Opinión

  • | 2017/03/02 00:00

    Y del sistema de salud, ¿qué?

    Es muy bueno que al menos ahora puedan existir límites a las prestaciones exageradas de la salud con cargo al fisco. 

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Los últimos años del sistema de salud han estado marcados por una discusión pública inclemente, constantemente expuesto a las críticas más feroces, por el hecho de que algunas situaciones particulares alcanzan exposición pública, pero que poco permiten estudiar y concluir soluciones apropiadas para un sistema de gran envergadura y complejidad. Estos choques mediáticos, por las sensibilidades que tocan, son muy difíciles de manejar, y solamente se ven apaciguados cuando hay otros escándalos todavía más ruidosos.

Para entender mejor el funcionamiento del sistema de salud conviene recordar que desde la Ley 100 de 1994 han existido unos periodos de funcionamiento muy diferentes. La primera época, quizás la gloriosa, corresponde al nacimiento del sistema, la consolidación de las instituciones que hacen parte del mismo y una ampliación extraordinaria en la cobertura en condiciones de calidad y oportunidad muy superiores a las que existían antes de su creación. En efecto, al cabo de muy pocos años, la sociedad pasó de una cobertura de apenas 33% a una superior a 90% antes de los primeros diez años de funcionamiento; hoy esa cobertura puede ser superior a 98%. Llamo gloriosa a esa época porque el funcionamiento financiero y operativo del sistema era muy favorable, con una buena aceptación por parte de los usuarios, quienes vieron de manera directa y concreta los beneficios del nuevo esquema.

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No obstante ese comienzo prometedor, el sistema de salud comenzó a debilitarse pronto, a raíz de decisiones jurisdiccionales en las que, vía tutela, se crearon cargas inesperadas en el concepto inicial de la Ley 100. Y desde el punto de vista institucional, además, no existía ninguna preparación para lograr manejar racional y eficientemente esa enorme demanda de servicios que desbordó la capacidad del sistema. A medida que los usuarios tuvieron mejor conocimiento del sistema, no solamente comenzaron a aumentar sus solicitudes de servicios, sino a perfeccionar su capacidad de conseguir prestaciones, muchas recurrentes, pero no pocas completamente atípicas y absurdas. En efecto, el sistema recibió tutelas en un número inferior a 25.000 en el año 2000 y, en el peor año, que fue 2008, casi llega a las 145.000 tutelas. En la práctica, durante esta segunda época del sistema no existió ninguna decisión de calado en cuanto a la forma de administrar el alcance de la prestación de los servicios de salud, que desembocó en discusiones interminables entre los agentes del sistema, y entre estos y el público demandante de una prestación cada vez mayor y agresiva. Mientras tanto, el déficit del sistema se hizo mucho más severo, la dependencia de los recursos del Estado aumentó (al comienzo era contributivo y hoy solamente 45% de la población cubierta es de ese régimen) y la percepción del sistema se deterioró gravemente.

Con esa alarmante situación se puso en tela de juicio la continuidad misma del sistema, siendo muchas las voces que se alzaron para que se acabaran las EPS y buscar un sistema público de prestación ilimitada de servicios. El otro lado del problema, como siempre el financiero, doblegaba tanto a las EPS, metidas en un sándwich de las decisiones de las tutelas y el dilatado reembolso de los costos del “no POS”, como al Estado, que es el destinatario final de las cuentas.

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A comienzos del actual gobierno, el valiente Ministro que ha tenido en sus manos este triste y desgastante problema hizo un amago de introducir cambios trascendentales en el manejo del sistema, de los cuales solo quedó en pie la famosa Ley Estatutaria de Salud. De las EPS no pudieron salir, a mi modo de ver por una razón elemental: si los privados no son capaces de contener el gasto en salud, las instituciones públicas menos lo harán.

De esa reforma solo se aprobó la Ley Estatutaria, uno de cuyos principales beneficios, si no el único, comienza a desarrollarse hasta ahora para definir qué clase de prestaciones no cubre el sistema. Triste que esa decisión solamente comience a materializarse más de veinte años después del nacimiento del sistema de salud. En todo caso, es muy bueno que al menos ahora ya puedan existir límites a las prestaciones exageradas de la salud con cargo al fisco. Pero es evidente que la situación actual es muy precaria, pues la carga sobre el fisco es muy alta: alrededor de 1,4% del PIB, según Anif. Lo que queda claro es que el reto de administración del sistema de salud apenas comienza y que, por ahora, no tiene signos de robustecerse de manera significativa. Al contrario, lo que parece es que nos hemos acostumbrado a tener un mal sistema de salud, costoso y falto de credibilidad. ¿Será nuevamente problema del próximo gobierno?

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