Opinión

  • | 2017/08/17 00:00

    Un 4 por ciento

    En Colombia se pagan mordidas en miles de contratos. Odebrecht es de conocimiento público porque la justicia de Estados Unidos y Brasil sí investigan.

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Pocos medios de comunicación están haciendo el esfuerzo por llegar al fondo del problema de corrupción en Colombia. Cuando hablan de los sobornos al ‘Ñoño Elías’ o de otro de los involucrados, parecería que la Ruta del Sol ha sido algo único. El soborno de $30.000 millones al ‘Ñoño’ se enuncia con un punto final y no con los múltiples interrogante obvios: ¿Cuánto ha robado desde 2006? ¿Cómo logro más de 100.000 votos?

Vamos en orden. En enero 14, la Fiscalía decidió sancionar a Odebrecht en función del monto de sobornos pagados, desconociendo la rentabilidad de dichos sobornos. Aquí todo arranca mal, la justicia colombiana sanciona de forma tan ligera que el soborno sigue siendo rentable.

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Pero esto no fue lo más patético. Parece que nadie ha hecho una sencilla regla de tres. En República Dominicana Odebrecht reconoció utilidades de US$163 millones (m) gracias a pagos ilícitos en más de U$92 m; en Ecuador la relación fue U$116 m/U$33,5 m; en Panamá U$175 m/U$59 m; en México U$39 m/U$11m. Evidentemente, hay algo anómalo en los U$50 m/U$11 m de Colombia. La relación utilidad/soborno estaría entre 1,7 y 3,5. En Colombia esta relación es de casi 5. El soborno reportado fue solo lo que dejó huella por el sistema financiero. Lo que movieron Odebrecht y sus socios por otros canales no financieros (Hawalas) probablemente fue el triple de lo declarado en el acuerdo de oportunidad que firmaron con la justicia americana en 2016.

Aunque la subestimación de los sobornos pagados por Odebrecht era evidente, solo hasta este fin de semana quedó confirmado por Otto Bula. Los sobornos para la adición del contrato Ocaña - Gamarra llegan a los $90.000 millones, el tal 4%. Y eso que aún no sabemos nada de los controversiales tribunales de arbitramento que con tanta frecuencia beneficiaron a Odebrecht.

Esto nos permite inferir que existen ciertas tasas de mercado que los corruptos usan como referencia. Entonces, ¿por qué no sabemos nada del verdadero monto de sobornos en la concesión original? ¿En ese contrato también aplicaron el 4%? La Ruta del Sol II fue aprobada en $2,94 billones, por lo cual el soborno podría ser de $90.000 millones. El cuento de que tan solo se pagaron $13.500 millones no es creíble; y mucho menos que el viceministro lo hizo solito. Esto aplica también a los otros contratos y a los mecanismos para mover la plata, como la firma Sion. Esas estructuras llevan años y han sido usadas en muchos otros contratos. Todos los que contrataron con Sion deberían ser investigados para ver qué otros “servicios” prestaba.

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El país necesita un ejército de investigadores honestos si se quiere llegar al fondo de todo esto. Solo el conector Tunjuelo Canoas y sus afortunados arbitramentos podrían haber movido más de $16.000 millones. ¿Y Navelena con sus oportunos créditos del Banagrario? Tantos nombres en común no pueden ser azar. Todo esto es un patrón con larga historia de obras inconclusas y dineros públicos desviados. En la misma Dian se hacía esto evidente, con contratos como el edificio de la seccional en San Andrés, recibido a satisfacción como terminado y solo existían los cimientos: la funcionaria que firmó los papeles se suicidó.

Esto lleva décadas. La historia corrupta de Odebrecht se remonta a los 90, al ferrocarril de Santa Marta-La Loma, cuyos interventores salieron espantados por lo que pasaba. Revista Semana publicó en 1995 el artículo El Tren de las Ausencias. Uno de los investigados en aquel entonces vuelve a ser mencionado en los escándalos de Odebrecht. Ilustre carrera que también tuvo relación con DMG, el cartel de la contratación de Bogotá y con contratos de movilidad desde la Costa hasta el Huila. Muchos de los jugadores clave se repiten: Federico Gaviria, a pesar de la condena en su contra, vuelve y juega; él sabe que el crimen paga y paga bien.

Y Sahagún también repite. Emilio Tapia era apenas parte de esa poderosa influencia cordobesa que se reflejó en la votación de Iván Moreno. Desde entonces vienen los vínculos del ‘ Ñoño’ con la contratación pública. Las mordidas se vienen acumulando desde hace más de una década y deben superar las docenas de millones de dólares. Y con seguridad esto es aún más complejo, ya que tras bambalinas siempre hay un tufo a narcotráfico insoportable. Hagan el listado de los miembros de la comisión sexta del Senado de la época y busquen los vínculos de cada miembro con estos escándalos de corrupción; la lista es aterradora: desde Macaco y Mancuso, hasta el ‘Loco’ Barrera, pasando por la oficina de Envigado; todos aparecen por ahí.

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Los patrimonios mal habidos pueden superar los U$50 millones por protagonista y la Fiscalía nunca ha extinguido nada que se le parezca. Mientras el crimen pague nadie va a parar esto, la cárcel no es sanción efectiva. El patrón es claro, la evidencia abundante, el enriquecimiento claramente desproporcionado y quienes pueden hacer algo nombran a un corrupto como fiscal anticorrupción. No nos digamos mentiras, el reto que tenemos por delante es inmenso y no lo podemos resolver solos. El día en que la lucha anticorrupción sea liderada por estructuras creadas por la comunidad internacional; sigamos el buen ejemplo de Chile de incentivar económicamente la delación en casos de gran corrupción e incluyamos en la reforma política la inhabilidad para ser elegido a quienes tengan familiares en cargos de elección popular en los seis años previos y Hacienda genere efectivo por $1 billón al año a través de la venta de los bienes de los corruptos, empezará el cambio.

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