Opinión

  • | 2016/03/31 00:00

    Un presidente en pánico

    Un motivo para el pánico es lo preocupante no solo del mal momento que pasa el país (paros cívicos, crisis económica, huelga de la justicia, polarización ante el avance del ‘proceso de paz’, etc.) sino la pésima coyuntura en la que él mismo se encuentra.

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La forma en que el Doctor Juan Manuel Santos ha reaccionado ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia es síntoma del poco control que en el momento tiene sobre sí mismo; se podría caracterizar como un ‘Estado de Pánico’ por varias razones.

La reacción inmediata ante un tema semejante no parece la más apropiada. Y menos para tomar una decisión de fondo. De por sí la inmediatez para salir a la opinión pública no podía justificarse en el fallo mismo, pero muchísimo menos el resolver la posición respecto al contenido.

Nada tenía la situación objetiva de extremadamente grave, inesperado o definitivo: lo único que la sentencia decía es que se desarrollará el juicio donde se resolverá la controversia, pero no implica ningún pronunciamiento respecto a ella. Es la etapa de un proceso en el cual apenas se define la competencia del juez pero no se decide nada en cuanto a la relación entre las partes litigantes.

A menos que haya sido un propósito sobredimensionar lo que implicaba el fallo para producir un ‘enemigo externo’ –en este caso no Nicaragua sino la Corte–, solo un estado de pánico explicaría la reacción del primer mandatario.

El acompañamiento y el estudio que debe preparase ante semejante golpe no se madura y consolida en un par de horas después de leída la sentencia. Y el manifestar enfáticamente con un ‘he decidido’ que lo asume como una responsabilidad personal, lejos de subsanar eso lo agrava.

A la Corte misma se le pretende descalificar no solo su competencia formal, sino, al descalificar su argumentación, se ha cuestionando su idoneidad profesional; y más que mala imagen, queda como una mala caricatura el mandatario rodeado de la Canciller y el Ministro de Defensa, como simbolizando que enfrentará la situación con las alternativas de la diplomacia o de la fuerza.

La inconsistencia de presentarse a un juicio con argumentos, pruebas y todos los requisitos que este exige para después negarse a someterse a sus resultados es evidente; y por supuesto no tiene ninguna presentación como política ante la comunidad internacional. Es cuestionable éticamente y a los ojos del Derecho Internacional.

Pero incluso, si es para desacatar y desconocer la autoridad de la Corte de La Haya, y teniendo en cuenta que el proceso de todas maneras seguirá, es mejor hacerlo después de haber tenido la oportunidad de controvertir y la posibilidad de ganar; la posición adoptada es equivalente a asumir la pérdida del juicio antes de que eso suceda, agravándolo con el paso de adelantarnos a enfrentar a los organismos de la Comunidad Internacional, puesto que la Corte es instrumento de la ONU. En concreto, el daño es mayor al seguir este camino.

Tan serio fue el trámite que coincide con la vieja costumbre de los tribunales judíos según la cual lo justo de un juicio lo verifica el que haya disidencias, puesto que en cuestiones de valoración no puede haber unanimidad de todos los miembros, sino, si todos trabajan con un mismo error.

La contradicción va hasta la jurisdicción interna, puesto que nuestra Constitución establece el sometimiento de nuestra institucionalidad a la jurisdicción internacional.

En cuanto al pánico, razón puede tener en cuanto a que no serán pocas las plumas y los analistas que atribuirán a un deficiente manejo no solo este resultado sino además el conjunto de los anteriores. Al fin y al cabo, el haber escogido como voceros y agentes a abogados importantes localmente por su trayectoria pública en vez de abogados especialistas en Derecho Internacional parece bastante poco afortunado; igual, argumentos y estrategias tan evidentemente frágiles como el pretender que una Corte que ha producido un fallo no sea competente para hacer el seguimiento al cumplimiento, o el haber insistido en que un tratado anterior a la existencia del Derecho del Mar podía regular los litigios al respecto.

Y otro motivo para el pánico es lo preocupante no solo del mal momento que pasa el país (paros cívicos, crisis económica, huelga de la justicia, polarización ante el avance del ‘proceso de paz’, etc.) sino la pésima coyuntura en la que él mismo se encuentra.

Todas estas consideraciones concluirían en que lo indispensable y lo más importante hubiera sido el poner cabeza fría al manejo que se debe dar, y no lo contrario, como sucedió.

(El Presidente consideró que puede asumir ante el orden jurídico internacional la misma actitud que ante las Altas Cortes internas, como lo ha venido haciendo respecto a la sentencia del Consejo de Estado al nombrar como ‘Ministro del Postconflicto’ a quien la máxima jerarquía en Justicia Administrativa sentenció que había violado la Moralidad Administrativa mediante actos ilegales, inconstitucionales, etc., y haciéndose el indiferente ante el que consideró nulo el nombramiento del Dr. Serpa como Director del Partido Liberal y que el Tribunal de Garantías calificó la forma en que lo está ejerciendo como de facto.).

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