Opinión

  • | 2016/03/03 00:00

    Una reforma tributaria o una emergencia económica del Gobierno

    Lo que justifica sacar este año una nueva reforma tributaria es únicamente cuadrar el déficit de 2016 y mejorar el de 2017; pues estamos ante una emergencia económica.

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El cuento de que se está estudiando una Reforma Tributaria Estructural ya no pega.

Presentar múltiples objetivos a la vez es no saber cuál es el prioritario o el verdadero fin que se busca: mal se puede plantear que la reforma servirá para financiar el posconflicto; y al mismo tiempo sanear los faltantes inesperados por la caída del precio del petróleo; también garantizar la sostenibilidad fiscal hacia adelante; volver más equitativo el sistema; darles competitividad a las empresas; y además aumentar el recaudo. Entre las medidas que se tomen siempre habrá una o unas que darán más importancia o producirán más efecto en uno u otro de esos aspectos; pero pensar en solucionar todos los temas al mismo tiempo es apostar a la compatibilidad de tantas soluciones diferentes, lo cual o es algo iluso o un engaño: se puede llegar a que no se choquen unas con otras, o eventualmente a que la principal que se escoja aporte algo a las otras, pero una respuesta universal para todas es un imposible.

De hecho, la sola discusión sobre si se presenta o no según el momento político, o, como dicen, que es una solución económica pero un problema político, muestra la falta de responsabilidad y seriedad en el tratamiento de un tema que supone decidir un futuro. Y si en algo dependiera de la coyuntura, no debería ser alrededor de cómo tramitarla en el Congreso estando de por medio el ‘proceso de paz’, sino de cómo incluirla en las negociaciones de La Habana para que responda al propósito de servir de sustento a lo que se necesita para desarrollar los acuerdos.

Pero lo que más falta por debatir o aclarar es cuánto durará esta reforma. Porque esto ya está determinado.

La implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– se encuentra en desarrollo, y tiene un trámite definido.

Su proceso ha sido escalonado para poder evaluar sus consecuencias y ajustar no solo las contabilidades sino el resultado de las mismas a las reglas fiscales. Se han montado tres etapas: para un ‘Grupo 1’ (empresas inscritas en bolsa, o vinculadas internacionalmente, o grandes en patrimonio o cantidad de trabajadores), para un ‘Grupo 3’ (menos de 10 trabajadores y de 500 salarios de activos), y un ‘Grupo 2’ (los medianos que no están en los grupos anteriores). Para los Grupos 1 y 3 entrando en vigencia a partir del primero de enero de 2015, para el Grupo 2 desde 2016. Y para todos un plazo de evaluación sin efectos tributarios por 4 años, o sea hasta el año 2018 o 2019, según el caso.

En ese intermedio la idea es medir los resultados que produce tanto para los contribuyentes como para el fisco, y, acorde con ello, definir cómo será el nuevo sistema de tributación.

En otras palabras, para 2018 debemos tener en funcionamiento un nuevo sistema tributario.

Además, antes de esas fechas los datos derivados de las nuevas formas de contabilidad ya con los grandes contribuyentes, y en la medición tentativa con los medianos, han permitido constatar que se producirían cambios notorios, con grandes distorsiones respecto a la tributación actual, y, paradójicamente, disminuyendo el recaudo.

O sea que también por esa razón ni la permanencia de la reforma que hoy se haga, ni mantener la aplicación de esas reglas tributarias a las nuevas contabilidades es posible.

Pareciera (y es posible) que la Comisión de Expertos, al igual que la inmensa mayoría de los actuales funcionarios de la Dian (al igual que en general los contadores), no tienen claridad sobre la obligatoriedad y consecuencias de la aplicación de las NIIF.

Pero mientras no se integre a una reforma tributaria, la información que de esos ejercicios se extraiga, será apenas provisoria cualquier medida que se incluya; o peor aún, será solo el primer contado de un aumento que seguramente se complementará entonces (si algo conoce el colombiano es que las normas tributarias transitorias siempre se vuelven definitivas, y que no existen reformas que disminuyan lo que tiene que pagar).

La otra conclusión es que si el Gobierno sí sabe esto –y tiene que saberlo– las diferentes supuestas razones para sacar este año una nueva reforma desaparecen, y lo que la justifica es únicamente cuadrar el déficit de 2016 y mejorar el de 2017; porque lo que estamos es ante una emergencia económica. O, para ser más exacto, y contrariamente a lo sostenido por el Ministro de Hacienda, lo que estamos es ante una necesidad para salvar al Gobierno, y no un legado para el país.

Y lo que el Gobierno está haciendo –como lo ha hecho en otras ocasiones– es lanzar globos y fomentar debates que agoten a la ciudadanía para que en el momento que concrete ese propósito el país esté cansado, anestesiado y resignado a cualquiera de las opciones que escoja.

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