| 7/26/2013 8:00:00 AM

Aceitando la maquinaria

La artillería política para conseguir votos reeleccionistas en las regiones depende en buena medida de la ejecución de un ambicioso programa vial que podría parecerse al famoso Plan 2500 del gobierno Uribe, y de un aumento extra al salario de los alcaldes.

¿Cuántos votos se obtienen por la construcción de una nueva vía, la expedición de un Conpes o la firma de un decreto? Esa es la pregunta del millón, que se están haciendo por estos días varios políticos en el país. Las dos maquinarias–retroexcavadoras y de la política– parecen estar hoy más alineadas que nunca.

La percepción de algunos sectores políticos es que la imagen del presidente de la República, Juan Manuel Santos, no es muy fuerte en las regiones y que una buena forma de conquistar ese esquivo electorado es llevar más asfalto a sus polvorientas carreteras. Algo que tampoco es nuevo y han hecho administraciones anteriores.

La primera punta de lanza para ‘conquistar’ las regiones parece ser un documento Conpes que está en plena construcción y cuyo responsable es el Instituto Nacional de Vías (Invías). La estrategia, denominada Plan de Expansión Vial, prevé que algunas vías del país que hoy están bajo el cuidado y responsabilidad de alcaldes y gobernadores, pasen a manos del gobierno central: en otras palabras, que con el Presupuesto Nacional se financie su adecuación y mantenimiento.

La iniciativa despertó el interés de no pocos gobernadores, alcaldes y congresistas, que ahora hacen fila en el Ministerio de Transporte e Invías para obtener este beneficio, y cuyo efecto se verá reflejado en importantes réditos políticos pues representa ahorros para las golpeadas finanzas de las regiones.

El viceministro de Infra-estructura, Javier Hernández, defiende la idea y considera que algunas vías departamentales soportan tráfico estratégico que debe ser garantizado por el gobierno nacional. También aseguró que la transferencia de responsabilidades depende en buena medida de la disponibilidad de recursos.

Sin embargo, voces al interior de la ingeniería consideran este paso como un retroceso en la política de descentralización. “Los municipios y gobernaciones se malacostumbraron al Plan 2.500, el cual tenía claros fines políticos”, aseguró un dirigente del sector.

Los consejos comunales son el mejor ejemplo de este tipo de políticas. En desarrollo del Acuerdo para la Prosperidad, cumplido en el municipio de Sahagún (Córdoba) el 13 de julio pasado, el presidente Santos anunció que serán adicionados recursos por $400.000 millones para la ejecución de más obras viales en la red terciaria del país, con lo que el programa Caminos para la Prosperidad invertirá finalmente recursos por $2,2 billones. Se trata de una cifra sin precedentes, que beneficiará a miles de campesinos y regiones aisladas, pero que no escapa al espectro político y electoral de estos días.

Otro plan vial, ya en ejecución, es el de Corredores Arteriales de la Prosperidad. Esta estrategia fue diseñada por el exministro Andrés Uriel Gallego en 2008 y preveía la rehabilitación y construcción de 19 corredores regionales. El presupuesto inicial era de $2,5 billones, pero terminó contratado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos por $3,6 billones, pues los estudios iniciales eran muy preliminares.

Aunque algunos de estos proyectos son claves e importantes para la economía y competitividad del país, como la vía Altos de Zaragoza – Cisneros (que hace parte del corredor Bogotá – Buenaventura) y el nuevo puente sobre el río Magdalena en Honda, hay otras carreteras de este plan donde el tráfico previsto es muy bajo y parecen más un contentillo para poderosos mandatarios locales.

Se adelantó la Navidad

Otro hecho que llama poderosamente la atención y que es considerado por algunos sectores políticos como un ‘regalo reeleccionista’ es el decreto 1390 del 28 de junio pasado, en el que el gobierno nacional aprueba una ‘bonificación de gestión territorial’.

El decreto firmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, autoriza el pago de un monto equivalente a 150% del salario mensual para los alcaldes de municipios de categoría cuarta, quinta y sexta. Para el caso de los mandatarios de categoría especial, primera, segunda y tercera, el ‘chequecito’ será equivalente a 100% de la remuneración mensual. El pago tendrá carácter de prestación social y se hará efectivo cada año en dos contados, en los meses de julio y diciembre y con recursos de los municipios.

Los defensores de la norma afirman que los salarios de casi todos los alcaldes son muy bajos y que el Gobierno estaba en mora de actualizarlos. La discusión central es si era oportuno hacerlo ahora, a pocos meses de que inicie en forma la contienda electoral.

Para los opositores al Gobierno, este tipo de premios confirman las condiciones de inequidad, sin contar el gasto no previsto que se debe incluir de ahora adelante en las cuentas municipales.

Las inversiones y planes viales son más que necesarios, al igual que la mejora en los salarios de los mandatarios locales, lo que despierta más de una suspicacia es el momento en que suceden las cosas y la destinación de recursos públicos casi sin resguardo. También queda en el camino la igualdad de condiciones con la oposición, en una contienda política cada vez más inequitativa.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?