Opinión

  • | 2004/07/23 00:00

    Usted ya pagó más de cuatro veces esta obra que aún no termina

    Lejos de ser 'Ley de Leyes' o 'Carta Magna', la Constitución de 1991 ha sido apenas un instrumento administrativo más.

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No ha sido afortunada la historia de la Constitución de 1991. Nació de la fábula de la séptima papeleta que solo existió en el mundo virtual (se imprimieron y distribuyeron apenas unos centenares de miles de papeletas por algunos estudiantes en las tres grandes ciudades, no tuvo existencia jurídica, y lo contado por la Registraduría no llegó a 200.000). Vino después la sentencia extraordinaria en el sentido estricto de la palabra -o sea, insólita- en que una Corte Suprema, nacida de un decreto presidencial ad hoc, se basó en ese supuesto 'hecho político' falso y jurídicamente inexistente, para, como guardián de la Constitución y a pesar de reconocer que era inconstitucional, declarar exequible un decreto de Estado de Sitio que llamaba a una Constituyente para reformarla.

La elección de sus miembros es acompañada por la estrategia sorpresa del bombardeo ese día a Casa Verde, con lo cual se decidió la prolongación de la guerra indefinidamente (la Asamblea iba a ser 'el foro de paz').

Los constituyentes elegidos proclaman -en contra de la misma sentencia- que ellos son omnímodos y omnipotentes. Y negociaron para que cada ganador tuviera un feudo propio presidiendo una comisión, que no coordinaba con las otras, ni tenían entre ellas instancia de concertación para dar coherencia al resultado final; en otras palabras, se organizan para producir una Carta sin definición de principios ni objetivos. En su momento, el vocero del gobierno la describió como un 'Manual de Funciones', lo cual es como si en los Evangelios se prescindiera del mensaje que contienen y se les diera el tratamiento de guía turística de los lugares santos.

En cuanto al procedimiento para darle contenido, no sabe uno si asombrarse con el absurdo de la supuesta metodología de instalar mesas en los 1.048 municipios para que todos y cada uno de los ciudadanos hicieran sus propuestas y después tabularlas para sacar los puntos que debería presentar el gobierno; o si indignarse, porque que esto significaba o que el gobierno nos había lanzado a derogar la Constitución sin tener propuesta alguna, o que se burló del pueblo colombiano haciéndole creer que esto sucedería cuando ya tenía su propio proyecto listo.

Vino después el curioso incidente en que se 'perdió' el texto en el computador y le tocó a la Comisión de Estilo decidir cuáles serían los textos aceptados y su redacción final (recuerden las rabietas de C. Ll. de la F. para imponer lo que, a su juicio, por haberlo presentado él, sí había sido aprobado).

Y después la macondiana ceremonia, a los acordes del Himno Nacional y la proclamación de 'bienvenidos al futuro', de la firma de unas hojas en blanco (¿premonitoria tal vez?).

Por eso, en la Biblioteca Nacional, entre los originales de nuestras Constituciones, quedó el espacio vacío de la actual Constitución; y por eso se editaron distintas versiones, incluyendo la de la oficina creada para su divulgación con un extraño artículo 216 bis que no se sabe ni cómo entró ni cómo desapareció.

Resultado: en escasos 10 años, hemos tenido 18 reformas, 42 artículos cambiados y más de 20 proyectos en trámite, y nunca ha habido una edición que coincida con la Carta vigente.

Lejos de ser 'Ley de Leyes' o 'Carta Magna', la Constitución de 1991 ha sido apenas un instrumento administrativo más, ya que en su reglamentación se minimizaron los requisitos de toda reforma que tenga la trascendencia que corresponde a la jerarquía de esta clase de contrato social, si aspira a ser consensual y de larga duración; a saber: diferentes instancias, por diferentes actores, bajo circunstancias diferentes, y por mayorías especiales; en este caso, la modificación prevista en dos legislaturas resultó una caricatura de esto, puesto que son los mismos partícipes, con la misma mayoría simple que, excepto un diferido de algunos días, ratifica bajo las mismas circunstancias políticas, económicas, sociales, de nombramientos, etc., lo que ellos mismos ya aprobaron.

Demostrativo de esta falla, pero más de la banalización de las reformas (para no hablar de corrupción), ha sido el tratamiento de las últimas, con el juego de 'yo levanto tu impedimento y tú levantas el mío', o aprobando un cambio de la Constitución como contraprestación a unas partidas para determinada región.

Esto acompañado de la dificultad para impedir los cambios cuando hay un manejo indebido: en casos como estos, en los cuales es absolutamente nítido y evidente el procedimiento y el contenido inconstitucional, no puede pronunciarse la Corte sino tras haberse surtido todo el proceso de expedición en el Congreso y confirmación por el Ejecutivo, cuando la opinión pública ya supone que surtió correctamente el trámite.

Como si fuera poco, apareció la genialidad de lo que se llamarían 'reformas abiertas', es decir, aquellas en que el Acto Legislativo deroga la norma constitucional vigente y ordena que el contenido de la nueva norma lo defina una ley. Así, el Acto no puede ser sujeto de control (puesto que no establece nada); y la ley no puede ser inconstitucional puesto que solo cumple lo que él ordena.

Es el caso del Estatuto Antiterrorista y la Ley que lo desarrolla, o el de la Reforma Penal que se debe plasmar en 5 estatutos, o se aplica hoy al proyecto sobre la reelección, el cual difiere lo esencial (régimen de inhabilidades, financiación de las campañas, estatuto de la oposición, etc.) a unas leyes que nunca serán inconstitucionales en la medida en que nacen de un Acto Legislativo que nada precisa.

Lo anterior agravado con la amenaza o absurdo mayor de que, a lo impreciso de lo que deben contener, se adiciona la opción de que otros órganos -el Ejecutivo en el primer caso o el Consejo de Estado para la reelección (¡!)- asuman la función legisladora (en la práctica, esto depende del gobierno).

Y la politización de la Corte que impide que lleguen a la Corte Constitucional quienes corrijan esas desviaciones, cuando el Consejo de Estado, llamado a proponer candidatos supuestamente por ser idóneos, se constituye en una especie de poder -o tal vez más correctamente de obstáculo- supraconstituyente, y descalifica a aquellos que son unánimemente reconocidos como los más aptos, pero que se han pronunciado en defensa del enfoque garantista del cual ni el Consejo ni el gobierno gustan, y que vemos en la manipulación para impedir formar el quórum mientras se posesiona un nuevo titular que no vote la inexequibilidad de la ley antiterrorista, o en que no se pronunció sobre la inexequibilidad de la Reforma Penal pues se declaró 'inhibida' por 'ineptitud en la demanda'.

Esta azarosa historia se consolidaría con un entierro de pobre para la Constitución, si se sigue la tesis de que puede ser cambiada (que no reformada) en cualquier instante y en cualquier medida, por el solo hecho de contar con una mayoría parlamentaria que así lo quiera (o algunos dirían que así se deje comprar), olvidando que en un Estado de Derecho ella es el contrato entre los ciudadanos para entre otras cosas -pero muy especialmente- prevenir el posible abuso de las mayorías coyunturales, ya que, si fuera solo para amparar el poder de las mayorías del día, sería innecesaria o igual que inexistente.

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