| 3/19/2015 6:00:00 AM

La venta de Isagen

Juan Manuel López Caballero.

Es posible que este nuevo intento vuelva a fracasar –los potenciales proponentes deben saber que cayó la medida cautelar pero sigue pendiente el fallo del Consejo de Estado–; sin embargo, pase o no pase la venta, esto deja muy mal sabor.

por Juan Manuel López Caballero

La venta de Isagen se había frustrado sin que se informara a la opinión la verdadera razón, tanto de las demoras, como del porqué de las medidas cautelares que la impidieron y del motivo de la decisión final.

Lo que realmente sucedió fue que no se tramitó la aprobación por el Congreso de la ley que permite y señala cuales son los bienes del Estado que se pueden vender. La Constitución prescribe en la Ley del Marco Fiscal de Mediano Plazo el lleno de varios requisitos en las diferentes leyes paralelas –(Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo; Plan Operativo Anual de Inversiones; Presupuesto General de la Nación)–, lo cual no se cumplió.

Hasta qué punto el Gobierno da importancia a los temas económicos pero menosprecia los temas jurídicos (igual los medios cuando no hay escándalo incluido) llevó al error o intento del Gobierno de disimular esto y sacar esa decisión a las malas (o por fuera de la ley).

De lo malo, sin embargo, salió algo bueno pues propició que aparecieran todos los otros aspectos del debate o cuestionamientos a la operación. Estos fueron tantos que no se concretó el peso de ninguno, y con el retiro quedó pendiente el sopesarlos para tomar la decisión bien fundamentada.

Parte de ellos vinieron principalmente de la oposición uribista y fueron entre otros: que valía menos por estar pendiente la finalización de la represa de Hidrosogamoso; que existían dudas sobre si el fenómeno del Niño perjudicaría su entrada en funcionamiento; que el avalúo no era confiable; que siendo la joya de la corona era un error salir de ella; que los recursos que se generaran tendrían que estar asignados a algo concreto para que no se despilfarraran; que equivalía a entregar la soberanía energética pues era la única que permitía hacer contrapeso a todo el sector privatizado; que era la entrega de la garantía del la capacidad de manejo del último de los servicios públicos sobre los cuales aún incidía la propiedad del Estado; que se corría el riesgo de excesos de concentración en algunos de los operadores.

A cada argumento el Gobierno dio una especie de respuesta medio confusa, pretendiendo que toda objeción venía del uribismo por el prurito de hacer oposición (lo segundo cierto pero lo primero errado): que la represa estaría terminada para el momento de la venta; que el ‘niño’ no impediría su arranque para la fecha prevista; que el avalúo lo habían hecho con el máximo cuidado y que no importaba que correspondiera a un par de años atrás; que su rentabilidad podía reemplazarse por mejores inversiones; a veces se afirmaba que esos recursos se destinarían a los proyectos 4G de infraestructura y a veces que estos no lo necesitaban; que el modelo actual operaba bajo el principio de no tener inversiones donde las podía hacer el sector privado; que el Estado controla los servicios a través de la regulación y no de la prestación directa.

Pero en todo caso el resultado fue el retiro de los proponentes y la suspensión, la cual ante todas esas dudas se había considerado y aceptado como lógica.

Todo esto desaparece ahora por encanto, y ante la crisis en las finanzas del Estado –producida por la caída del petróleo–, sin segunda reflexión estamos feriando ese activo. Ante la inminencia de incumplir casi todas sus promesas, el Gobierno decidió echar por la calle del medio y rematar atropelladamente ese bien, sin consideración alguna sobre las anteriores inquietudes, ni sobre el momento en que lo hace, ni sobre las nuevas consecuencias que puede traer. Se trata del activo más preciado y la operación más cuestionada, pero, en vez de que eso justifique la mayor transparencia posible, indujo a que se actuara en esa forma.

Lo que ahora sucede es que sin resolverse sobre ninguno de esos temas saca subrepticiamente la licitación, subsana el requisito de pasar primero la ley correspondiente y apuesta a que en los dos meses (que fue el plazo para la adjudicación) no se alcanzan a repetir el escándalo y los cuestionamientos que produjo el intento anterior.

Hoy se nos informa que Hidrosogamoso está terminada pero que el avalúo para la base esperada es la actualización con el IPC, y, siguiendo la reciente tesis del Ministro de Hacienda de que la devaluación es una bendición porque contrarresta la baja del precio del petróleo, se afirma que esto es una ventaja porque habrá más interés de los potenciales proponentes (claro, puesto que en dólares sale más barato). Se informa también que al invertir esos recursos en carreteras el beneficio para el país será mayor, pero nada se dice de cómo se reemplazarán de ahora en adelante sus dividendos como ingreso del Estado (el principal después de Ecopetrol).

Es posible que este nuevo intento vuelva a fracasar (los potenciales proponentes deben saber que cayó la medida cautelar pero sigue pendiente el fallo del Consejo de Estado); sin embargo, pase o no pase la venta, esto deja muy mal sabor.
Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.