| 9/29/2016 12:00:00 AM

Minminas tendrá que resolver una agenda de alto voltaje

Electricaribe, la tributaria, el presupuesto, un nuevo modelo de energía y hasta los acuerdos con las Farc son los temas clave en Minas y Energía. Entrevista.

Sin duda, se trata de uno de los sectores más complejos en la administración pública. El área de minas y energía, por donde se le mire, tiene complejas coyunturas: reactivar la inversión en medio de la contracción de precios, solucionar la problemática que se ha generado con la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, ajustar la política de energía eléctrica tras la amenaza de apagón y moverse al ritmo de los acuerdos con las Farc. En entrevista con Dinero, el ministro Germán Arce respondió por esta agenda de alto voltaje.

¿Cuál es el escenario petrolero que está viendo?

Lo que oigo de las compañías es que el escenario de precios se está estabilizando. Las proyecciones muestran una senda de US$60 en 2018. Tuvimos un ajuste muy rápido y drástico que llegó a los US$20 y allí el mercado aterrizó. La subida de US$20 a US$40 es la consolidación del nuevo nivel. Se está hablando de entre US$50 y US$60 en los próximos cinco años. A menos de US$50 empezó la pasada ola de inversión en Colombia.

¿Van a sacar rondas antes de final de año?

Vamos a hacer una modificación en el acuerdo de asignación de áreas que va a generar una metodología de ronda permanente. Son como alianzas público privadas de iniciativa privada y puede haber puja con un nivel mínimo de inversión. Eso debe ayudar a reactivar contratos que hoy tenemos riesgo de que los devuelvan. Nos acostumbramos a un modelo que dejaba el mercado vacío dos años. El acuerdo ya va para aprobación al consejo de la ANH.

¿Cómo queda el Ministerio en esta discusión frente al ajuste fiscal?

El Ministerio tiene una ventaja y es que tiene fuentes para muchos de sus usos, que no es el caso de otros sectores. Somos neutrales fiscalmente en algunas discusiones, salvo subsidios que son Presupuesto General de la Nación. En subsidios hay distintos grados de discusión y en eso ya Hacienda tiene identificadas algunas fuentes. Hay algunas discusiones, como dos subsidios en las mismas zonas. Allí vamos a separar prioridades y es un tema que estamos analizando.

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Frente a la reforma tributaria, ¿qué propuesta tienen?

Vamos a construir un incentivo a la inversión, porque si no garantizamos niveles de inversión, no hay exploración; si no se explora, no hay reservas y, si no tenemos reservas, no contamos con producción. El eje es inversión.

¿En qué consiste?

Vamos a llevar una propuesta que es un incentivo a la inversión, un incentivo financiero, un bono. Como cuando se hicieron los incentivos a los exportadores, es un certificado de reembolso tributario (Cert), que de hecho está vivo en la regulación, que genere un incentivo a las nuevas inversiones. Eso quiere decir que fiscalmente es neutral. El certificado sirve para pagar impuestos, pero se puede descontar en el mercado financiero.

¿Para qué?

Para aumentar el valor del capital que se invierte.

¿Cómo?

Adelantando la caja. Esa es la manera más eficiente de acelerar la inversión y de que fiscalmente el Gobierno pueda mandar una señal financiera: no es una deducción y no cambia la tributación.

¿Cuál va a ser el mayor énfasis?

Buscamos que las rondas sean más permanentes y menos cíclicas. Creo que toca seguir haciendo rondas, pero ahora el énfasis grande es garantizar que los contratos que tenemos firmados se conviertan en inversiones, a través de incentivos tributarios o de mover el secundario en las áreas.

De los acuerdos con las Farc, ¿qué les toca?

Eso hace parte del fast track.

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¿En qué sentido?

El grueso de las decisiones judiciales y demandas contra el sector han estado ligadas a normas que han intentado reglar temas de rango superior legal a través de otras de rango inferior. Se han caído decretos y leyes ordinarias que no tenían la capacidad de tocar esos asuntos. Los acuerdos traen una cosa que es del corazón de la discusión en ese sector y es el entendimiento del principio de desarrollo rural integrado. La gente ha interpretado que la discusión es agraria, pero no estamos hablando solo de agro.

En los campos se hace todo tipo de actividad. En el paquete legislativo vamos a presentar normas y llenar esos vacíos legales donde vamos a tener que definir la regla de un principio constitucional que es la concurrencia, el eje de casi todos los fallos en la industria. Queremos crear un instrumento que nos permita salirnos de la discusión de los contratos y nos lleve a la discusión de los recursos.

El otro frente de discusión es en energía eléctrica, tras el cuasi apagón de hace unos meses…

Hay un error en el que no se puede caer y es que cada vez que se asusta hay que cambiar la política. Por fortuna no nos apagamos, porque, si no, hubiéramos terminado haciendo la torpeza de cambiar el modelo en la mitad del apagón.

¿Y qué se ha hecho?

Hay estudios que están en proceso y los consultores van a empezar a entregar productos a finales de octubre. Estamos evaluando el modelo. No es lo mismo construir un modelo energético cuando se tiene cobertura de 74%, como la que teníamos hace 20 años –cuando las señales son de expansión–, a cuando está en 97%. Ahí el siguiente kilovatio es marginal.

¿Esto qué significa?

Llegó el momento de darle rol a la demanda. Si no lo hacemos se va a tener que meter un Sogamoso y otro par de Guavios para llegar al 100% y resulta que uno no optimiza un sistema al 100% porque no es costo eficiente. Esa siguiente unidad va a hacer que suban las tarifas. Qué pasa si hacemos horarios diferenciales, hay descuentos por consumir en otro horario y se cobra si se conecta a la hora pico del sistema.

Entonces, ¿no habrá nuevas subastas?

Hay un hueco por llenar entre 2018 y 2019. Hay que ver cómo compensamos firmeza. Cómo metemos una medida de husos horarios o demanda pico o desconexión es un proceso que va a tomar más tiempo. La señal de 2019 debe ser en algo más confiable, porque hay riesgo de Niño en 2019 y 2020. La decisión de la década es cómo vamos a incorporar renovables en sustitución a líquidos, pero optimizando el sistema sabiendo que ya tenemos 97% de cobertura y no podemos seguir pensando con la lógica de hace 20 años.

‘Una intervención no es una expropiación’

¿En qué va el proceso con Electricaribe?

Cuando nos sentamos con los accionistas empezamos a hablar de cómo se financiarían los planes de inversión. Sin embargo, llegó la notificación de la reclamación internacional y eso puso en stand-by las conversaciones. Esto es como un proceso de terapia de pareja que tiene seis meses a partir del inicio de la controversia. Esos son los términos.

¿Y cuál es su visión del problema?

Lo digo con franqueza: a ese negocio le falta inversión desde hace 10 años.¿Cuánto vale eso?Eso vale $1,1 billones. Esa cifra para una compañía que tiene más de $5 billones en el activo no es una cosa descomunal ni imposible de hacer.¿Y hubo alguna aproximación a la financiación?Ellos se fueron a armar un plan de inversiones y volvieron.

Y encontraron fuentes, ¡todas públicas! No me entendieron, además se comprometieron a capitalizar la empresa. Pero también falta inversión pública…En este momento hay 32 proyectos en ejecución, por un valor de $3,3 billones y que dependían del plan de expansión del Gobierno. Eso va a tener una mejoría grande, en especial para los industriales que se conectan más arriba en la cadena, pero es importante que se hagan las inversiones de la última milla para mejorar la calidad residencial.

¿Y una posible intervención?

Yo les he dicho que nos estamos preparando por si toca intervenir, pero eso, en la lógica de ellos, es ‘me van a expropiar’. Una intervención no es una expropiación, es el resultado de un incumplimiento de una prestación de servicio. La lógica en intervención es que está en riesgo la prestación del servicio y el Estado tiene que entrar a reemplazar la administración. Eso no es una expropiación, yo no me vuelvo dueño de los activos.

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