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Juan Manuel López.

| 8/8/2013 4:00:00 PM

¿Sí hay conflicto de jurisdicciones?

El debate sobre el Marco Jurídico para la Paz hace que valga la pena estudiar aspectos de las jurisdicciones que pueden cobijar o referirse a esos temas.

por Juan Manuel López

La cercanía entre Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho de los Derechos Humanos (DD.HH.), ha permitido muchas confusiones.

Se unen en un concepto general de ‘Derechos Humanos ampliados’, pero es bueno establecer que son radicalmente diferentes: son complementarios pero excluyentes; uno rige para las condiciones particulares y excepcionales de conflicto armado, el otro es permanente y para todas las situaciones; el uno es en la práctica puramente declarativo, sin régimen procesal ni autoridades que juzguen, mientras el otro está organizado para hacerlo con órganos como la Corte Interamericana de DD.HH. o el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el DIH se refiere a la relación entre partes combatientes prescindiendo de su naturaleza o de la relación entre ellas, mientras que la de los DD. HH. contempla la obligación de los Gobiernos entre ellos y ante sus ciudadanos (por eso ante la Corte Interamericana no pueden litigar y acusar los particulares, sino solo los Estados signatarios y la Comisión Interamericana de DD.HH., siendo ella quien si es del caso actúa como representante de los privados o como fiscal ante la Corte; en ella solo se emiten fallos contra los Estados); la normatividad del DIH se reduce a los Cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos I y II, mientras que la legislación de DD.HH. es múltiple y dispersa (Convenio contra la Tortura, Derechos de las Mujeres, Derechos de los Niños, etc.); el guardián o depositario de los tratados de uno es el gobierno suizo y su máximo intérprete el Comité Internacional de la Cruz Roja, siendo su objetivo acabar el sufrimiento inútil en las guerras; las Cortes que se podrían llamar de Derechos Humanos giran alrededor de los órganos multilaterales y tienen por fin mejorar las condiciones de convivencia de las sociedades llevando las obligaciones internacionales a impedir cierto tipo de delitos.

Como complemento de estos se creó el Derecho Penal Internacional con el Estatuto de Roma, una normatividad y régimen procesal propios, y la Corte Penal Internacional que sí tiene la capacidad de juzgar a los particulares y reemplaza a los Estados que no cumplen debidamente esa función. Con esta se vino a reemplazar el vacío que había tocado llenar con Tribunales ad-hoc como el de Nüremberg, el de Yugoeslavia o el de Rwanda.

Contempla cuatro categorías de delitos (Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra, Genocidio, y Agresión) y es una jurisdicción subsidiaria que opera solo ante la ausencia de sanción a casos que contemplan sus propios códigos; no es instancia pero sí tiene la capacidad de autónomamente declarar su competencia sobre los casos que considere (no requiere demanda de parte y depende del fiscal la iniciativa de qué se lleva a un proceso).

Internamente tenemos el Código Penal lo cual genera otras tantas confusiones y debates respecto a su relación con los anteriores.

Constitucionalmente como parte del ‘Bloque de Constitucionalidad’ debería siempre darse prevalencia a los DD.HH. y al DIH sobre la legislación interna, o sea perseguir los tipos delictuales que recogió el Estatuto de Roma; y en virtud de que nuestra Carta reconoce como de mayor jerarquía los tratados internacionales estaríamos también bajo la tutela de esos códigos y de esas Cortes en la medida en que adherimos a ellos. Con ese reconocimiento, deberíamos plasmar en leyes o códigos internos su articulado. Sin embargo, esa inserción no ha sido idéntica y tenemos varios puntos donde no coinciden.

Por ejemplo, el articulado de Colombia de Lesa Humanidad no es el mismo que el de la codificación internacional, o delitos como terrorismo o secuestro no aparecen en aquellos códigos (nuestra codificación es más de ‘delitos atroces’ siguiendo la terminología de los medios de comunicación).

Y existe la posibilidad de la Justicia Transicional que por su propia naturaleza no es permanente y se genera alrededor de cada caso particular. Por lo mismo difiere y es una sustitución temporal de las otras. La discusión de cuándo, cómo y hasta dónde debe imponerse o acercarse a una u otra es sobre lo que mucho se discute pero poco se clarifica.

Pretendiendo contribuir a hacer claridad, se puede precisar: 1- las Cortes de DD.HH. (la Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de DD.HH. de la ONU) no tienen competencia para afectar lo que en Colombia se decida respecto a amnistías, indultos, o características de la justicia transicional que se estructure; 2- la violación a normas penales internas que no coincidan con las mismas en el Estatuto de Roma no serían sujeto de los pronunciamientos de la Corte Penal Internacional; 3- el DIH inspira y a él se puede acudir para buscar interpretaciones pero no obliga a esa Corte, lo que crea algunas zonas grises (justamente en la franja Justicia y Paz -v.gr. las amnistías).

Como análisis de Constitucionalidad, el ‘Marco para la Paz’, al mismo tiempo que no depende de esas jurisdicciones internacionales, sí debe respetar la normativa que obligan sus códigos, puesto que en caso contrario se caería en la violación a la misma Constitución que no solo los incluye sino les da prevalencia.
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