Opinión

  • | 2015/05/14 05:00

    Regulación y riesgo

    Las recientes señales regulatorias han incrementado el riesgo normativo del sector eléctrico en Colombia.

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Hay dos leyes que se expidieron en Colombia en 1994 que son unas joyas en materia legislativa: la 142 y 143. La primera, de servicios públicos, abrió el sector a la inversión privada y a la competencia. La segunda, la eléctrica, transforma la otrora Comisión de Regulación Energética y crea la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para regular estas industrias. Ambas son producto y responden a una de las crisis más grandes por las que atravesó el país durante el comienzo de la década de los noventa, como fue el apagón de 1992.

Estas dos leyes han tenido unos efectos profundos sobre el bienestar de los colombianos. Los servicios públicos en el país han incrementado de manera notable su calidad, cobertura y eficiencia. Las inversiones realizadas, tanto por empresas estatales como privadas, son evidentes. El saneamiento de las cuentas de la Nación que trajeron las dos leyes es una reforma en sí misma, como pocas veces se ha visto en materia fiscal. Y se ha creado un enorme beneficio, tanto para los usuarios como para los inversionistas en este sector, todo acompañado de lo que ha sido reconocido como uno de los marcos regulatorios más sofisticados, no solamente de la región, sino a nivel global.

Esto es particularmente cierto en lo relativo al sector eléctrico. Durante los últimos 20 años, la Creg ha sido una institución que se ha centrado en el análisis técnico y de mercado para regular el sector. La creación del mercado de energía mayorista, la metodología de remuneración de las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, la regulación de la expansión eléctrica a través del cargo por confiabilidad, todas han permitido que la sociedad goce de un servicio de energía eléctrica eficiente y confiable.

Por todo lo anterior es preocupante lo que ha venido sucediendo en materia regulatoria en el sector eléctrico durante los últimos años (debo revelar, en aras de la transparencia, que soy miembro de la junta de una empresa del sector, y que esta opinión es estrictamente personal). El origen se remonta a la ocurrencia del Fenómeno del Niño en 2009-2010, cuando la amenaza de racionamiento llevó a la Creg, por instrucciones del Ministerio de Minas y Energía, a intervenir el mercado con una serie de resoluciones que comenzaron a desvirtuar, en mi opinión, el funcionamiento del mismo. Esta intervención, resumida en el estatuto de racionamiento, no es otra cosa que la puerta por donde el Estado puede intervenir la forma como los agentes se comportan en el mercado, desvirtuando en cierta medida la formación de precios que tanto se ha buscado proteger.

A esto le han seguido varias resoluciones más. Ejemplos son dos resoluciones que están en consulta: una que cambia las reglas relativas a las plantas menores y otra que revisa la metodología de remuneración del servicio de transmisión. La primera modifica de manera sustancial las reglas vigentes en cuanto a las plantas menores, haciendo muchas de ellas inviables y, si bien establece un periodo de transición para la aplicación de las nuevas reglas, este es a todas luces muy corto para recuperar inversiones que se venían haciendo con un marco regulatorio distinto. No entiende uno muy bien por qué la Creg expide una regulación que no parece beneficiar a nadie, y que por el contrario genera una señal de volatilidad reglamentaria que ningún bien le hace ni al consumidor ni al sector, todo con una metodología que no es explícita en los beneficios que traería.

La segunda, la de transmisión, modifica la metodología de remuneración que hasta ahora perciben las empresas dueñas de estas líneas, y migra de un modelo de remuneración de activos por costo de reposición a un modelo por costo depreciado. Si bien es cierto que la revisión de metodologías tarifarias es considerada una buena práctica a nivel internacional, no se deberían modificar por vía regulatoria las expectativas de inversión y rentabilidad de una cantidad de inversionistas que le apuestan al sector bajo unas reglas, y que después se cambian de un plumazo. Por supuesto que se requiere regulación para determinar el ingreso de una actividad que por su naturaleza es monopolio natural. Pero si se van a modificar las reglas de juego, se debe ser muy cuidadoso en mirar los efectos de dicho cambio y generar un esquema de transición entre una metodología y otra que permita recuperar las inversiones ya realizadas con la regla actual.

El incremento de las normas regulatorias en el sector eléctrico termina por desdibujar el mercado. Existen tantas resoluciones y regulaciones complejas, que es difícil pensar que las señales de precio que se ven hoy son eficientes o de mercado. Y la gestión de los agentes, en todos los eslabones de la cadena, se hace mucho más compleja. Para la muestra un botón: existen 170 resoluciones que regulan el cargo por confiabilidad. ¡¡¡170!!! ¿Cuál es la probabilidad de que un administrador no se equivoque en alguna regla contenida en esas resoluciones? Ninguna.

Todo lo anterior se refleja en que hoy Colombia no es un país donde el riesgo regulatorio sea despreciable. Ojalá volvamos a un esquema donde la predictibilidad de las reglas y de la discusión sea la norma y no la excepción, y en donde primen la competencia, el mercado y la sostenibilidad económica del sector. Esta fórmula ha probado ser exitosa y benéfica para la sociedad.
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