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| 9/21/2013 1:00:00 PM

Ante el fallo de La Haya

Las declaraciones del Presidente en el momento que las hizo no correspondían a ninguna prioridad, ni necesidad; lo que vimos fue una promoción personal.

por Juan Manuel López Caballero

Lo que presentó el presidente Santos no fue una estrategia ante el fallo de La Haya sino una estrategia ante la caída de su imagen y favorabilidad.

El contenido –en contraste con el tono utilizado– fue bastante poco categórico, pues no fijó ni siquiera la posición del gobierno mismo.

El ‘no aplicable por falta de un tratado’ no es sino lavarse las manos diciendo que la Corte Constitucional y el Congreso pueden aceptar o no el fallo, o, sin reconocerlo, es abrir espacios a la invitación de Ortega a dialogar para buscar formas de implementar lo decidido por la Corte Internacional.

La ‘declaración’ de San Andrés como Archipiélago para reivindicar las zonas contiguas no tiene ningún peso ante nadie, ni siquiera ante nuestra propia Constitución o nuestras autoridades políticas; solo es una amenaza de usar la fuerza y ‘vías de hecho’ para sostener una posición que nunca ha sido propuesta; si de eso se trata hubiera sido más coherente rechazar todo el fallo hasta tanto no se concrete lo planteado en el punto anterior.

La defensa del Seaflower como reserva de la biosfera de la Unesco no cambia nada, ni reclama o reivindica nada a favor de Colombia; busca que Nicaragua no ejerza derechos sobre esa porción de mar, pero implica limitación para los pescadores colombianos y nos impide ejercer los nuestros en la parte que nos correspondería según el fallo.

Y la carta que se presentará a las Naciones Unidas conjuntamente con Panamá, Costa Rica y Jamaica es un paso pendiente que igual puede hacerse ahora o en el próximo discurso del Dr. Santos en la Asamblea General, porque no cuestiona el contenido del fallo sino sirve de simple constancia para eventualidades futuras.

En resumen, las declaraciones del Presidente en el momento que las hizo no correspondían a ninguna prioridad, ni necesidad, ni siquiera eran convenientes en un momento de debilidad y cuestionamientos al Gobierno; lo natural era fijar esa posición como política de Estado, concertada previamente con los otros órganos del poder, por lo menos a nivel de consulta; rompe incluso con la tradición en las alocuciones del actual mandatario de tener detrás de él a todos los vinculados al tema que se trata (aquí podrían haber sido los partidos o la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la cual ni siquiera se hizo mención); lo que vimos fue una promoción personal.

Ninguna de estas ‘medidas’ es mala ni pudiera ser criticable en sí, pero sí lo es la razón de informar en ese momento y en esa forma a la ciudadanía sobre ellas. Es indebido y cuestionable el usar ese tema para tratar de contrarrestar el devastador efecto que han producido las protestas masivas. Y, peor aún, son las consecuencias de hacerlo con el énfasis e improvisación que requirió. Al repetir que el Gobierno ni desacata ni desconoce el fallo, la Ministra ha complementado para tratar de evitar malentendidos; sin embargo, los medios y, en consecuencia, probablemente la ‘opinión pública’, han reaccionado con ‘fervor patriótico’ respaldando lo que mal entienden como una posición de rechazo al fallo. En otras palabras, se logró el propósito deseado –una ola de apoyo al Presidente– pero a costa de una expectativa y eventualmente un engaño que no puede traer sino decepción interna o, si se lleva a extremos, conflictos bélicos externos. Nada de esto se necesitaba ni se hubiera producido de no ser por el deterioro que mostraron las encuestas.

No sobra aquí repetir que no es ser obsesivamente ‘opositor’ el interpretar así un capítulo como este. La motivación del actual Primer Mandatario es anecdótico en la vida del país, y produzca lo que produzca no cambiará lo que realmente nos tiene donde estamos. Lo que mostraron las recientes protestas es que los colombianos entienden que el rumbo que el Presidente dice que hay que mantener es el culpable de la crisis, y por eso piden a gritos un cambio de modelo.

Uno en que el Estado no sea el espectador o árbitro de un partido en el cual un equipo muy superior al otro le mete todos los goles que quiere, sino el Director Técnico de un conjunto que dando y sacando lo mejor posible de cada uno de sus miembros busca generar los mejores resultados colectivos. Por eso es necesario tener un modelo integral de desarrollo social y apoyarse en la Economía Política para orientar y evaluar los pasos que se dan; por eso el crecimiento económico no debe ser el fin sino el medio con el cual se busca cumplir el propósito de lograr una armonía social; y por eso por encima de la libre competencia que elimina los ‘ineficientes’, se debe promover la solidaridad que permite la convivencia y la cohesión entre los ciudadanos. Y por eso en la economía la intervención y la planeación son más apropiadas que las reglas del mercado, ya que en una sociedad con grandes desigualdades, donde ni hay oferta de bienes y servicios para todos, ni todos tienen participación en él, aun si se ‘optimiza el uso de los recursos’ sus beneficios se concentran en quienes capturan y acaparan el producto colectivo en vez de multiplicarlo. Es la diferencia entre la visión del hombre en su función social solo como factor de producción, y la que lo ve con sus condiciones, necesidades y relaciones de ser humano.

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