Opinión

  • | 2015/02/19 06:00

    Señores Gobierno: ¡es hora de sincerarse!

    Hasta el momento no se ha producido ninguna actualización oficial de las cifras que ya se conocen, son obsoletas.

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Aunque no se comparta la información que da el Ministro de Hacienda, en algo se puede entender lo reacio que se muestra en reconocer la situación crítica que le toca manejar. El peligro del pánico puede ser mayor que la dificultad para buscar soluciones cuando se transita por una situación tan inestable como la actual (existe además el peligro de la responsabilidad penal en caso de equivocarse o de que la situación sola se enderece).

Lo que sí no se entiende es que los documentos oficiales preparados antes de los cambios grandes en el precio del petróleo, del carbón o del oro, y la devaluación del peso, no se actualicen y, por el contrario, se sigan divulgando (y aparentemente trabajando con) cifras alejadas de la realidad.

Lo menos que se requiere para adaptarse a las nuevas condiciones es la información sobre las repercusiones que estos cambios tendrán en las finanzas nacionales.

Sin embargo, hasta el momento no se ha producido ninguna actualización oficial de las cifras que ya se conoce, son obsoletas.

Ni las del Plan Nacional de Desarrollo (PND), ni las del Sistema General de Regalías (SGR), ni las del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), ni las del Sistema General de Participaciones (SNP) han sido revisadas para conocer aunque sea en forma aproximada sus efectos. Tampoco se ha hecho una cuantificación aproximada de los efectos de la devaluación del peso.

Hasta ahora solo se ha hablado de subsanar el déficit preexistente de $9 billones y de las posibilidades de manejo de los nuevos desfases (financiación interna o externa; venta de activos –Isagen o parte de Ecopetrol– y nuevas reformas tributarias).

Las presentaciones o análisis de los particulares (ver la del profesor Jorge Espitia en Viva La Ciudadanía) solo pueden mostrar las desviaciones o desfases previstos con las variables presentadas en el actual Plan de Desarrollo. Por ejemplo, toca utilizar las devaluaciones que el Departamento Nacional de Planeación usa en sus proyecciones, aunque es obvio que estas no se cumplirán y que estas a su turno incidirán en el comportamiento futuro.

Aun así, el orden de magnitud del problema está entre $50 billones y $100 billones para el cuatrienio que comenzó. Sería hora que por lo menos el Departamento Nacional de Planeación prometiera un reestudio del Plan de Desarrollo presentado.

Y es que cuando se está hablando de ‘las finanzas del Estado’ no se trata de una abstracción, sino de los recursos que afectarán a la ciudadanía en los diferentes programas de Gobierno. Como el presupuesto tiene asignaciones obligatorias –servicio y pago de la deuda, gastos de funcionamiento etc.–, el margen de inversión en proyectos sociales acaba siendo su variable de ajuste.

Esto quiere decir que los faltantes, consecuencia de los cambios mencionados, se reflejarán principalmente en incumplimiento de las promesas sociales del Gobierno.

La Paz, o por lo menos el cese de las hostilidades, debería ser independiente de los problemas coyunturales de un gobierno o de la economía. Pero infortunadamente la realidad es que no lo es. Del liderazgo del Presidente depende en buena parte la posibilidad de llegar a buen puerto.

El presidente Santos ha apostado todo al Proceso de Paz, y se debe reconocer que ha avanzado hábilmente. Pero lo que ha ganado en el frente de las conversaciones y ante la opinión pública puede perderlo en la medida en que su credibilidad disminuye. Y lo que está sucediendo –y así lo dicen todas las encuestas– es que cada vez es mayor el escepticismo o menor la aprobación a la gestión del Primer Mandatario.

La oposición, que parece ser más a la salida política del conflicto que al Gobierno mismo, ha logrado bastante éxito en polarizar la opinión de la ciudadanía y mostrar cuestionamientos a la forma en que el Gobierno adelanta el proceso.

Pero puede ser que más daño esté haciendo la actitud del Gobierno al pretender que tiene bajo control el manejo de la situación económica. La población por todas partes está sintiendo el efecto directo de las nuevas condiciones: los 400.000 accionistas de Ecopetrol vieron reducirse a menos de la mitad su inversión; los pensionados y todos los partícipes de fondos colectivos (más de dos millones) ven disminuir el valor de estos por la caída de las acciones petroleras (que han sido la mayor inversión y el mayor crecimiento de ellos en los últimos dos lustros); los consumidores ven desaparecer buena cantidad de los productos a los que ya estaban acostumbrados; las empresas o los particulares que para aprovechar las bajísimas tasas de interés tomaron créditos en el exterior hoy se encuentran con un aumento angustiante de su deuda.

Todo colombiano sabe y siente el mal momento por el que pasamos. Nadie entiende que el Gobierno lo niegue. Si con base en ajustar las variables el FMI estima una reducción de 0,7% del crecimiento esperado del PIB ¿por qué oficialmente solo lo disminuye en 0,3%? ¿En qué se sustenta tal proyección, si no se han corregido las cuentas? .
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