Opinión

  • | 2016/06/09 00:00

    ¿Qué pasa con los recursos que reciben los partidos políticos?

    No parece existir control sobre los recursos que reciben los partidos, o al menos no se conoce que se ejerza.

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Ya se ha establecido que entidades como el Fondo Nacional del Café o ahora el Fondo Nacional de Ganado y Carne manejan recursos que por ser públicos (de origen parafiscal) deben ser controlados y sus administradores rendir cuentas al respecto.

Los partidos políticos también reciben dineros oficiales –en este caso directamente fiscales pues vienen del Presupuesto General de la Nación–, en principio para que sean menos cautivos de las grandes fortunas; es decir, para mejorar en algo el aspecto democrático de la actividad política. Por eso no solo se les entregan subsidios anuales del Estado sino, para lo que concierne a las elecciones, se destinan sumas proporcionales al número de votos que logran. Sin embargo, no parece existir control sobre ellos, o por lo menos no se conoce que se ejerza.

De acuerdo a la Ley 130 de 1994, los partidos políticos y los estatutos de esos partidos tienen jerarquía similar a la de la Ley puesto que regulan el camino para llegar al poder.

En el proceso de Acción Popular, el Consejo de Estado produjo la Sentencia en la cual se condena a la Dirección del Partido Liberal de 2011 por violación a la moralidad administrativa, y por ir en contra del interés colectivo y de los fines del Estado, declarando que por ser ilegales e inconstitucionales son nulos los Estatutos que entonces proclamó, así como todos los actos y resoluciones posteriores derivados de ello.

En dicho pronunciamiento la Alta Corte fue aún más explícita al destacar que, de acuerdo a esa Ley de los Partidos, quienes ostentan los cargos directivos de esas colectividades están obligados por las mismas responsabilidades y condiciones que los funcionarios públicos.

Tanto el director único que intentó cambiar a su gusto los estatutos en esa época –Dr. Rafael Pardo–, como la Dirección que oficiaba en el momento de la Sentencia del Consejo de Estado alegaron que los partidos eran organizaciones de carácter privado y en consecuencia no tenían por qué ser vigiladas por el Estado. Tal pretensión fue categóricamente rechazada en todas las instancias en que se presentó, de tal manera que hoy está fuera de discusión este aspecto.

En la Sentencia el Consejo de Estado decide que los estatutos válidos para el Partido Liberal serán los expedidos en el año 2000, y que quienes ejercerán los cargos de los órganos que ellos contemplan serán quienes los ocupaban antes de los actos ilegales del Dr. Pardo. Pero además dedicándole un numeral especial resuelve: “Reconvenir al Partido Liberal Colombiano y al Consejo Nacional Electoral para que se abstengan de continuar incurriendo o de reincidir en las actuaciones contrarias a los valores e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, establecidas en este proceso o en otras que tengan los mismos propósitos o efectos contrarios a los fines del Estado, en el ámbito de la organización y funcionamiento internos del partido”.

Como la ya declarada espuria o de facto ‘Dirección’ del Dr. Serpa insistió en su argumentación y en inventar instancias improcedentes, como respuesta a una supuesta solicitud de ‘adición’ a lo ya varias veces reiterado, el Consejo previno que persistir en tales comportamientos eran actos ‘temerarios’, es decir, que podrían producir consecuencias en contra de quienes los realizaban.

Por su parte, la Constitución misma en su artículo 107 es categórica al expresar que los partidos y movimientos políticos: “… deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación”.

A pesar de todo lo anterior, la ‘Dirección’ del Dr. Serpa continuó con los actos ilegales y por eso, como medida cautelar en el proceso por desacato a la Sentencia del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el ‘Congreso’ indebidamente convocado. Y concretamente en el correspondiente auto el Magistrado señaló: “… que se encuentra latente la consolidación de un perjuicio irremediable para la colectividad liberal (…), y además es palpable la afectación al interés público con ocasión de los recursos invertidos para su realización,…”

Varios derechos de petición solicitados ante el partido y ante el Consejo Nacional Electoral están pendientes de dar respuesta a las inquietudes que de manera concreta se refieren a los manejos de los recursos recibidos por quienes derivaron su poder de esos actos declarados nulos. Parece evidente que contra esos directivos debe producirse un fallo de responsabilidad fiscal ¿Qué dice el Contralor?

Es la ocasión para definir ante quién y cómo se deben rendir esas cuentas –es decir, la de los dineros públicos que administran las autoridades de los partidos- para los casos generales. ¿O acaso esos recursos que superan algunos cientos de miles de millones pueden tratarse como ingresos personales de quienes ejercen el poder político de los partidos?.

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