Opinión

  • | 2014/10/19 17:12

    Con la desconfianza a cuestas

    ¿Cuánto nos cuesta el miedo a darles a los funcionarios públicos más libertad para ejercer su propio criterio al elegir a los contratistas?

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Muchos compatriotas piensan que todos nuestros funcionarios públicos son ladrones en potencia, y que, si se les permitiera elegir discrecionalmente a los contratistas del Estado, siempre privilegiarían intereses particulares y robarían al gobierno.

¿Hace usted parte de la poderosa tribu de los colombianos súper-suspicaces? Alégrese. Sus ideas tienen mucha acogida. Desde hace ya años el Congreso le viene haciendo la venia a esa forma de pensar, lo que ha llevado a que nuestras leyes de contratación estatal amarren tan cuidadosamente los procesos de selección de los contratistas, que hoy en día es prácticamente imposible que los funcionarios gubernamentales puedan ejercer algo de criterio propio al adjudicar los contratos. Pero ojo. Si usted es de los que exige que nuestras normas de contratación pública prioricen la lucha contra la corrupción por encima de cualquier cosa, no pida también que los funcionarios consigan los mejores negocios posibles para el gobierno, porque esos dos objetivos no pueden lograrse simultáneamente.

¿Cuánto nos cuesta el miedo a darles a los funcionarios públicos más libertad para ejercer su propio criterio al elegir a los contratistas? Para dimensionar este costo, primero imagine usted lo que ocurriría a sus propias finanzas si tuviera que aplicar la ley 80 de contratación pública, incluyendo sus numerosas modificaciones y reglamentaciones, para comprar una moto o para escoger quien le pinte el apartamento donde vive. O imagine lo que le ocurriría a cualquier empresa privada si, por ejemplo, tuviera que descartar la oferta de un bien valioso que quisiera comprar –así fuese la mejor oferta entre varias– por haber llegado a sus oficinas un segundo después de la hora prevista para abrirla, tal como tienen que hacerlo las entidades estatales. ¿Ya se hizo una idea de lo que le costaría a una persona aplicar estas normas? Ese mismo costo lo asume el Estado sobre toda la contratación pública, que vale 15% del PIB.

Y como si lo anterior fuera poco, la parafernalia legalista que nos hemos inventado para evitar la corrupción, incluyendo los sacrosantos principios de la selección objetiva y de la igualdad de los proponentes, ni siquiera ha servido para ese fin, tal como lo demuestra el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional en el que estamos de 94. ¿Y por qué? Pues porque los corruptos aprendieron a manipular la contratación pública para direccionar las licitaciones, exigiendo a quienes quieran participar en los respectivos concursos que acrediten indicadores financieros o técnicos absurdamente altos, a sabiendas de que solo los cumplen una o dos empresas.

Dos ejemplos de esto último: la Gobernación del Valle exigió a los interesados en ofertar para la construcción del Puente de Juanchito (un contrato de $28.000 millones) un índice de endeudamiento menor o igual a 60% + una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 3 + un índice de liquidez mayor o igual a 7, y la Gobernación de Santander del Norte exigió a los proponentes para el mejoramiento de la Vía la Donjuana (otro contrato de $28.000 millones) un índice de liquidez igual o mayor a 14 + un nivel de endeudamiento menor o igual a 40 + una razón corriente mayor o igual a 1. Muy sospechosas son estas dos licitaciones porque: i) estos indicadores –cuyo cumplimento revelaría un uso ineficiente de los recursos financieros– no los cumple casi ninguna de las grandes constructoras de infraestructura en Colombia, y ii) no se necesita que una empresa cumpla estos indicadores para que pueda ejecutar bien los contratos concursados.

¿Qué hacer? Hay que seguir el ejemplo de Estados Unidos y de la Unión Europea, donde desde hace tiempo vienen reformando agresivamente los regímenes de contratación pública para llegar a un equilibrio que, si bien no permite la discrecionalidad absoluta, abre espacio para que los funcionarios públicos puedan maximizar los recursos del Estado al comprar bienes y servicios.

Pero en vez de acercarnos a ese equilibrio, nosotros nos estamos alejando cada vez más, porque nuestros funcionarios públicos honestos (la gran mayoría) tienen terror a tomar cualquier decisión ya que saben que hagan lo que hagan, serán castigados por las autoridades de control, lo que los lleva a aplicar las normas de selección como si fueran preceptos religiosos, incluso en aquellos casos en los cuales es evidente que nada aportan contra la corrupción pero encarecen la contratación.

Colombia ya dio algunos pasos tímidos con la ley de APPs y la Agencia de Contratación del Estado, pero debe cambiar de paradigma. Nuestras normas de contratación pública deben tener como propósito principal el de lograr los mejores negocios para el sector público. Para enfrentar la corrupción, lo que necesitamos es que la Fiscalía aprenda a combatir el delito de cuello blanco. Acabar con la discrecionalidad de los funcionarios no sirve ni para lo uno ni para lo otro.
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