendencia al alza”, advierte Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda.

Sin embargo, la determinación de la Corte no llegó sola. Se sumó la propuesta del Partido Liberal de rebajar en $1.000 el valor del galón de gasolina. Incluso, el presidente de esa colectividad, Simón Gaviria, ha criticado la posición del Gobierno, en especial del Ministro de Hacienda, de oponerse a la rebaja de los combustibles. “Eso es un falso dilema. Ellos están asumiendo un costo de oportunidad, de importar gasolina de Estados Unidos que no importan. El precio se debe basar en lo que cuesta un galón de gasolina en Barrancabermeja o en Cartagena, no lo que cuesta en Texas”, dijo a los medios el congresista Gaviria.

El impacto de esta reducción tendría un alto costo fiscal. Según el viceministro Cabrales, ascendería a $2,6 billones al año. “Son las cuentas que hemos hecho y no nos parece conveniente esa propuesta. Obviamente la discusión se dará en donde se tenga que dar”, agrega.

Hoy, los impuestos en gasolina pesan 26% y en ACPM cerca de 16%. El Gobierno recibe en tributos $1.050 por galón y el resto está representado en la sobretasa a la gasolina que va para cada una de las regiones.

Una de las mayores preocupaciones es la solución estructural al tema, en especial tras el acuerdo con los camioneros cuyo arreglo, temporal, fue congelar los precios del ACPM hasta diciembre. En varias reuniones, los transportadores han presionado al Gobierno para que se dé una reducción real del precio de los combustibles y las amenazas de paralizar la operación no han desaparecido en el mediano plazo.

Esta ‘bomba’ fiscal surge cuando apenas el Gobierno está saliendo de las negociaciones con los agricultores y ajustando el presupuesto nacional. De hecho, las cifras tuvieron que ser reajustadas en más de $3 billones para atender las necesidades de los agricultores del país y, simultáneamente, se están tramitando otras iniciativas para buscar recursos, como mantener vigente el impuesto del 4 x 1000.

¿De dónde va a salir la plata para atender todos estos frentes cuando la regla fiscal no les da un mayor margen de maniobra al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, y las presiones no van a ceder? Por el contrario el momento juega en contra, pues es inminente el inicio del debate electoral y uno de los caballos de batalla será la reducción de combustibles.

Si el Gobierno recorta los $1.050, tendrá que buscar los recursos por otro lado. Pero no hay muchas opciones. Una sería destinar parte de los dividendos que le pasa Ecopetrol –que son cerca de $10 billones–, pero al parecer ya tiene comprometidos algunos de estos dividendos y dichos recursos sirven para atender los temas sociales.

En materia de impuestos, el Gobierno se la jugó a finales del año pasado con la reforma tributaria y ahora no habría ambiente para otra iniciativa en este sentido. “Y cómo les dice a los gobernadores que reduzcan la sobretasa, más ahora en época electoral”, explica un analista. Se está quedando sin margen de maniobra.

Efecto directo

Pero no solo las finanzas del Gobierno están amenazadas, también las de Ecopetrol. De prosperar la iniciativa de reducir en $1.000 el precio del galón de gasolina, para la estatal petrolera esto representaría un costo de US$1.750 millones anuales.

¿Dónde los conseguiría? La capacidad de endeudamiento no es tan amplia como hace unos años y acaba de emitir al mercado internacional bonos por US$2.500 millones, la operación más grande en la historia de las empresas colombianas.

Al parecer no tendría otra opción que recortar el plan de inversiones. “Son US$1.750 millones. Esto es, comparativamente, dos veces lo que invertimos en exploración y la mitad de lo que invertimos en producción. Eso permite tener una idea de lo que representa en las finanzas de Ecopetrol”, dice Javier Gutiérrez, presidente de la petrolera.

Si no invierte en producción, en el mediano plazo –dos o tres años– puede tener un efecto de 160.000 barriles por día y se alejarían sus metas de producir un millón de barriles diarios para 2015. ¿Cómo reducir producción en un momento en que el país necesita aumentarla y capitalizar los precios al alza? Exploración es el otro rubro. Hoy las reservas en Colombia alcanzan para 7 u 8 años y aún no se ha encontrado un nuevo gran campo. Si se disminuye la actividad exploratoria, los riesgos de importar crudo aumentarían.

Y aquí surge la otra gran área de discusión en Ecopetrol: la refinación. En las expansiones de Cartagena y Barrancabermeja el valor actual es de cerca de US$10.000 millones. La de Cartagena, a pesar de la huelga reciente, está en su fase definitiva y el valor de la inversión es de unos US$6.500 millones, mientras que la de Barranca –cuyo presupuesto está en ajuste, pero hoy bordea los US$3.400 millones– está a la espera de la aprobación del Plan Ambiental, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

El negocio de refinación entregó el año pasado pérdidas a la petrolera por $500.000 millones. La junta ha consultado a la empresa sobre la viabilidad de la expansión en la refinería de Barrancabermeja. “En las condiciones actuales el proyecto es rentable y ha sido una premisa importante la política vigente de precios. Una reducción de precio importante en el ingreso al productor tendría un impacto. Dependiendo de qué tanta sea, impactaría en la rentabilidad del proyecto. Y ahí la junta definiría”, asegura Federico Maya, vicepresidente de refinación y petroquímica de Ecopetrol.

Este tipo de proyectos tienen que cumplir con unos mínimos de rentabilidad que Ecopetrol ha fijado en 11,1%.

Además, Ecopetrol se enfrenta a una compleja situación. La mayor parte de la materia prima para la refinería la compra a terceros a precios internacionales y el 40% del diesel que se consume es importado porque tiene que cumplir los estándares de calidad ambiental y, en ocasiones, estos productos están por encima de los precios internacionales. El diesel que hoy está produciendo Barranca en un porcentaje mayoritario no cumple esa especificación.

Las inversiones en las plantas permitirían modernizarlas y que puedan procesar crudos pesados para generar productos de mayor valor agregado.

No obstante los riesgos económicos, la posibilidad de que el proceso de modernización de la refinería de Barranca continúe, va más allá del tema financiero. Por un lado, el país no tiene la infraestructura para importar todos los combustibles que requiere; y, por otro, hay un tema de seguridad energética en el que Colombia no puede depender de combustibles importados y el Gobierno es su mayor accionista.

El debate ahora tendrá varios escenarios. El primero, al interior del mismo Gobierno. El nombramiento de Amylkar Acosta como nuevo ministro de Minas y Energía puede generar mayores tensiones. De hecho, y sin que el ministro Cárdenas se hubiera expresado en ese sentido, su primer anuncio fue que, antes de finalizar este año podría definirse una nueva fórmula para establecer los precios de los combustibles y que se dará trámite a una iniciativa con mensaje de urgencia al Congreso para definir el funcionamiento del Fondo de Estabilización. El segundo, la junta de Ecopetrol. Si la reducción del precio de los combustibles avanza, la empresa tendrá que redefinir sus prioridades y ver en dónde estarán las rentabilidades que exigen sus inversiones y que no pongan en riesgo su expansión.

Y, finalmente, el Congreso. Allí se tomarán decisiones claves en el futuro de los combustibles que no solo impactarán a la locomotora petrolera, sino también las finanzas del país, en plena contienda electoral y cuando la favorabilidad no acompaña al presidente Santos.
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