| 7/8/2015 7:00:00 PM

Así va la Ley que pretende organizar la entrega de baldíos en la altillanura

El próximo 20 de julio arranca en el Senado la discusión del proyecto de Ley de Zidres para optimizar la entrega de tierras en la altillanura. La discusión está para alquilar balcón.

La quinta puede ser la vencida para el proyecto de ley que busca organizar la entrega de baldíos en la altillanura. La iniciativa, que plantea la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), pretende ponerle punto final a una larga polémica sobre el uso que se les dará a unas tres millones de hectáreas ubicadas en la altillanura. Las cuatro anteriores han visto frustrada su aprobación.

Durante casi dos meses, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, cumplió una labor de filigrana para lograr que la Comisión Quinta, y luego la plenaria de la Cámara de Representantes, votaran a favor de esta iniciativa, conocida como Ley Zidres.

Si bien la asignación de vastas extensiones de baldíos puede sonar a música para los oídos de muchos campesinos que no tienen tierra, la particularidad en esta región es que se trata de suelos cuya explotación exige grandes inversiones –en promedio $7 millones por hectárea– lo que exige la participación de empresarios con músculo financiero. El modelo Zidres apunta a desarrollar proyectos asociativos.

Pero, aunque el primer round de esta Ley ya está listo, la verdadera prueba de fuego la vivirá a partir del próximo 20 de julio, cuando la iniciativa comience a hacer tránsito en el Senado, donde se anticipan duros debates y la oposición de varias ONG que consideran que no soluciona las verdaderas necesidades de los campesinos colombianos.

Gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación de la Orinoquia (Asorinoquia) aseguran que la iniciativa tiene buenas intenciones pero se queda corta y no ataca el verdadero problema que en estos momentos enfrentan los empresarios del sector agropecuario: la falta de seguridad jurídica. Las ONG, por su parte, insisten en que esta iniciativa tampoco soluciona el problema de miles de campesinos sin tierra, que nuevamente quedarán excluidos. ¿Qué explica tantas críticas?

El supernotario Jorge Enrique Vélez les sale al paso a las críticas y defiende la iniciativa que considera clave para solucionar dos problemas: por un lado, el acceso de los campesinos a la tierra y, por el otro, la productividad de vastas zonas en el país.

Según Vélez, más allá de las posiciones ideológicas, el trabajo técnico permite garantizar la productividad de la tierra en el país. Por eso, explica que la primera versión del proyecto radicado en mayo pasado no tiene nada que ver con el texto aprobado a mediados de junio, porque buena parte de las críticas que hicieron sectores del Congreso y de las ONG fueron incorporadas.

La Ley permite que el desarrollo de las tres millones de hectáreas de baldíos se pueda hacer vía proyectos asociativos, que podrán ser presentados por asociaciones de campesinos o por campesinos aliados con grandes empresarios.

“Tuvimos en cuenta que 77% de los baldíos adjudicados en el pasado fueron vendidos casi de inmediato. Por eso, buscamos una fórmula para promover el trabajo de grandes, pequeños y medianos empresarios, porque sabemos que se requieren grandes inversiones”, asegura Vélez.

El Superintendente destaca que, además, se les soluciona el problema a cerca de 60.000 familias ancestrales porque se permitirá en algunos casos la titulación de las tierras que ocupan desde hace años y, en otros, se les dará la posibilidad de otorgar una cesión, arrendamiento o usufructo.

Pero no todos quedaron tan contentos. Rafael Mejía, presidente de la SAC, asegura que la Ley Zidres “abre oportunidades en zonas de baldíos para que los pequeños agricultores se puedan unir y trabajar tierras en sitios donde no hay nadie, incluso hay que importar campesinos, y son zonas alejadas y desprotegidas del Estado”.

Sin embargo, considera que a esta iniciativa le falta mucho para promover los grandes desarrrollos agropecuarios que requiere el país.

“El gran problema que existe en la altillanura es que, primero, necesitamos bienes públicos, no que el Gobierno otorgue subsidios; segundo, que haya seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, porque los empresarios no necesitan que les regalen baldíos sino que les garanticen la propiedad y, tercero, que exista una estructura tributaria que atraiga la inversión extranjera y la colombiana en proyectos agropecuarios, como existe en otras partes del mundo”, asegura.

Mejía considera que con la Ley Zidres no se están solucionando estos tres problemas, aunque sí constituye un paso importante en la dirección de comenzar a darle importancia al sector agropecuario, en momentos en que la inversión extranjera directa para este sector solo llegó a 1%.

Por su parte, la directora de Asorinoquia, Clara Leticia Serrano, explica que la Ley Zidres “promueve la productividad en la región, que es uno de los aspectos fundamentales para su desarrollo, pero se queda corta en dar la seguridad jurídica requerida para los agroindustriales que adquirieron legalmente las tierras para el desarrollo de proyectos productivos y que por una mala interpretación de la Ley 160 quieren desconocer este derecho”.

Y es que efectivamente, aunque la Ley Zidres toca el tema de los baldíos, no llega al meollo de una discusión que ya completa varios años y que tiene que ver con la posibilidad de que los empresarios que acumularon tierras entregadas como baldíos después de 1994 mantengan la propiedad.

Como se sabe, a partir de la Ley 160 de 1994 se creó la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que establece que los baldíos de la nación entregados a los campesinos no pueden ser objeto de acumulación o de fraccionamiento por debajo del tamaño establecido.

Así, para el caso de la altillanura, nadie puede ser dueño de más de una UAF (aproximadamente 1.000 hectáreas) –si proviene de tierras baldías entregadas después de 1994– pero tampoco de menos de 1.000 hectáreas. Sin embargo, para los grandes desarrollos agropecuarios en esta región, una UAF no es un tamaño que permita obtener los resultados esperados en productividad, pero también es un problema para un padre de familia que no puede heredarla a sus tres hijos, porque tendría cada uno menos de una unidad.

Según el Supernotariado, este problema de acumulación actualmente lo registran 14.800 predios, que en cerca de 90% corresponde a pequeños campesinos que han acumulado o, por el contrario, han fraccionado sus terrenos.

El superintendente Vélez asegura que este será un tema que tendrán que solucionar los jueces de la República encargados de definir la legalidad de las acumulaciones o fraccionamientos, pues el Incoder tendrá que instaurar ese mismo número de demandas para zanjar el tema.

Eso sí, cree que muchos de estos casos serán inocuos, pues los fallos de devolver las tierras a sus originales adjudicatarios trae un problema adicional: muchos campesinos ya no están, o no tienen con qué pagar las mejoras que han hecho sus actuales titulares.

Para resolver este tema de fondo, Vélez cree que en el país debe generarse un gran consenso frente a este tema que permita modificar la Ley 160 y resolver, de una vez por todas, la titularidad de las tierras provenientes de baldíos entregados después de 1994. Un round que puede ser muy largo.
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