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Sí pero no

| 5/18/2013 4:25:00 PM

Sí pero no

Colombia es un país descentralizado, pero a medias. El debate está entre mantener las riendas apretadas y soltarlas. ¿Cuáles son los argumentos de uno y otro lado?

por Alberto Carrasquilla

La reunión anual que organiza la Federación Colombiana de Municipios, además de servir de marco para que el país se entretuviera de nuevo con la ocurrencia presidencial du jour, esta vez la reelección light, reveló una interesante realidad: la inocultable tensión entre el principio de la descentralización que dispone la Constitución, de un lado, y la franca incomodidad con la que muchos observadores y funcionarios ven la figura en su conjunto. Para simplificar, el alcalde típico cree que el gobierno nacional se mete demasiado en los asuntos locales, mientras mucha gente dentro y fuera del gobierno nacional cree que entre más centralizadas las cosas, mejor nos va debido –argumentan– a una combinación de circunstancias que incluyen la ausencia de suficiente capacidad gerencial y la propensión al despilfarro, por no ir más lejos.

La tensión entre lo que dice la Constitución al respecto y lo que piensan muchos ha llevado a una especie de descentralización a medias. Siendo cierto que hay transferencias, también lo es que los mandatarios locales poco margen tienen, en la práctica, para diseñar sus propios modelos educativos o sus sistemas de salud, por ejemplo. Las soluciones en materia de transporte masivo en ciudades intermedias y grandes han pasado, sin excepción, por una serie de procesos burocráticos diseñados y operados en Bogotá, de donde sigue saliendo el grueso de la plata, lo mismo que sucede con todo tipo de bienes públicos locales. Sería interesante efectuar una encuesta que midiera el tiempo que alcaldes y gobernadores gastan en Bogotá tramitando oficios y diligencias. Sospecho que es una cifra bastante elevada.

El resultado es que si bien como porcentaje del PIB los recursos que manejan los entes territoriales está entre los más altos de nuestra región, lo cierto es que en el día a día de la ejecución de esos cuantiosos presupuestos, la capacidad efectiva de influir que tienen los gobiernos locales respecto de su destino y composición es limitadísima. De ahí la inconformidad que se evidenció en la reunión de marras y la necesidad de que se dé un debate acerca de si conviene o no conviene perpetuar este modelo del sí pero no.

El argumento a favor de las riendas cortas es la presunción de culpa en dos áreas cruciales: la incompetencia administrativa y la corrupción. Ejemplos recientes del sí pero no incluyen la ley de regalías y la propuesta de ley ordinaria que cursa actualmente y que reformaría al régimen de salud, centralizando todos los flujos de recursos en un gigantesco ente estatal cuyo órgano decisorio lo compondrían dos ministros y un delegado presidencial. El argumento en contra es que los problemas locales y sus soluciones se conocen mejor localmente y que soltar las riendas conviene para explotar esa ventaja comparativa que tienen las regiones respecto del centro.

No conozco evidencia que muestre que los funcionarios territoriales son más corruptos ni más incapaces gerencialmente que los funcionarios nacionales. La hipótesis misma me parece descabellada. Lo que sí es cierto es la enorme discrepancia que existe, notada recientemente en un interesante artículo por el profesor Jim Robinson, entre una élites urbanas modernas (representadas en el alto gobierno nacional) y unas élites regionales premodernas, representadas en muchos gobiernos locales. Entre las dos fuerzas hay un complejo equilibrio cuya manifestación más clara es el canje de votos regionales baratos, por autonomía regional de facto, brindando amplio espacio para el surgimiento de violencias y desfalcos de diversa índole.

Esta tesis sugiere que el problema no es la descentralización sino la naturaleza del equilibrio vigente y lo apropiado no es acortar la rienda desde el centro, sino modificar los términos institucionales del equilibrio. En lugar de apretar, hay que aflojar las riendas y proveer, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para que la población de cada región sea partícipe real de su vida económica, social y política. Estas condiciones tienen que emanar del centro e incluyen bienes públicos esenciales como la seguridad, la justicia en general y los derechos de propiedad en particular.

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