| 4/16/2014 9:00:00 AM

Patrimonios sinceros

Estas son las claves del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el intercambio de información tributaria que acaba de recibir el aval de la Corte Constitucional.

Para un investigador colombiano resulta hasta hoy toda una osadía husmear en organismos y bases de datos de Estados Unidos en busca de la huella patrimonial de colombianos sospechosos de eludir y evadir impuestos o de blanquear activos.

Históricamente, Washington ha ejercido potestativamente la posibilidad de buscar información en territorios de otros países, pero se ha mostrado muy celoso y poco dispuesto a corregir asimetrías cuando otros gobiernos le piden acceso a información que repose en su suelo. Sin embargo, Colombia dispondrá ahora de un mecanismo clave para garantizar la reciprocidad de Estados Unidos en este ámbito. Se trata del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria que fue declarado exequible por la Corte Constitucional y que entrará a regir en cuanto se cumpla el requisito formal del canje de notas para que entre a regir la ley aprobatoria.

El acuerdo fue firmado en 2001. Pero hasta ahora ningún gobierno había demostrado la voluntad política de aplicarlo como espera hacerlo la administración Santos, empeñada en un combate a fondo contra la evasión, la elusión y otras maniobras y vicios que afectan la integridad fiscal de la Nación.

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el nuevo instrumento es útil para que los colombianos que han hecho inversiones legales en Estados Unidos “sinceren sus patrimonios” y eviten quedar en la misma categoría de aquellos que, amparados en reservas, mueven subrepticiamente sus recursos para no pagar impuestos o para lavar la huella de su origen ilícito.

Previa consulta con expertos, Dinero identificó las cinco principales claves del Acuerdo que, en todo caso, no supondrá que Colombia pueda conseguir de inmediato toda la información que requieren sus autoridades y tampoco desatar una cacería de capitales sin control.

Segundo asalto


El Acuerdo de Intercambio llega a reforzar la lucha que ya había emprendido el Gobierno con medidas de tipo administrativo. Con la entrada en vigor del Acuerdo con Estados Unidos, Colombia buscará ganar un segundo asalto en su pugilato contra quienes se protegen tras secretos y velos para violar la ley penal o incumplir sus obligaciones tributarias.

El primero se tradujo en la expedición del decreto que declaró paraísos fiscales a territorios de 41 países, donde se presume razonablemente que existen fuertes inversiones de colombianos. El decreto gravó con 30% todas las transferencias hechas hacia esos paraísos.

De esos paraísos solo Panamá se encuentra, por razones políticas v diplomáticas, en lista de espera.

El Gobierno confía en que con estas medidas crezca el nivel de recaudos y se amplíen las fronteras de la lucha contra formas de corrupción ligadas al lavado de activos.

1 Lo que se puede pedir: para garantizar la aplicación del Estatuto tributario, Colombia podrá pedirle a Estados Unidos información sobre activos y cualquier tipo de inversión hecha por sus nacionales. Tendrá la posibilidad de hacerlo para calcular el cobro de los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre y gravamen a los movimientos financieros. Como contrapartida, Estados Unidos podrá requerir información para graduar el cobro del impuesto de renta y de todos los tributos de carácter federal.

2 Información fluida: el acuerdo sella un compromiso de las partes para entregarse mutuamente información relevante, centrada en la solicitud del requirente. Ese compromiso supone también el establecimiento de mecanismos para que los datos fluyan rápidamente, de manera espontánea y sin necesidad de que ninguno de los dos tenga que apelar a refinados acuerdos de cooperación que, por lo general, están llenos de requisitos. En otras palabras, se impondrá el criterio de la oportunidad en el suministro de la información. Eso implica que las solicitudes sean precisas y no busquen abarcar innecesariamente varios tópicos a la vez.

3 Diligencias a domicilio: cuando las circunstancias lo ameriten, las autoridades del país requirente podrán solicitar acceso al requerido para que sus investigadores puedan entrevistar personas, registros sobre sus actividades e incluso hacer inspección de libros. De esta manera no serán necesarios trámites adicionales para la validación de pruebas recaudadas. Esta medida busca crear conciencia en los residentes fiscales de cada país para que en sus declaraciones de impuestos se incluyan los llamados ‘ingresos de fuente mundial’.

4 La información no es para todos: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la agencia estadounidense Internal Revenue Service (IRS) quedan comprometidas a manejar reservadamente la información compartida y no entregarla a ningún otro organismo. La única información que puede ser compartida con otras entidades del Estado, como la Fiscalía, por ejemplo, es la relativa al blanqueo de activos.

5 Reglas con excepciones: los principios rectores de la protección a los contribuyentes deberán ser respetados por ambas partes, pues su posible violación será castigada penal y disciplinariamente. Aunque la voluntad general será la de la cooperación, cualquiera de los dos Estados podrá negarse a entregarle al otro información que, a su juicio, ponga en peligro el orden público o implique la adopción de medidas ilegales. La reserva también podrá ser impuesta cuando estén en peligro secretos industriales y empresariales en general, sigilos profesionales y procedimientos comerciales. Estas normas de confidencialidad buscan prevenir posibles abusos.
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