Opinión

  • | 2017/05/11 00:01

    Regiones fallidas

    El futuro de Colombia y la conquista de la paz pasan por resolver nuestro fracaso al construir institucionalidad moderna en las regiones: dos lecciones.

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Los cultivos de coca están disparados a niveles sin precedentes y los urabeños secuestrando, matando y extorsionando por doquier, reviviendo los tenebrosos recuerdos de los 90. Chocó, La Guajira, Buenaventura, Cartago, Tumaco, Catatumbo, Putumayo, etc., están todos asediados por la violencia, la corrupción y el crimen. La población está harta y el Gobierno no puede ser más impopular.

No hemos logrado construir una institucionalidad que haga a estas regiones gobernables. Más de 8 millones de compatriotas viven a merced de violentos y corruptos. Las promesas e ilusiones detrás de la descentralización y sus reformas, como la elección popular de alcaldes y los cambios de la ley de regalías, aunque positivas para las grandes ciudades, claramente han profundizado la captura de las instituciones por parte de los criminales en las regiones marginadas del país.

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Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo se implanta justicia, ley y orden en todos estos territorios? En primer lugar, el principal problema es político. Las relaciones entre los medios para la acumulación de riqueza y el ejercicio del poder a nivel de la nación no cuentan con apoyo o legitimidad en las regiones. Esto hace a los gobernantes muy débiles, pues no logran acumular los suficientes recursos, ni la institucionalidad efectiva para poder desarrollar los territorios. Además, entregan el control de instituciones claves a nivel local a los barones para poder dar la apariencia de gobernabilidad. En segundo lugar está la necesidad de un líder fuerte a lo largo del proceso de construcción del Estado. Alguien capaz de negociar e imponer un orden duradero a través de brindarle mejores condiciones de vida y seguridad a la población a la vez que logra que la ley y el orden vayan sometiendo a los barones locales.

Por esto una buena estrategia para avanzar requeriría incluir por lo menos algún mecanismo internacional para combatir la impunidad a nivel de las regiones con menor gobernabilidad y límites al ejercicio del poder y la política con base en clanes familiares. La primera le pondría coto a la sistemática impunidad en que vive el país. Los estudios epidemiológicos sobre la violencia y la corrupción están evidenciando que estos fenómenos son contagiosos y lo que facilita su proliferación es la falta de una justicia efectiva. En nuestra Colombia los responsables intelectuales de la violencia y el crimen rara vez rinden cuentas ante la justicia. Particularmente cuando los crímenes son en contra de funcionarios públicos que tratan de hacer cumplir la ley.

A Celia Escobar Flórez, excelente funcionaria de la Dian, la mandaron matar por investigar esquemas de lavado de activos en el Huila; a Consuelo de Jesús Echeverry la asesinan por investigar las regalías de las falsas explotaciones de oro en el Alto Baudó; los 13 héroes de la Policía que han matado este año en Chocó por tratar de mantener el orden público, o la tristísima pérdida del Mayor Carlos Augusto Hurtado, que perseguía a unos extorsionistas, son parte de los miles de crímenes contra servidores públicos que quedan impunes. La mayoría por parte de sicarios que matan para cortar las investigaciones.

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Mientras los actores intelectuales de todos estos crímenes no sean sancionados ejemplarmente, el mensaje que todos escuchamos en forma ensordecedora es que el crimen paga y la violencia es su ancla; son una clara señal del imperio de la fuerza sobre la débil ley.

El contrabando, el lavado de activos, el tráfico de drogas y la corrupción administrativa son los lucrativos negocios de quienes nos mandan a matar. Sus multimillonarias fortunas, inclusive en los pocos casos en los que la justicia opera, quedan intactas. 25 años después de la captura de los Rodríguez Orejuela, Drogas la Rebaja sigue creciendo sin que la justicia se atreva a definir su extinción de dominio.

El poder regional en manos de clanes familiares les otorga un poder desproporcionado contra todos los otros actores de la sociedad. Y en las regiones más difíciles su poder tiende a combinarse con la criminalidad y la violencia. El país debería reconstruir los equilibrios entre unos cortos y competidos gobiernos nacionales y un poder local controlado por clanes familiares de larga data. La evidencia empírica es contundente, en los pocos casos en los que la justicia opera, y algún político va a la cárcel, su poder y fortuna se continúan ejerciendo a través de la familia. Somos el país del mundo con más políticos condenados a prisión con familiares en cargos de elección popular.

Si el país quiere cambiar, debería introducir en la reforma política una de las cláusulas de la comisión anticorrupción de Chile. Reconocer como una inhabilidad para ejercer cargos de elección popular el que algún familiar haya sido elegido en los últimos dos o tres periodos electorales. Que compitan con ideas y no nos sigan apabullando con sus aplanadoras violentas y criminales.

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